Página/12 | Opinión
A esta altura no caben dudas de que la situación económica del país, luego de tres años y medio de gestión de Cambiemos, empeoró considerablemente. Hace poco más de un año, en marzo de 2018, el presidente Macri alentaba a la ciudadanía a hacer un esfuerzo, ya que si bien había “un camino con obstáculos” éste iba a ser superado y nos iba a ir “mejor a todos”.
La realidad contradijo cada una de sus palabras. En 2018 el PIB se redujo 2,5 por ciento y se estima una caída para 2019 que estaría entre 1,5 y 1,8 por ciento. Uno de los sectores más perjudicados por el pobre desempeño económico es el industrial y particularmente aquellos rubros ligados al deprimido mercado interno. El gobierno parece haber tomado nota de ello y ha lanzado recientemente algunas medidas transitorias que intentan transmitir la sensación de que algo está mejorando.
Ejemplo de ellas es la reinstauración del programa de incentivo al consumo “Ahora 12”. Luego de haberlo desarticulado en 2016 desde la Secretaría de Comercio por considerar que “inflaba” los precios de contado, transformaron el programa en lo que dio en llamarse “plan de Precios Transparentes”. A solo dos meses de su implementación llevó a una caída en las ventas en cuotas, no sólo por el encarecimiento de la financiación, sino también por la caída de los ingresos reales de la población, que ya en 2016 se hacía sentir.
En la actualidad, con las elecciones presidenciales como telón de fondo, se volvió a dar impulso a los programas Ahora 12 y Ahora 18, con tasas de interés que están por debajo de las de mercado. La tasa nominal anual del programa se fijó en el 20 por ciento, porcentaje que está siendo absorbido por los comercios y los bancos, para tratar de seducir a los consumidores.
Pero más allá del acotado alcance de esta medida, hay que tener en cuenta que la leve recomposición del salario que tendrán algunos trabajadores por efecto de paritarias, un poco más cercanas a los niveles de inflación que el año pasado, deberá ser destinada a las tarifas de los servicios públicos, alimentos, prepagas, transporte, educación.
Adicionalmente, el incentivo se aplicó de forma generalizada y, por lo tanto, a diferencia del “Ahora 12” de la anterior gestión de gobierno, incluye tanto productos nacionales como importados. En los hechos implica una total desatención al universo de las PyMEs nacionales que, en su gran mayoría, se encuentran en una situación muy delicada por la caída del consumo interno.
El plan “Junio 0km”, su nombre ya da cuenta de la limitación temporal del mismo, se aplicó bajo el mismo criterio: incluye a los autos de fabricación nacional e importados, con el agravante de que, según los últimos datos del sector, más del 70 por ciento de los vehículos vendidos son de origen importado (en 2015 eran el 50 por ciento). Otra cuestión a tener en cuenta es que, según trascendió, la partida destinada al subsidio para abaratar el valor de los autos sería de 1000 millones de pesos. Un monto que, acuerdo de equilibrio fiscal con el FMI de por medio, deberá ser necesariamente detraído de otra partida.
Estas medidas electorales, que parecen implementadas a regañadientes, no tendrán importantes efectos en el conjunto de la sociedad. Algo que, de todos modos, es previsible ya que, además de su efímera vigencia, no tienen relación con el modelo de gobierno liderado por Mauricio Macri.
Como señaló hace poco el economista estadounidense Joseph Stiglitz: “El experimento neoliberal – 12impuestos más bajos para los ricos, desregulación de los mercados laboral y de productos, financiarización y globalización 12 ha sido un fracaso espectacular. El crecimiento es más bajo de lo que fue en los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en su mayoría se acumuló en la cima de la escala de ingresos. Los gobiernos tienen la obligación de limitar y delinear los mercados a través de regulaciones ambientales, de salud, de seguridad ocupacional y de otros tipos”. Una interesante reflexión en vísperas de las próximas elecciones.