Controles a la ilegalidad y la desestabilización

La acción del gobierno ha desactivado las expectativas devaluacionistas que se habían tratado de instalar a partir de varios mecanismos, algunos que restringían la oferta de divisas al mercado, mientras otros actuaban directamente sobre las cotizaciones de las operaciones de contado con liquidación. Los fundamentos de la economía no sostenían los altos valores del contado con liqui y del dólar ilegal, y de allí que están bajando, encauzados además por las variadas medidas tomadas por las distintas autoridades de contralor.
En la fiscalización de las operaciones financieras y cambiarias han intervenido activamente el BCRA, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, la Unidad de Investigaciones financieras (UIF) y la Procelac.
A partir de un pedido judicial, el martes pasado la AFIP allanó 71 locales en la búsqueda de datos de transacciones con cuatro sociedades que realizaron operaciones con títulos por $ 120 millones y mostraban inconsistencias fiscales, lo cual denota posibles maniobras de lavado de dinero o evasión fiscal.
En paralelo, la CNV dispuso la suspensión de dos sociedades de Bolsa (una de ellas tenía un atraso de 17 días en el libro de operaciones), mientras que el BCRA suspendió transitoriamente a dos entidades para actuar como casa de cambio.
Dentro de las políticas de transparencia, el directorio del BCRA resolvió publicar en su sitio web todas las resoluciones acerca de los sumarios administrativos que se realizan contra bancos y entidades financieras en general, emitidos a partir del 2 de enero de este año. Según su titular, Alejandro Vanoli, esta decisión se enmarca en que “los principios para una supervisión efectiva exigen políticas claras de transparencia en los mercados financieros y activas acciones de información a los usuarios de esos servicios”.
En definitiva, los controles no sólo evitan operaciones ilegales, como el lavado de dinero, sino que además estrechan los límites para las operaciones especulativas, las cuales suelen utilizarse no sólo para obtener jugosas ganancias, sino también para presionar al gobierno hacia una devaluación.
A riesgo de ser repetitivo, no debemos olvidar la estrategia de cinco puntos de los buitres contra Argentina, que en una de sus partes reza: “Propiciar ola de rumores para generar inestabilidad económica impulsando ataques especulativos para minar la credibilidad y confianza en el gobierno, sobre todo con la variación del tipo de cambio marginal o blue.”
En el plano internacional, a mediados de la semana pasada se conoció que las autoridades británicas, norteamericanas y suizas aplicaron fuertes multas a seis grandes entidades financieras, por un monto que supera los U$S 4300 millones, por haber llevado a cabo maniobras de manipulación del mercado de divisas durante el período 2008-2013, obteniendo fabulosas ganancias en pocos minutos. El listado abarca bancos internacionales de Suiza (UBS), Gran Bretaña (RBS y HSBC) y Estados Unidos (JP Morgan, Bank of America y Citigroup), quienes participan de un mercado global de operaciones diarias en torno a los U$S 5 billones, un monto lo suficientemente grande como para poner en jaque, llegado el caso, la estabilidad de cualquier sistema monetario y financiero nacional. Como era de prever, sólo a los efectos de evitar mayores daños en su imagen, las entidades aceptaron las multas, aunque procedieron a avanzar con el despido de algunos de los empleados involucrados, que por medio del chat coordinaban los movimientos con los demás operadores, para influenciar los valores de referencia del mercado de divisas. Como expresa el Financial Times: “los empleados de firmas supuestamente rivales canjeaban información confidencial de los clientes para distorsionar el mercado disparando órdenes contra sus propios clientes.”
