Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
La semana pasada se pudo leer en un medio de gran llegada que “la carne subiría hasta 20% en el mostrador”. La razón esgrimida fue que “por el cepo hubo efecto desaliento y hay menos oferta de ganado”. La misma forma parte del conjunto de argumentos que, si se mira con algo de detalle, no resisten el análisis.
Lo que ocurre -no sólo con la carne- es que ante el más mínimo aumento de los ingresos, y aún con una enorme porción de la población que posee necesidades insatisfechas por el impacto de las dos pandemias, los formadores de precios suben los precios de los bienes que la gente intenta adquirir. Es la puja distributiva que se hace presente, apalancada en este caso en un contexto de extraordinarios precios internacionales de los alimentos.
No hay que perder de vista que entre junio de este año y diciembre de 2020 el precio internacional de la carne (según estadísticas del Banco Mundial) subió un 29% en dólares. Un aumento que se combina con una fuerte alza de la demanda global de estos productos, que se proyecta continuará.
El país no puede quedar preso de sus propias ventajas, convalidando en el mercado interno precios que estén alineados con el mercado mundial, cuando aquí los salarios van por otro carril. Esto sirve para el caso de la carne, como también para los bienes del complejo agroexportador. Por eso es necesario desacoplar los precios locales. Para ello existen herramientas como las retenciones a las exportaciones, y las restricciones a los embarques al exterior, entre otras. A lo que se apunta es a garantizar la provisión del mercado interno a precios razonables.
En la actualidad, a pesar de que la producción se encuentra en niveles elevados, el consumo interno de carne está en 47 kilos per cápita anuales, entre los mínimos históricos. Hay un consumo reducido, y si esto ocurre es por la relación que existe entre los ingresos de la ciudadanía y lo que cuesta el kilo de carne, que ha venido aumentando significativamente respecto de los otros precios de la economía. En el primer semestre, antes de la medida tomada en junio, en el Gran Buenos Aires el precio de la Carne y sus derivados (INDEC) había subido un 33,5%, incluso por encima de la inflación general de dicho lapso (25%). El incremento adquiere mayores dimensiones si se considera el aumento de los precios cárnicos durante 2020 (57%).
El Estado no puede convalidar estos aumentos. Tras la implementación de la comentada medida, los precios se estabilizaron respecto de la inflación mensual de la carne (en el primer semestre fue, en promedio, del 5%). En julio de hecho subieron un 0,4%, en agosto un 0,3%, en septiembre un 1,3%, lo mismo que en octubre, mostrando el claro impacto positivo de la regulación. Las autoridades están monitoreando de cerca lo que ocurre en el mercado de Liniers, para que no haya impactos en los precios al mostrador, ya que tras las elecciones se registraron aumentos importantes ante una llamativa merma del ingreso de ganado en pie.
Vuelvo a reiterar: la suba de precios es fundamentalmente una consecuencia de la puja distributiva. Nadie pretende que las empresas trabajen a pérdida, lo que se busca es garantizar la provisión de los bienes y servicios a precios accesibles. Por eso se precisa seguir contando con un Estado activo, regulando y analizando lo que ocurre al interior de las cadenas de valor, para avanzar con el objetivo de fondo de que los salarios le ganen a los precios y para que no se ahogue el proceso de recuperación económica actualmente en marcha.