Tiempo Argentino | Opinión
La media sanción en Diputados del proyecto de ley sobre sostenibilidad de la deuda bajo jurisdicción extranjera refuerza el apoyo político y la imagen de unidad nacional. Condiciones necesarias para encarar una renegociación imprescindible para atender la situación de emergencia y empezar a poner al país de pie.
El consenso conseguido deberá ser el punto de partida para construir una serie de postulados necesarios alrededor de la temática de la deuda, pensando en las futuras generaciones. Implica abordar el posicionamiento estratégico del país alrededor de esta materia, cuestión que históricamente ha sido funcional a intereses contrarios al desarrollo de nuestra Nación. El enfoque del actual gobierno brinda varias definiciones para avanzar en este sentido.
En su momento alertamos sobre la inconsistencia y los peligros del programa económico de Cambiemos. En definitiva, fue una política con un claro sesgo ideológico y no tanto un subproducto de la mala praxis, a tal punto que el propio Mauricio Macri expresó recientemente que conocía la existencia de estos riesgos. El expresidente, entre otras cuestiones, afirmó que les decía a sus funcionarios: “Cuidado, que yo conozco a los mercados, un día no te dan más plata (…), nos vamos a ir a la mierda, no podemos seguir tomando deuda eternamente”. Las responsabilidades, más que claras.
Cabe recordar que Macri hizo un balance de su gestión en diciembre y señaló que “dos de cada tres pesos (en verdad, se refería a dólares) fueron para pagar vencimientos de la deuda, y el peso restante fue para pagar el déficit dejado por gobiernos anteriores”.
En la misma orientación, varios diputados opositores vienen sosteniendo que la deuda tomada durante los últimos cuatro años estuvo impulsada por los déficits fiscales (dicen, principalmente heredados en 2015), una proposición más que errada. Por un lado, los números no avalan en absoluto tal postura; imposible justificar con este concepto la duplicación de la deuda pública que sucedió en dicho período. Pero, además, según informó el gobierno macrista a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en febrero de 2019, el déficit primario fue del 1,8% del PBI durante 2015, dato indispensable para este análisis. Por otro lado, deberían poder explicar respecto de la necesidad de tomar deuda en dólares, cuando la mayor parte de los gastos primarios es en pesos.
En los hechos, la deuda no se explica por el argumento del déficit fiscal, no sirvió para incrementar la capacidad productiva (y por ende de repago), pero sí terminó financiando la fuga de capitales y restringiendo la toma de decisiones soberanas, una hipoteca que nos afecta en la actualidad. Va en línea con lo que expresó el presidente Alberto Fernández recientemente: “Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decidir, condicionado en su futuro. Todo esto es lo malo de la deuda. Es asombroso que Mauricio presidente diga lo que dijo y que los argentinos escuchen que un presidente hable con tanta irresponsabilidad”.
El proyecto de ley que obtuvo media sanción está en el marco de la emergencia que atraviesa nuestro país, y va en línea con las facultades delegadas por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva (27.541). Refleja que la voluntad de pago está, pero que “para poder pagar, el país necesita generar capacidad y para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrentamos”, tal como afirmó el ministro Martín Guzmán.
La gestión de la deuda también sigue los lineamientos establecidos en los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados por la ONU en 2015 y declarados de orden público en nuestro país, a través de la Ley 27.207. Entre ellos, la idea de que la negociación le dé sostenibilidad a la deuda y que siga el principio de “buena fe”, basada en las “negociaciones constructivas (…) con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera”.
En estos días el gobierno dio a conocer el cronograma para la reestructuración de la deuda. Allí se determina la segunda semana de marzo como plazo para que los acreedores conozcan la oferta. Entre otros momentos de relevancia figura la segunda semana de febrero, cuando la autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía) presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública en el Congreso de la Nación. Un hito que respeta el principio de rendición de cuentas al Parlamento y que refuerza la idea de que este es un proyecto hecho en Argentina y para los argentinos y las argentinas.
Suspensión del”Consenso” Fiscal
El miércoles se sancionó la Ley del Consenso Fiscal, que ya contaba con la aprobación del Senado. Esta norma suspende hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del Consenso Fiscal firmado por las provincias en 2017 y 2018, a la vez que se posterga por un año el trámite de los procesos judiciales iniciados por las provincias firmantes contra el Estado Nacional, por la reducción de ganancias y eliminación del IVA a los alimentos.
Cabe resaltar que, como mencionó una diputada, exgobernadora de provincia, la adhesión en 2017 no fue sólo por libre voluntad. Aquellas provincias que no firmaban no recibirían el Fondo Solidario (también denominado Fondo Sojero, que se suspendió a fines de 2018), lo que implicaba una disminución sustancial de recursos para dichas jurisdicciones y los municipios.
Una de las principales condiciones del Consenso estipulaba que se iría disminuyendo la presión tributaria mediante la reducción de las alícuotas de determinados impuestos, principalmente ingresos brutos. La suspensión de esta condición generó grandes críticas por parte de la oposición en el tratamiento en Diputados, diciendo que llevaba a un aumento de la presión tributaria, y que ello generaba recesión y problemas a las empresas.
Cabe citar que ninguna provincia está obligada a aumentar impuestos, sino que fueron liberadas de seguir bajándolos. Cada administración provincial, surgida del mandato ciudadano, tomará la decisión que considere más adecuada.
Pero, si partimos de la decisión de perseguir, en la medida de lo posible, el equilibrio fiscal, una baja de impuestos debería ir acompañada de un recorte del gasto. De allí que hay que poner en la balanza y elegir la opción menos lesiva. Sin duda la reducción del gasto sería lo más contraproducente por sus impactos en la demanda interna y en el ya profundo deterioro en que se encuentran áreas vitales como salud, educación, ciencia y tecnología y servicios sociales, entre otras igual de esenciales. Respecto a los ingresos fiscales, hay que rediseñar la materia imponible y apuntar a incrementar aquellos impuestos más progresivos, que son los que gravan las grandes ganancias y la riqueza. Ese es el sentido de los cambios realizados por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Coincido con una reflexión que resonó en el recinto el pasado miércoles: ¿acaso no ha sido más dañino para las mipymes la importación indiscriminada, las altas tasas de interés, la reducción del consumo y los aumentos tarifarios, entre otros, que el beneficio derivado de alguna reducción impositiva? Desde lo fiscal, la moratoria reglamentada en esta semana lleva un gran alivio a las mipymes. El balance que hay que buscar: imposiciones progresivas y atención a las deudas derivadas de la aguda crisis de los últimos años.