Es la ideología la que gobierna la economía

El año que terminó y el que acaba de nacer tienen un denominador común: el fuerte debate ideológico en general, y sobre la economía en particular.
El mismo se ha dado desde las autoridades del gobierno nacional, a través de la relevancia que le ha otorgado al papel del Estado como regulador de la economía, y que ha sido plasmado en los discursos de los funcionarios, principalmente los de la presidenta Cristina Fernández, en las relaciones mantenidas con los países en desarrollo, en especial los de nuestra región, y en la sanción de varias leyes durante esta década.
En el festejo del 31º aniversario de la Democracia, realizado el 13 de diciembre, Cristina comentó: “ese 25 de mayo del año 2003 comenzamos a construir el concepto de igualdad social, económica, política, de género, que llena de contenido a la libertad y le da sentido verdadero a la democracia”. Si a este enunciado se suma que la presidenta no define a este proceso como un modelo, sino como un “proyecto político, económico, social y cultural”, se tiene una clara definición ideológica de su gobierno.
Continuando con un posicionamiento contundente sobre el rol del Estado, se declararon de interés público gran variedad de actividades esenciales, la de hidrocarburos (2012) o la de pasta celulosa y de papel para diarios (2011), como ejemplos más relevantes, mientras que en el año que pasó se asignó esta definición a la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como al pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los tenedores de deuda, y también a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Cabe mencionar además la nueva Ley de Abastecimiento junto con la creación del Observatorio de Precios, así como la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, y la importante moratoria previsional, normas que tienden a generar aún mayor inclusión.
Las presiones por un cambio de proyecto son muchas, y vienen de varios frentes. Acaba de conocerse que la calificadora Standard & Poor’s consideró que 2015 será mejor que 2016 para la Argentina. Según la opinión de la calificadora, “esto se debe a los ajustes que deberá realizar la próxima administración, ante la gran cantidad de distorsiones que presenta la economía”, previsión que no considera el signo político del próximo gobierno. Es lo que vienen pregonando desde siempre, la inevitabilidad de los ajustes, pero a pesar de ello, el país ha sostenido una senda de crecimiento desde 2003, sin la necesidad de realizar ajustes fiscales, por el contrario, utilizando el gasto público como herramienta de fomento del consumo y, por lo tanto, de la producción.
Por derecha, este posicionamiento fue arduamente combatido desde las organizaciones de las grandes empresas, y merece mencionarse la aparición en 2014 del Foro de Convergencia Empresarial y su documento “Bases para la formulación de políticas de Estado”, un manifiesto de políticas neoliberales, que a su vez fue tomado por varios precandidatos presidenciales que profesan esas ideas, aunque bien se cuidan de decirlo explícitamente.
Hay una intención de confundir a la población y generar un “relato”. Hace unos meses el tema predominante era que nos íbamos a quedar sin reservas y que la inflación iba a ser de más del 40 por ciento. Pero se cerró con más reservas de las que empezó el año, y los índices de inflación indican un proceso de desaceleración que cualquier persona seria reconoce. Esos argumentos quedan en el camino y hay que buscar otros para desvalorizar lo que se está haciendo; por eso se habla de “emisión descontrolada”, cuando en este momento la emisión monetaria está en el orden del 20%, absolutamente controlada. En este sentido se inscribe la demanda que el legislador Federico Sturzenegger (PRO) presentó el martes contra el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) por presunta violación de la Ley de Presupuesto y de la Carta Orgánica de la entidad monetaria. La presentación no tiene ninguna lógica, más allá de tratar de minar la confianza de la gente. La operatoria que denuncia Sturzenegger está legislada en el Presupuesto, son los dólares de las reservas que se destinan a pagar la deuda, y el Presupuesto establece que lo que no se utilice para pago de deuda puede ser utilizado para pago de bienes de capital.
El editorial de La Nación del último día del año que pasó abona en el mismo sentido de generar un “relato” alejado de la realidad; por ejemplo, al sostener que “por la hostilidad frente a los tribunales (de Nueva York)”, el gobierno “volvió a colocar al país en situación de cesación de pagos”. De la misma forma, se critica la formulación de la consigna “Patria o buitres”, tildándola de infantil.
