Ley “YPF del Litio”: tarea fina en el Congreso y roce con las provincias

Tiempo Argentino
El proyecto impulsado por Carlos Heller y Juan Carlos Junio, del oficialismo, plantea un concepto de nacionalización de un recurso estratégico y responde a un fenómeno regional.

Leandro Renou
litio-infografia
Una computadora portátil puede llegar a pesar, hoy, hasta 800 gramos. Los celulares y las tablets, en tanto, bastante menos. Veinte países de Europa, algunos estados de los Estados Unidos y naciones como Israel ya comercializan autos eléctricos con penetraciones de mercado competitivas.
Todos estos productos –además de centenares de aplicaciones en distintas industrias– son posibles gracias a la alimentación que proviene de los salares y que, transformada, deriva en baterías de litio. Además del beneficio del peso, la autonomía de las baterías de litio es cada vez mayor, lo que incrementa su uso en otros aparatos como luces de emergencia y electrodomésticos. En otros estados físico químicos, el litio se usa en la industria de los medicamentos, la salud, y en la producción nuclear.
El fenómeno es, a todas luces, silencioso, pero el interés por este nuevo “petróleo” se observa en los hechos, en las inversiones y en la conformación de los mercados. Actualmente, hay en el mundo cuatro grandes empresas que tienen el oligopolio del litio y fijan precios de manera arbitraria. No hay un valor spot global, los contratos se negocian con los clientes, y sin diferentes en cada caso. Fuentes del sector explicaron a Tiempo que las diferencias en los valores, en relación a la envergadura del comprador, llegan hasta el 400 por ciento.
Todos esos inconvenientes son emergentes de una industria en proceso de nacimiento, que demanda mayores desafíos a los países tenedores del recurso. En la Argentina, los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio, del Partido Solidario (PSOL), aliado del FPV en el Parlamento, lograron que su proyecto de ley para crear una YPF del Litio tenga estado parlamentario. En síntesis, la normativa busca declarar de interés público a la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y demás actos relacionados con la cadena del litio y sus derivados.
La iniciativa contó con la asesoría técnica de Nicolás Gutman, magister en Economía y Políticas Públicas de la George Mason University, Estados Unidos.
El articulado no parece ser un capricho del poder central, sino más bien un síntoma que recorrió a otros países “productores”. En 2009, con la nueva Carta Magna de Bolivia, ese país declaró al litio como recurso estratégico y lo nacionalizó. Con la industrialización de la materia prima, el gobierno de Evo Morales importó un equipo de técnicos belgas expertos en procesos industriales, y ya fabrica unas 1000 baterías de litio diarias. Hace unos días, Evo recorrió junto a su vice, Álvaro García Linera, la planta instalada en la localidad de Palca: allí, el Estado boliviano invirtió en el año 2012 U$S 3,7 millones. Todos los técnicos que trabajan en las instalaciones –que toma el recurso del salar de Uyuni– fueron capacitados en China.
En Chile, en tanto, pasó algo paradójico: la dictadura de Augusto Pinochet lo declaró estratégico y lo mantuvo bajo el ala estatal, algo similar a lo que ocurrió con la industria del cobre. Pero el ex presidente Sebastián Piñera volvió atrás y encontró un resquicio para que los privados vuelvan a operar en el sector. Hoy, Chile tiene una especie de ventana para el ingreso de capitales privados, con la mano estatal teniendo control de las operaciones.
De hecho, dos de las empresas que ingresaron al negocio fueron las que financiaron la campaña de la derecha en Chile en la elección en los últimos años. Hechos de corrupción que aún siguen abriendo investigaciones en el país vecino.
Más allá de estas vicisitudes, los dos países trabajaron en el agregado de valor, lo que en Argentina continúa siendo una asignatura pendiente. En un estadio político, los secretarios de los legisladores que impulsan el proyecto de una YPF del Litio equiparan al recurso, en cada charla con colegas o con la prensa, con la situación de expectativa que generó el petróleo a comienzos del 1900. Todos sabían que tenía potencial, y la disputa por el negocio se empezó a tejer con fuerza.
En el caso del litio y la normativa de nacionalización, el trabajo de seducir voluntades será, sin embargo, arduo: el texto escrito se enfrenta a una puja de intereses que vuelven a dividir aguas entre las pretensiones de Nación y las provincias del Interior.
La ley sugerida al debate intenta federalizar la utilización del litio para que se transforme en un recurso con mayor potencial. El problema es que hoy, la mayoría de los estados provinciales entregaron las concesiones a multinacionales como Mitsubishi y Toyota, casi sin restricciones. En Jujuy, por caso, ya hubo movidas de rechazo o resistencia al debate; y lo mismo ocurrió con la Cámara de Empresas Mineras (Caeme), que con perfil bajo ya inició un lobby para que las provincias que hacen minería de litio mantengan el manejo del recurso. Además, dentro de ese pequeño grupo de provincias productoras se encuentra Catamarca, uno de los estados más mineros del interior del país. “Nos cuesta dejar el recurso, nadie lo va a decir en voz alta, pero las provincias que tenemos litio queremos condiciones para la nacionalización”, dijo un gobernador de una de las tres provincias productoras, en diálogo con este diario. Desde Nación, se les cuestiona en el mismo tono la escasa visión federal, ante la relevancia del recurso. Lo cierto es que hoy las provincias están haciendo un negocio redondo con concesiones millonarias, por eso el tema es espinoso
El antecedente también es complejo: cuando el Estado Nacional recuperó el manejo del 51% del paquete accionario de YPF, el proceso de modificación de la Ley de Hidrocarburos fue una especie de Guerra Fría con los estados miembros de la Ofephi.
En el caso del litio, el escenario –aunque más atomizado y repartido en menos manos provinciales– no parece ser diferente.
Los argumentos de federalización, en todo caso, son sumamente válidos, pero deberán probarse ante los tiempos y las prioridades de la política y la economía de las provincias.

Nota publicada en Tiempo Argentino

Un comentario para “Ley “YPF del Litio”: tarea fina en el Congreso y roce con las provincias”

  1. Ruben Masson dice:

    Sé que Carlos Heller cuenta con una sabiduría poderosa a favor del bien superior de la Nación y podrá con su experiencia hacer comprender la ventajosa fuerza del poder de la unión, para la protección del litio o para cualquier amenaza a una parte específica del país. El poder regulador de la Nación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes ya esta en marcha y es para el bien de todos. La grandeza está en considerar la hermandad indisoluble de las provincias y la igualdad real, como vínculo de fuerza en un mismo espíritu.

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