Derechos Humanos y proyectos económicos

Tiempo Argentino | Opinión
LA SEMANA ECONÓMICA
De la promoción del consumo, al nuevo billete en homenaje a las Madres y la difusión de las actas secretas del BCRA.

La presidenta Cristina Fernández anunció esta semana que, continuando con la política de “intervención del Estado en la economía para promover el trabajo, la industria nacional y el comercio”, se implementarán varios programas: Su Beneficio, consistente en descuentos que rondarán el 10% en las compras de bienes y servicios a través de la tarjeta Sube, que tiene más de 8 millones de usuarios; A Rodar, para la adquisición de vehículos 0 Km para propietarios de licencias de taxi; Renovate, para compras de electrodomésticos con 25% de descuento; HogAr, para subsidiar la compra de garrafas a sectores de menores recursos y el Programa de inclusión energética PROINE, para garantizar una “instalación eléctrica segura para todos los argentinos” que viven “en las villas y en los barrios más vulnerables”. Medidas que amplían derechos económicos y sociales al mejorar el acceso a bienes y servicios.
Cristina anunció también un plan para regularizar deudas con la AFIP en 120 cuotas. Involucraría unos $60.525 millones que están en mora en la AFIP, correspondientes a 1.222.000 contribuyentes. Es un plan que posibilita regularizar en condiciones ventajosas las deudas tributarias de las personas y empresas, pero no permitirá atrasarse en las cuotas. Además, tal como lo comentó la jefa de Estado: “No le vamos a financiar ninguna deuda a empresas que echen gente” y por ello se hará un corte de la planta laboral al 31 de diciembre de 2014, dado que estacionalmente el cuarto trimestre es el de mayor ocupación.
El tema de los derechos humanos estuvo presente en varias actividades oficiales esta semana. En el mismo acto en el que Cristina anunció las medidas reseñadas, también presentó el billete de $100 conmemorativo de la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en cuyo anverso se detalla el perfil de una Madre de la Plaza con su pañuelo característico. Además, el Ministerio de Economía inauguró un mural por la Memoria, la Verdad y la Justicia, situado en el Patio de la Memoria del Palacio de Hacienda. Sobre el mismo tema se desarrolló una jornada en el BCRA denominada “Derechos Humanos y transformaciones económicas”, en la cual se debatió la complicidad empresarial con la última dictadura cívico militar, a la vez que se analizó el rol del Banco Central al cumplirse 69 años de su nacionalización en 1946.
En ese contexto, el presidente de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli, anunció la publicación de las actas secretas del BCRA entre mayo de 1981 y diciembre de 1983, que comprenden el mandato de cuatro presidentes de la entidad, entre ellos Domingo Cavallo. Entre las cuestiones significativas de ese período, Vanoli comentó que “se eliminaron todos los registros de 1976-1981 de las operaciones de deuda externa. Eso implicó que en los ’80 y ’90, cuando se realizó la reestructuración de esa deuda, se haya hecho con los documentos de los bancos acreedores” (Página/12, 26.03.15). Un tema para reflexionar.
En el discurso de cierre de las jornadas, Vanoli indicó que las actas “permitirán hacer un aporte a la Memoria y a la búsqueda de Verdad y de Justicia”, aunque expresó que también tienen relación con el debate actual “donde confrontan dos proyectos, uno nacional y popular y el otro neoliberal, que ya estaba presente durante la dictadura”. Una reflexión que se puede extender a otros de los interesantes temas tratados en las jornadas del BCRA del miércoles pasado, donde se analizó el cambio de paradigma del sistema financiero a partir de la dictadura y la importancia que en ello tuvo la Ley 21.526 de Entidades Financieras, que aún hoy está vigente.
Otra cuestión para destacar es el excelente resultado obtenido por el Ministerio de Economía en la licitación de Bonac a 12 y 18 meses, que se colocó a la par y a una tasa del 26,20% y 26,19% anual, respectivamente, cuando las tasas de las Lebac, las letras del BCRA, estaban pagando cerca de 29,5% para el plazo de 360 días. Pero además se recibieron hasta 2,5 veces el monto originalmente ofrecido de $3.000 millones, colocándose entonces el máximo autorizado por $5.000 millones.