Esta postura es clara, no hay crítica alguna para un fallo que el mundo ha reconocido como irracional, y que ha generado a nivel global preocupaciones de distinto grado. De hecho, la ONU aprobó el pasado lunes la financiación para constituir el comité que se encargará de redactar un marco legal para la reestructuración de deudas externas, todo un reconocimiento a la necesidad de una legislación que prohíba el accionar de los buitres. Un aval más a la postura de la Argentina, que ha impulsado esta estrategia.
Más aún, a pesar del contundente apoyo mundial recibido por nuestro país en el tema de la sentencia del juez Griesa, La Nación expresa que “las relaciones internacionales siguieron mostrando a la Argentina de espaldas al mundo”. A lo sumo, podría decirse de espaldas a los once países que votaron negativamente la declaración de la ONU sobre la necesidad de crear un nuevo marco legal para las deudas soberanas, pero formando parte de las 124 naciones que votaron afirmativamente.
Similar mención se realiza en el editorial de El Cronista del mismo día: “si los efectos… no fueron más graves, fue porque los inversores evitaron pedir la aceleración de la deuda. A la Argentina la protegió la codicia: el mercado es consciente de que profundizar el default sólo hubiera agrandado los impagos”. Por el contrario, yo creo que ha sido la estrategia del gobierno, que ha tenido en cuenta esa codicia y las demás condiciones involucradas, la que ha reducido los riesgos del fallo Griesa.
Volviendo al editorial de La Nación, lo más destacable es que sostiene que “los indicadores comienzan a presentar peligrosas semejanzas con crisis como las de 1975 o 1989”, utilizando la mención a los años y evitando las habituales denominaciones de estos procesos como “Rodrigazo” e “hiperinflación”, las cuales convertirían en mucho más grosera la temeraria afirmación.
Por dar algunos datos, en 1974 las reservas internacionales rondaban los U$S 1300 millones, y en 1975 se habían achicado a U$S 600 millones. En 1988 estas llegaban a los U$S 6600 millones y se redujeron a los U$S 3400 en 1989. Ni punto de comparación con los más de U$S 31 mil millones con los cuales cerraron este año.
Las exportaciones en 1975 alcanzaron los U$S 3000 millones, y en 1989 los U$S 9600 millones, incomparablemente alejadas de los cerca de U$S 74 mil millones que estarían alcanzando en 2014.
Ni hablar de la deuda pública externa, si bien en 1975 aún no había comenzado el proceso de endeudamiento impuesto por la dictadura militar, apañada por los grandes capitales; esa herencia determinó en gran parte que en 1989 la deuda llegara al 118% del PBI. Al segundo semestre de 2014 la deuda externa privada alcanzó al 9,9% del PBI.
Más allá de estos datos, la situación política y social era totalmente distinta. El Rodrigazo fue armado para viabilizar el posterior golpe, mientras que en 1989 los pagos de los intereses y los vencimientos de la deuda externa eran un verdadero factor desestabilizador de la economía, fogoneado por los “golpes de mercado”.
Precisamente, al día de hoy, el gobierno, que según muchos debería haber perdido la iniciativa por su condición de “pato rengo” (imposibilidad de renovar mandato), se ha mostrado con una gran capacidad para tomar la iniciativa tanto en temas económicos como políticos. Cuando muchos presagiaban que al fin de 2014 prácticamente se volaría por los aires, se llegó con un nivel de reservas en alza, expectativas aplacadas sobre el tipo de cambio (a pesar de estar en “default” según los mercados), y un fin de año sin disturbios sociales. En resumen, creo que puede pensarse que este gobierno no está trabajando para un fin de ciclo, sino que está trabajando, a pesar de la presión de las corporaciones, para la consolidación de un proyecto que necesita continuidad y profundización, más allá de la imposibilidad de que Cristina continúe como presidenta en el próximo período.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 4 de enero de 2015.