ContraEditorial | Opinión
Es un momento de acuerdos. Todos los días escuchamos que uno se concreta, mientras otro comienza. Desde sus inicios el gobierno mostró vocación por el acuerdo. Con una postura coherente y fundamentada, ha cosechado importantes frutos. Entre los más resonantes está la renegociación de la deuda privada, liberando el horizonte de vencimientos.
Son acuerdos y políticas que se gestan con el tiempo y llegan a buen puerto, aunque suelan aparecer voces que tratan de sacar tajada diciendo que no hay plan. En cuanto al FMI, en estos días el ministro de Economía Martín Guzmán hizo pública su intención de tener concluido el acuerdo para mayo, y el Fondo contestó que compartía esa posibilidad. La negociación será muy dificultosa, pero la mejor sintonía entre las partes también es fruto de todo un proceso de acercamientos previos. Lo contrario a la improvisación.
Esa capacidad de acuerdo le dio a la Argentina la posibilidad de conseguir la vacuna rusa Sputnik V, antes que el resto de los países. E incluso se ha ayudado a varios países de la región a conseguirla.
De la misma manera se ha avanzado en la resolución de conflictos distributivos, siendo el caso del sector aceitero uno de los más evocados durante estos días. Una disputa cuya prolongación hubiera generado impactos variados, entre ellos en el consumo local y en la provisión de divisas por las exportaciones. Pero fue destrabado también a través de un acuerdo. La convocatoria del gobierno derivó en la creación de un fideicomiso del cual participan los actores involucrados en el sector, mientras que las autoridades se encargan de asegurar el cumplimiento de la pauta de política: abastecer al mercado local a precios accesibles.
En estos días se habla de los acuerdos de precios. Partiendo de la premisa incuestionable de que la economía se está recuperando, los acuerdos de precios y salarios a nivel sectorial y el análisis de los precios en los distintos eslabones dentro de las cadenas productivas cobran gran relevancia. También estamos en un contexto de muy altos precios internacionales. No es posible que una noticia positiva para las cuentas externas del país y los sectores agroexportadores termine transformándose en un costo para el conjunto de la ciudadanía. Por eso es necesario que exista un desacople entre los precios internacionales y los internos. Lo que se les está pidiendo a ciertos sectores es que ganen un poco menos, no que produzcan a pérdida. Estamos en presencia de un Estado activo que tiene la mirada puesta en el bienestar colectivo, y en la sostenibilidad de la economía a lo largo del tiempo.
Garantizar el acceso a los alimentos también es política pública, y además sanitaria, pero antes que eso es asegurar una vida digna a las familias. Cuando se trata de un país donde el Estado vela por las condiciones de vida de sus habitantes, variables sensibles como los alimentos, la energía, el crédito, el dólar, etc, no pueden dejarse libradas al mercado.
El Estado oficia como rector, por ejemplo, estableciendo una meta de inflación en el Presupuesto. En efecto, en la reciente reunión con empresarios, el ministro Martín Guzmán aludió a “la muy necesaria” coordinación de expectativas para la disminución de la inflación. Y dijo que “el pilar central de la política macroeconómica” de la gestión de Alberto Fernández “es el Presupuesto 2021”.
Esa es la inflación que hay que considerar, no la que dicen esperar las consultoras privadas. ¿Cuáles son los fundamentos para pensar en una inflación del 50%? ¿Acaso no reparan en los costos de tomar predicciones que no tienen base alguna y que sistemáticamente no se verifican en los hechos? Sin duda, intentan influir sobre las expectativas más que analizar la realidad.
La mayoría de estas consultoras privadas propiciaban una devaluación o directamente el abandono de la administración de las divisas hace apenas unos meses, porque, según estas, aunque el tipo de cambio real multilateral se encontraba en niveles históricos elevados, los altos valores de los distintos dólares especulativos impuestos por el mercado exigían tales medidas. Sin embargo, con una fuerte perseverancia, el gobierno logró desactivar las presiones devaluatorias: hoy prácticamente no existen. Esta perseverancia permite pensar que la inflación, a partir de las distintas políticas implementadas y en carpeta, se irá acercando a los valores del Presupuesto.
El Presupuesto surge de un acuerdo entre las fuerzas políticas que representan a la sociedad. Y por parte del gobierno, hay compromiso e integralidad en las herramientas para cumplir con el plan y avanzar hacia un país más justo y solidario.
Avanza la recuperación
En noviembre el Estimador Mensual de la Actividad Económica (anticipador del PBI) creció por séptimo mes consecutivo. En diciembre 2020, el Índice de Producción Industrial (IPI) cerró con un incremento mensual de 0,9%, y uno interanual de 4,9%. La industria se encuentra un 2,5% por encima del nivel que tenía antes de la pandemia. En diciembre pasado, de los dieciséis sectores que componen el IPI, once tuvieron expansión interanual. La utilización de la capacidad instalada en la industria, en diciembre llegó al 58,4%, 1,5 puntos por encima de la de diciembre de 2019.
Varias cámaras empresariales muestran un panorama similar a los datos que brinda el INDEC. Según la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo terminó el último trimestre con crecimiento interanual. Para los industriales metalúrgicos agrupados en ADIMRA, la producción metalúrgica presentó en diciembre el cuarto incremento interanual consecutivo. Finalmente, la construcción aumentó 27,4% en diciembre en comparación al año anterior y su nivel de actividad ya está un 22,8% por encima del nivel pre-pandemia. Los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland indican que el consumo de cemento en diciembre fue un 33,3% más alto que en igual mes del 2019.
Es notable cómo a pesar de que todavía estamos en pandemia mundial la economía argentina se va poniendo de pie. Falta transitar un camino largo, y aún resta recuperar las pérdidas de la otra pandemia, la económica, pero sin el oxígeno que el Estado le brindó a las empresas y a las familias en 2020, y la ayuda que está implementando este año, los datos seguramente serían otros.
Entre estos datos positivos, sin embargo, hubo uno que desentonó: en enero, el IPC nacional arrojó un 4,0% y los alimentos crecieron un 4,8%, resultados que ponen de relevancia la necesidad de políticas públicas de manejo de los precios.
Últimamente, uno de los puntales inflacionarios fue la carne vacuna. El gobierno organizó un acuerdo, y así consiguió poner en la mesa de los argentinos 15 cortes a precios accesibles. Fue una política elaborada con celeridad, que no inhibe la posibilidad de acuerdos más amplios y profundos en la cadena cárnica.
Argentina venía de una elevadísima inflación motivada por las políticas del macrismo, (un 53,8% en 2019). Con el registro anual de diciembre pasado (36,1%), queda claro que se bajó 18 puntos, sin recurrir a ningún programa de restricción monetaria. En parte, esto fue posible por la gestión macroeconómica, que da garantías de un dólar estable. La caída de la actividad durante la pandemia también contribuyó a moderar el alza de precios y salarios, pero ahora el contexto apunta a ser distinto. Por eso los acuerdos para incidir en la puja distributiva vuelven a jugar un rol central. El papel del Estado es clave en esta gesta: si se deja la economía al arbitrio del mercado, se estaría dando vía libre para que prevalezca el interés de los más poderosos, con altos costos sociales y productivos.