UN EDITORIAL SUGESTIVO. Este ejercicio de vincular el pasado con el presente es fundamental, y una de las tantas pruebas de su necesidad es el editorial de La Nación del 24 de marzo último: “Desendeudamiento, miento, miento” , con varias frases e ideas que desfiguran el pasado, como afirmar: “es un disparate estigmatizar el endeudamiento externo como instrumento de dominación”, obviando la historia de nuestro país y de Latinoamérica, que tuvieron que soportar los planes de ajuste del FMI impuestos para refinanciar la abultada deuda externa. Además se obvian los hechos históricos cuando se expresa que “ya en 1824, cuando Bernardino Rivadavia tomó un crédito de Baring Brothers para obras públicas, se lo denunció como instrumento de dominación”. Qué injustos fueron con Bernardino, parecen decir sin avergonzarse.
Para sustentar la importancia del crédito internacional en el desarrollo del país, La Nación recuerda: “Ya lo sabía Nicolás Avellaneda en 1877 cuando dijo: «Si es necesario pagaremos con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos»”, una cita que resulta escalofriante por sí misma y por ser validada en el editorial, cuando en realidad ya se pagó con mucha sangre, sudor, lágrimas, desapariciones de argentinos y argentinas y conculcación de derechos.
El interesado tamiz histórico aparece en toda su magnitud cuando comenta que “las sucesivas crisis de endeudamiento externo fueron siempre resultado del populismo, que utilizó divisas para cubrir baches de gasto corriente y evitar ajustes en el valle de los ciclos”, haciendo caso omiso al espectacular incremento de la deuda de la dictadura, que pasó de U$S 7.000 millones en 1976 a U$S 42.000 millones en 1982, ya que no resulta posible caracterizar a ese período como “populismo”.
También compara los personajes literarios del Shylock de Shakespeare y los usureros de Hugo Wast con “los buitres de Axel Kicillof” como si éstos últimos fueran personajes de ficción. Es además una forma de intentar quitarles ese lúgubre mote, ocultando que es usual en todo el mundo referirse a ellos como “vulture funds” (fondos buitre).
Ya entrados en el tema buitres, cabe comentar que en los últimos días se sumaron nuevos episodios que ponen una vez más de manifiesto la arbitrariedad que rodea al fallo del juez Griesa y los intentos de satisfacer los intereses de los fondos demandantes. La saga incluye, claro está, la decisión de principios de mes de no permitirle a la sucursal del Citibank en Argentina transferir el monto por la renta de los bonos en dólares con legislación argentina, revertida en estos días para permitir que la entidad norteamericana pueda cursar dichos pagos. A cambio de ello, la justicia de Nueva York ordenó al Citibank que lleve a cabo su salida del negocio de custodia de títulos en nuestro país.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, cuestionó abiertamente la actitud del banco norteamericano: “Por un lado, dice que se va a retirar de un negocio que es rentable en Argentina y después le dice a los fondos buitre que le va a informar de manera completa de su plan de salida del negocio. Los fondos buitres se van a convertir en veedores de la actividad del Citi en la Argentina”. El ministro también acusó al Citibank de generar una estafa para los tenedores de bonos ley argentina. “Hay una trampa. El Citi quiere irse silbando bajito”.
En este marco, se conoció que otro de los eslabones de la cadena de pagos, la agencia de compensación de pagos Euroclear, encargada de transferir los fondos desde el Citibank a los bonistas que cobran estos fondos en Europa, también habría llegado a un acuerdo similar con los buitres para no violar su rol de agentes de pago y evitar las responsabilidades del caso. Se espera que el acuerdo sea refrendado por el juez, que está dejando ver su intención de darle cobertura legal a grandes actores de las finanzas globales amenazados por las inconsistencias de sus fallos. Busca minimizar las chances de que sean demandados por bonistas reestructurados, quienes de todas formas no tienen asegurada la acreditación de los pagos. En definitiva, la cara más cruda del sistema financiero internacional, que defiende a las grandes entidades y hace recaer todos los costos en los usuarios, como quedó claramente plasmado en los resultados de la crisis financiera iniciada en 2007, que aún subsiste. Para poner un freno a esta orientación, la Comisión Nacional de Valores suspendió preventivamente a la filial local del Citibank para operar en el mercado de valores, por considerar que al firmar un acuerdo con los fondos demandantes en el juzgado de Griesa no actuó de acuerdo a la legislación argentina. La soberanía, primero. –

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 29 de Marzo de 2015