Los impactos también llegaron a los organismos de contralor de dicha operatoria, a tal punto que el propio Banco Central de Inglaterra echó al responsable del comercio de divisas, por no oponerse a los pactos entre los agentes que conforman este mercado. Esta situación, que en general es vista como un problema de control de los propios funcionarios reguladores, llevada al más puro plano institucional no hace más que refutar el concepto de independencia de los bancos centrales por el que brega la ortodoxia neoliberal, que considera a las autoridades gubernamentales electas como susceptibles de corrupción, pero que a priori no levanta sospecha alguna sobre los participantes del sistema financiero, una asimetría que refleja una visión profundamente antidemocrática.
A su vez, no es una casualidad que en general sean los mismos bancos que ya habían participado de la manipulación de la tasa de referencia Libor o del diseño de las hipotecas tóxicas, lo cual refleja que la ausencia de regulaciones y controles es funcional a la búsqueda desmesurada de ganancias. Cabe recordar que el Bank of America acordó con el gobierno de Estados Unidos el pago de una multa de U$S 16.500 millones por ocultarle a sus clientes el verdadero riesgo de los créditos respaldados por hipotecas de baja calidad; en el caso del JP Morgan la multa fue de U$S 13 mil millones, y en el del Citigroup de U$S 7000 millones.
La actitud algo más firme de las autoridades de los países desarrollados, que empiezan a tomar medidas más activas para castigar los comportamientos que pueden afectar la estabilidad financiera internacional o perjudicar a los clientes, no deja de ser un hecho contundente que abona la perspectiva adoptada por nuestro gobierno, que busca castigar ciertos comportamientos individuales que tratan de sortear las regulaciones, y que de esta forma terminan menguando el efecto de las distintas políticas que implementa el gobierno elegido por el pueblo.

CUANDO LA TEORÍA NO ALCANZA. Muchos economistas ortodoxos encuentran verdaderas dificultades para poder encajar la realidad dentro de los estrictos moldes de la teoría, y de esa forma intentan amoldar los hechos a sus axiomas. Es el caso de Orlando J. Ferreres (OJF), quien analiza el crecimiento de China en La Nación (12.11.14), y sostiene que “sirve de ejemplo para otras regiones que tienen que salir de la pobreza y construir pueblo”.
Fundamenta esa evolución en el incremento de la tasa de inversión en China, que pasó del 33% en 1970 al 50% del PBI en la actualidad, y la compara con el 21%, según sus datos, de la tasa de inversión actual en Argentina.
También cita la historia de Europa Occidental como “otro caso impresionante de derrame” (habría que pensar que luego de la crisis de 2007 ese impresionante derrame fue a los bancos y a las fortunas más grandes, y no al pueblo).
Pero como con la teoría no alcanza, se utiliza la mística. En la nota, OJF expresa categóricamente: “Así como Dios llama a cada uno por su nombre, individualmente, y quiere que todos se salven, así también la economía hace trabajar a todos individualmente para el beneficio del conjunto y el más beneficiado de ese crecimiento es el más pobre.”
El artículo citado adolece de importantes olvidos, puesto que evita comentar que China (en verdad, la República Popular China, designación que Ferreres no utiliza en ningún momento), si bien es cierto que en los últimos años ha implementado reformas pro mercado, sigue siendo esencialmente una economía planificada.
Pero además, OJF insiste en el derrame de la economía, incluso con menciones al Evangelio, contradiciendo la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, quien expresa que “algunos todavía defienden las teorías del ‘derrame’, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.” Y la citada frase de Ferreres efectivamente intenta sacralizar esos mecanismos del poder.
La nota comentada es un ejemplo de muchas opiniones en similar sentido, que evidencian que tanto los economistas ortodoxos como los políticos de la derecha tratan de identificar los logros sociales (obtenidos por políticas distribucionistas gracias a la intervención del Estado) como producto de sus preceptos de libremercado, un verdadero contrasentido. Y entonces prometen que, de llegar al poder, seguirán con las políticas de bienestar social, cuando sus teorías y acuerdos con los sectores de poder dominante (que apoyan generosamente sus campañas electorales) los llevarían a descartarlas.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 16 de noviembre de 2014.