Página/12 | Opinión
El gobierno promueve políticas redistributivas. Esta semana, por ejemplo, anunció dos refuerzos de ingresos: uno destinado a trabajadores y trabajadoras sin salarios formales, monotributistas y personal de casas particulares; el otro orientado a jubilados y jubiladas. El costo fiscal de esta iniciativa será de 200 mil millones de pesos. En paralelo, informó que impulsará un proyecto de ley para gravar las rentas inesperadas de las grandes empresas.
La primera medida tiene como objetivo reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables; la segunda busca redistribuir una parte de las ganancias extraordinarias que están obteniendo las grandes corporaciones, en el escenario de la guerra en Ucrania.
El proyecto de ley es una iniciativa focalizada: de aprobarse alcanzaría a las empresas que ganan más de mil millones de pesos al año y que, como segunda condición, muestren márgenes de ganancias “anormalmente altos” en 2022 producto del cambio del contexto internacional y además cuyo “resultado ordinario en relación con las ventas, lo que conocemos —coloquialmente— como el margen de ganancias, también tiene que ser anormalmente elevado en el año 2022”, según explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por eso, se habla de renta inesperada: son beneficios que estas compañías obtienen sin que formen parte de su plan de negocios. Según datos de 2021, las corporaciones que lograron más de mil millones de pesos anuales de ganancias eran el 3,2% de las registradas en el país. Por lo que es posible suponer que las empresas alcanzadas por este gravamen, de acuerdo al conjunto de parámetros descriptos anteriormente, no alcanzarían al 1% del total.
¿Qué es, entonces, esa ganancia inesperada? Una renta adicional que no es el resultado de ninguna decisión empresaria, ni de mayores inversiones, ni de incorporación de nuevas tecnologías, ni de una ampliación de la capacidad instalada, sino producto de una situación internacional excepcional donde, en el contexto de una guerra, hay un aumento que no se esperaba de los precios de determinados bienes.
El objetivo del proyecto es que esa parte de las ganancias extraordinarias no se la queden unos pocos sino que sea redirigida al conjunto de la sociedad y, como una de sus consecuencias, reduzca el impacto de los mayores precios externos sobre los internos.
En el anuncio de la iniciativa se señaló que aquellas empresas que cumplan las condiciones antes detalladas, pero que además hayan aumentado sus inversiones y sus dotaciones de personal, van a tener alícuotas más reducidas.
¿Quién se queda ahora con esa renta inesperada? No necesariamente los productores primarios de los bienes exportables. Algunos estudios muestran, por ejemplo, que hay once compañías que monopolizan el comercio de exportación de granos y oleaginosas en la Argentina. Es habitual que los eslabones intermedios de comercialización les compren a los productores sus cosechas mucho antes de que éstos las hayan sembrado. Por lo cual, los precios a los que muy probablemente hayan vendido sus producciones no tengan nada que ver con los precios actuales. De allí que el problema central resida en los distintos eslabones de comercialización de la producción: por ejemplo, los que hoy venden la soja a 640 dólares, un precio absolutamente inusual.
Hasta el FMI considera razonable que los Estados diseñen instrumentos para redistribuir las rentas extraordinarias y con ello atender a los graves problemas sociales que se generan en cada uno de los países. La titular de este organismo, Kristalina Georgieva, al hablar en el Foro Económico de Doha (Qatar), señaló que “cuando los precios se disparan y los pobres no puedan alimentar a sus familias, saldrán a las calles” e instó a los gobiernos a buscar soluciones. Posteriormente, en su discurso de apertura de la Asamblea conjunta del FMI y del Banco Mundial, se refirió a la necesidad de implementar “políticas fiscales más equitativas”. También el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y el Grupo de los 20, entre otros, hablan de la necesidad de crear mecanismos para redistribuir parte de esas rentas extraordinarias.
Pero las oposiciones liberales y libertarias en la Argentina se oponen a la medida. En la misma línea, también están en contra del proyecto de ley para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, presentado por el Bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos, que promueve la regularización de quienes han llevado dinero al exterior sin declarar y sin pagar los impuestos y que, por lo tanto, han incumplido con la ley.
En ese segundo caso ni siquiera objetan la creación de un impuesto: defienden directamente a los evasores. Entonces, si están dispuestos a defender a los que cometieron delitos, ¿por qué no van a defender a las grandes empresas con ganancias inesperadas?
Oponiéndose al proyecto de ley para gravar estas rentas inesperadas, la mayor parte de la oposición protege los intereses de un pequeño grupo de corporaciones. De modo automático, combaten cualquier política redistribucionista que el gobierno intenta poner en práctica. Ejercen un veto en el punto de partida. Dicen: “es inconstitucional, es ilegal, somos el país del mundo con mayor cantidad de impuestos”. Un repertorio falso de argumentos al servicio de continuar concentrando los ingresos y la riqueza en el país.
En la Argentina, y en el mundo, es imperioso que existan mecanismos de redistribución. De lo contrario hay crecimiento pero los beneficios de esa expansión económica se concentran en muy pocas manos.
Según datos de 2021, en Argentina el PBI creció un 10,3%, una de las recuperaciones económicas más altas de la región y del mundo. Sin embargo, la distribución de los beneficios de ese crecimiento no fue igualitario: ha sido mayor para el capital y menor para los trabajadores y las trabajadoras. Ello no quiere decir que éstos últimos no hayan tenido una mejora en sus remuneraciones, pero perdieron participación en la torta ampliada producto de la recuperación económica. Es lo que llamamos puja distributiva.
La Argentina se encuentra en un proceso de crecimiento sostenido. El gobierno despliega políticas redistributivas con el objetivo de que los beneficios de ese crecimiento lleguen a manos de las mayorías y no exclusivamente a las manos de una minoría rica y poderosa.
Todas las medidas anunciadas van en la dirección de reforzar un proyecto de crecimiento con la gente adentro.