Página/12 | Opinión
Son medidas que no nos gustan, con las que no estamos de acuerdo, dicen repetidamente los principales funcionarios del gobierno, en especial el Presidente y su ministro de Hacienda, cuando hablan del reperfilamiento de la deuda y el control de cambios, dejando en claro que fueron obligados a tomarlas, y agrego, debido a las consecuencias de sus políticas. Respecto al “Plan anabólicos”, Mauricio Macri también reitera incansablemente: “me estoy ocupando de llevar alivio a la mesa de los argentinos” en estos momentos de “preocupación y angustia”. Cambió las metáforas meteorológicas por otras psicológicas.
Sin embargo, las cifras indican que esos problemas en la mesa de los argentinos vienen de largo en su mandato.
En el último año, y antes de las PASO, el poder de compra de los salarios de los trabajadores registrados, medido por el índice de precios de alimentos y bebidas, cayó un 15,0 por ciento entre diciembre de 2017 y junio de 2019; para los empleados públicos la reducción fue del 17,5 por ciento, y los no registrados tuvieron una merma del 25,5 por ciento.
Con los datos de la distribución del ingreso del segundo trimestre de 2019 podemos ver que la mitad de los hogares recibe ingresos por debajo de la línea de pobreza para un hogar tipo, que alcanzó los 31.148 pesos en junio. Peor aún, mientras que para las familias integrantes del 40 por ciento más pobre el aumento de sus ingresos fue del 38 por ciento entre el segundo trimestre de 2019 e igual período de 2018, para el 40 por ciento siguiente fue del 41,6 por ciento, y para el 20 por ciento de mayores ingresos del 44,5 por ciento. En igual período, el costo de la canasta básica, que mide la indigencia, se incrementó en un 61,9 por ciento, y la que mide la pobreza un 60,5 por ciento. Todo dicho.
Más ajuste fiscal
Los funcionarios siguen festejando el “logro” del superávit primario. Sin embargo, no hay nada para celebrar: mientras que en los ocho primeros meses de 2019 se logró un superávit primario de 48.260 millones de pesos, el pago de intereses de la deuda pública en el mismo período ascendió a los 428.127 millones de pesos, es decir un déficit financiero (total) de 379.867 millones de pesos. Un monto que genera una similar necesidad de financiamiento.
Pero no es el mayor problema de este resultado. Los gastos primarios cayeron en términos reales el 11 por ciento, al igual que las prestaciones sociales, incluidas las jubilaciones y pensiones. A pesar de haber declamado su combate a los subsidios, los mismos sólo cayeron 6 por ciento (los dedicados exclusivamente a energía subieron el 8 por ciento, el sector privilegiado por el macrismo).
Desafortunadamente, el clásico del desfinanciamiento a la educación continúa: las transferencias a provincias para este destino cayeron un 31 por ciento y los gastos en infraestructura educativa el 43. Los gastos de capital, excepto transporte, bajaron más del 35 por ciento, siempre en términos reales.
Estos datos, además de evidenciar los efectos del ajuste compartido entre el Gobierno y el FMI, dan una idea de la “pesada herencia” que se está dejando.
La tarea de recomponer los ingresos tanto de los trabajadores como de los jubilados y otros perceptores de asignaciones se va complicando cada vez más, aunque no por ello será imposible, como muchos insisten en proclamar. Todo lo contrario, se hace cada vez más imprescindible actuar en esa dirección. Lo mismo con los necesarios gastos a realizar bajo un criterio social y de promoción de la actividad económica.
En similar sentido evolucionan los datos del ámbito cambiario. Si bien los depósitos en dólares se han ido estabilizando y el dólar ha encontrado un sendero de leve incremento mensual, son temas que requieren atención. Y si bien se han tomado algunas medidas que podemos considerar positivas, como el reperfilamiento y el control de cambios, habrá que ver cómo estas políticas se continúan instrumentando hasta el 10 de diciembre próximo. Ese día quedará claro qué atrasos en los ingresos y los gastos, qué déficit financiero, nivel de reservas internacionales y de tipo de cambio se dejará como herencia para el próximo gobierno. Sería deseable que las medidas que tome la actual administración, de aquí a esa fecha, no agraven aún más la situación.