Página/12 | Opinión
El gobierno insiste en que hay un único camino. Por el contrario, el avance de la campaña electoral muestra cada vez con mayor nitidez la existencia de dos modelos de país.
El proyecto actual es el que propone el FMI y al que el gobierno adhiere y ejecuta como un alumno aplicado. Su receta consiste en una combinación de altísimas tasas de interés y contracción monetaria para generar un proceso fuertemente recesivo que quiebre la inercia inflacionaria. Alejandro Werner, el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, lo sintetiza del siguiente modo: “el producto bruto caerá un 1,3 por ciento este año, y crecerá apenas un 1,1 por ciento en 2020, un punto por debajo del pronóstico anterior”. “El motivo principal -–agrega Werner– es que la inflación ha sido más persistente, la tasa de interés real será más alta de la prevista, y continuará siendo un ancla para la reactivación”.
En ese escenario, el funcionario internacional insiste en que hay que seguir con las reformas: mayor apertura de la economía al comercio y a la inversión extranjera directa, flexibilización de las regulaciones en los mercados de productos y mano de obra, fomento a la competencia y mejora de la calidad del capital humano y físico.
En la misma línea y en el marco de una gira que realiza por la región, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, visitó al presidente Mauricio Macri y mostró interés en saber “cuándo el Congreso Argentino aprobará la reforma laboral y la previsional, que el FMI habría sugerido”, según citaron varias medios.
Una de las cuestiones centrales que diferencia ambos modelos de país son los sistemas financieros que cada uno diseña y lleva adelante. En el modelo que proponen el gobierno y el FMI, el sistema financiero está al servicio de generar escenarios recesivos con el declarado fin de combatir la inflación. En el que impulsa el Frente de Todos, el sistema financiero es un instrumento para promover el desarrollo, facilitar el crecimiento, ayudar a las familias, a las personas, a las Pymes, a las economías regionales y a las empresas y entidades de la economía social, entre otros sectores, con tasas que contribuyan a la expansión de la actividad económica. Son dos sistemas financieros, son dos proyectos de país.
Conviene hacer una breve historia de la implementación de un reciente instrumento financiero: las Leliq. Hasta fines de 2015 el Banco Central tenía una letra que se llamaba Lebac que sólo podían poseer las entidades financieras. Pero, el gobierno de Macri les permitió a los particulares acceder a las mismas y entonces se produjo lo que se denominó la bomba de las Lebac.
¿Por qué? Porque mientras los bancos no podían salir del corsé regulatorio, los particulares podían hacerlo cuando quisieran. Por eso, cuando Luis Caputo fue nombrado presidente del Banco Central reemplazó las Lebac por las Leliq. Estas últimas volvieron al esquema original: sólo pudieron ser adquiridas por las entidades financieras. Es decir: el Banco Central utilizó las Leliq para desmantelar las Lebac, un instrumento que se les había ido de las manos y que ya no podían controlar. Durante esa gestión, que duró desde el 14 de junio hasta el 25 de septiembre de 2018, las Leliq tuvieron una tasa promedio del 40 por ciento. Luego, ya en la administración de Guido Sandleris, la tasa de esta letra fue aumentando hasta alcanzar su pico máximo el 2 de mayo de este año: el 74 por ciento. Ello fue una consecuencia de utilizar esas letras y sus altísimas tasas de interés como un instrumento para contener la compra de dólares por parte de los particulares.
En la actualidad, el stock de Leliq es de un poco más de un millón de millones. Redondeando, podemos decir que cada punto de tasa de interés equivale a 10 mil millones de pesos anuales. Si la tasa baja del 60 al 59 por ciento, el costo de intereses de las Leliq se reduce en 10 mil millones de pesos por año. Por lo tanto, los 19 mil millones necesarios para subsidiar el costo de los medicamentos para la totalidad de los jubilados del país, tal como propuso Alberto Fernández, es el equivalente a 2 puntos de interés anuales de esa letra. Un cálculo similar puede hacerse para la otra medida anunciada por el candidato a Presidente del Frente de Todos: el aumento de un 20 por ciento de las jubilaciones a partir del 10 de diciembre. Ese incremento equivale a 312 mil millones de pesos anuales, es decir, el equivalente a reducir la tasa de las Leliq a 39 puntos, casi la misma tasa que tenía cuando se creó el instrumento.
Por supuesto, hay una preocupación inmediata que suele sobrevenir cuando se plantean estos temas: es acerca de si, al desarmar las Leliq, no se genera un escenario de un dólar mucho más alto afectando, con ello, los salarios, las tarifas y la vida en general de los argentinos y argentinas. Por supuesto: nadie dice que sea fácil desarmar una bomba. Hay que desconectar y conectar varios cables a la vez. Es una operación combinada: son muchas iniciativas implementadas en simultáneo. No se pueden operar variables aisladas. Cada una se correlaciona con las otras.
Por un lado, un dólar alto favorece el comercio internacional, estimula las exportaciones y limita las importaciones innecesarias. Pero, junto a ello, es necesario desdolarizar las tarifas de los servicios públicos y abastecer al mercado interno con los alimentos que se exportan a un precio que no sea el de ese dólar alto. Esto puede lograrse con una cantidad de instrumentos útiles para alcanzar esos resultados.
Lo que se necesita es otra política. Una serie de medidas combinadas que desactiven la bomba y, al mismo tiempo, mejoren las condiciones de vida de los distintos sectores de la sociedad, el ingreso real de los trabajadores, de los jubilados, y permitan que las pequeñas y medianas empresas y las empresas y entidades de la economía social puedan producir a tarifas y a precios razonables para atender ese mercado demandante. Hay que empezar a caminar para el otro lado. Hay un modelo que es el de la producción. El otro, el que hay que dejar atrás, es el de la especulación.