Tiempo Argentino | Opinión
Que en la República Argentina tenga que haber un programa denominado “Argentina sin hambre. Comer es un derecho y no un privilegio” es toda una definición de cómo está el país. Son las esperables consecuencias de las políticas neoliberales que se aplicaron en estos casi cuatro años.
Ante los terribles datos de pobreza, resultan insuficientes los pedidos de disculpas. Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete y actual asesor presidencial, afirmó en la semana: “Como clase dirigente, les tenemos que pedir perdón a nuestros pobres”. Es la misma línea discursiva que utilizó Mauricio Macri al mencionar que fueron “muy optimistas con las metas de inflación” (16/5/18) en la misma entrevista en la que sostuvo: “La turbulencia cambiaria la consideramos superada”. En verdad, el problema son siempre las políticas, es decir los cómo, que en última instancia son el mejor indicador del para quién se gobierna.
En el contexto de emergencia alimentaria queda en evidencia más que nunca la necesidad de un Estado activo que asuma el rol de la lucha contra el hambre, lo que además “es un deber moral”, tal como se señala en el Plan “Argentina sin hambre”. Algunos de los ejes en los que se basa son: “mejor alimentación y nutrición”, “bajar el precio de los alimentos”, “generar más ingresos para las familias” y “romper el círculo hambre-exclusión-pobreza”. Queda claro que esto demanda acciones concretas y no un Estado “canchero”, que es el principal responsable de la emergencia actual. Políticas que, para ser efectivas, implican una profunda modificación del modelo económico, ya que este mismo modelo que genera pobres también genera transferencia de ingresos y riqueza a unos pocos.
Una de las expresiones de esta transferencia es la fuga de capitales, denominada también formación neta de activos externos del sector privado. Se trata de excedentes obtenidos internamente (en pesos), que luego se volcaron a la compra de moneda extranjera.
La fuga llegó a los U$S 81 mil millones desde inicios de la gestión Macri hasta agosto de 2019. Si se hubieran tomado las medidas que se tomaron este 1 de septiembre, estos números podrían haber sido distintos, y habríamos tenido una menor devaluación y un mayor saldo de reservas internacionales. Pero el enfoque elegido fue el de la desregulación, que precisó también de una aguda flexibilización de los flujos de capitales, elevado endeudamiento y recepción de una volátil inversión de cartera.
Esta inversión de cartera sumó un total de U$S 12.521 millones desde enero de 2016 hasta marzo de 2018, para luego ir bajando constantemente con una salida neta de U$S 11.759 millones entre ese mes y agosto de 2019. Como llegó, se fue, pero luego de obtener grandes ganancias, depreciar nuestra moneda y malgastar gran parte de los préstamos del FMI.
Carlos Pagni sostiene en una nota reciente (La Nación, 10/10/19): “Quienes reciben con algarabía a Mauricio Macri en las 30 ciudades de su marcha levantan las banderas que más incomodan al kirchnerismo. Transparencia administrativa, independencia de poderes, pluralismo ideológico, respeto a la libertad de prensa. La agenda republicana”. Tras ello intenta validar un “contrapunto: república o justicia social”. ¿Esto significa que la república y la inclusión son antagonistas? Una falsa disyuntiva. La frase trata, además, de instalar que en estos años hubo independencia de poderes, o transparencia en los actos públicos. La reunión del Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner (una reunión partidaria en un espacio estatal) es apenas un sutil ejemplo. Lo expresado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, al conocerse el fallo de la Corte Suprema sobre la no afectación de los recursos coparticipables por la reducción del IVA y Ganancias decidida por el gobierno no es nada sutil: “Es una Corte tan independiente que parece opositora”.
La agenda no debería ser llamada “republicana”, es en realidad conservadora. Conlleva la preservación de un statu quo que deja afuera a más de la mitad de la población con su propuesta de degradar derechos (principalmente a través de la flexibilización laboral de jure y de facto) para que vengan inversiones, propuesta que no resultó ser en absoluto efectiva.
La visión conservadora es la que trata de no pagar más impuestos. Pero ello genera un contrasentido con el aparente objetivo de alcanzar una sociedad más inclusiva. Algo del relato no cierra, a no ser que los objetivos sean otros. La forma de conseguir una salud pública y educación de calidad, más investigación y desarrollo, mejores programas de inserción laboral, es con recursos. Esto no va de la mano de políticas de ajuste que finalmente le quitan recaudación al fisco. Es incompatible también con una estructura impositiva que contiene una alta dosis de regresividad, como ocurre en la actualidad. De hecho, en nuestro país el peso de la recaudación del impuesto a los Bienes Personales (en realidad a la riqueza) es uno de los más bajos del mundo. Esta característica no indica que haya que poner el foco en la clase media, como hizo este gobierno, sino en las mayores fortunas, por ejemplo, a través de un mínimo no imponible que sea alto y razonable.
Por eso yo digo que no hay cambios al reemplazar a Christine (Lagarde) por Kristalina (Georgieva), la nueva directora gerente del Fondo Monetario, quien apenas asumió dijo: “El FMI llega con la billetera pero también tiene un corazón”. Mejor no probar “enamorarse”, tal como en su momento nos propuso Macri, al salir de una cena en Nueva York donde fue nombrado “Ciudadano Global 2018”.
Lo importante es tratar de ganar la autonomía necesaria para volver a crecer y empezar a generar empleo. Más aun si el mundo, como lo describe la nueva directora del FMI “se encuentra ahora en un período de desaceleración sincronizada”, cuando sólo dos años atrás estaba en un período de “auge sincronizado”. Según Georgieva, para la economía mundial “el efecto acumulativo de los conflictos comerciales podría suponer una pérdida de aproximadamente 700 mil millones de dólares para 2020, alrededor del 0,8% del PBI (mundial). Esto es aproximadamente el tamaño de toda la economía de Suiza”. También sostuvo que “en caso de producirse una desaceleración importante, la deuda empresarial en riesgo de incumplimiento se elevaría a 19 billones de dólares, casi el 40% de la deuda total de las ocho principales economías. Estas cifras superan los niveles vistos durante la crisis financiera”.
Como siempre, el doble discurso: “En países como Alemania, Corea del Sur y Países Bajos, un aumento del gasto —sobre todo en infraestructura e I+D— contribuiría a impulsar la demanda y el potencial de crecimiento”. Georgieva alerta a continuación: “Este consejo no funcionará en todas partes. A escala mundial, la deuda pública está cerca de niveles históricos. Por lo tanto, en el caso de países con una relación deuda/PBI elevada, está justificada la moderación fiscal”.
La reciente directora gerente no lo dice, pero la desaceleración y los problemas en las economías son producto de un modelo que está en crisis a escala global, aunque ello no impide, como también ocurre en nuestro país, que para unos pocos se multiplique la riqueza.