Perfil | Opinión
Estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, el problema es cómo hacerlo. Hay que bajar la inflación, el tema es con qué instrumentos.
El pase de la Secretaría de Comercio Interior al Ministerio de Economía ha sido una decisión acertada porque contribuye a una mayor homogeneidad del programa económico. El descenso de la inflación será un proceso gradual y requiere de un conjunto de políticas coordinadas.
A ello se refirió el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en su carta de renuncia: “urge implementar una mayor coordinación del gabinete económico y establecer un ámbito que evalúe de manera sistemática la evolución de la crisis mundial derivada de la guerra, para adoptar medidas que permitan enfrentar sus efectos adversos”.
Uno de los instrumentos indispensables en la lucha contra la inflación, en el que venimos insistiendo, es el desacople de los precios externos de los internos. No podemos ser víctimas de nuestras ventajas. El gobierno tiene que encontrar herramientas eficaces para lograr ese objetivo. El aumento de las retenciones es una de ellas, pero requiere de la aprobación por parte del Congreso. El Presidente, Alberto Fernández, afirmó recientemente: “El precio del trigo sube mucho y tenemos un gran problema para desacoplar el precio interno del externo”. Y agregó: “hay una riqueza inesperada porque alguien en el mundo empieza a ganar mucho. Es lo que nosotros pedimos que se redistribuya. El instrumento con el que esto se desacopla son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esta naturaleza”.
Otro de los caminos es la aplicación de cupos a las exportaciones. Esta última iniciativa se puso en práctica con el trigo en la etapa final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: los exportadores debían abastecer al mercado local previo a la venta al exterior del excedente.
Para que estas y otras medidas resulten eficaces, es indispensable firmeza para la aplicación de las leyes vigentes y para lograr el cumplimiento de los acuerdos por parte de todos los actores involucrados. Un buen acuerdo que no se cumple es un mal acuerdo. Por eso, los que no los cumplen tienen que ser sancionados.
El tema es de una gran complejidad. Por ejemplo, hoy los mayores aumentos en los precios tienen lugar en los negocios de cercanía y no en las grandes cadenas de supermercados. ¿Esto significa que los negocios de cercanía tienen una responsabilidad mayor en los saltos inflacionarios? No necesariamente. Porque estos están sometidos a más intermediarios entre los productores y los distintos eslabones de distribución. Y otra vez llegamos a la vieja cuestión de la necesidad de intervenir en las cadenas de valor.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sancionaron tres leyes para que el Estado pudiera tener injerencia en las cadenas de valor: Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, Ley 26.991; Observatorio de Precios, Ley 26.992; y Sistema de Resolución de Conflictos en Relaciones de Consumo, Ley 26.993. ¿Qué buscaban, entre otras cosas, estas iniciativas? Resolver el problema que hace que el productor se queje de que recibe poca paga por lo que produce y el consumidor se queje de que paga mucho por lo que compra.
Luego de la sanción de aquellas leyes, se presentaron amparos y la Justicia hizo lugar a ellos. Por lo cual, las normas nunca pudieron aplicarse. Y posteriormente, en el gobierno de Mauricio Macri, se les incorporaron varias modificaciones quitándoles efectividad. Es necesario volver a poner en práctica este tipo de herramientas.
Estos niveles de inflación afectan a la mayoría de la sociedad y nuestro objetivo es revertir esta situación para que la gente viva mejor. Para ello, necesitamos la unidad de los que pensamos parecido para impulsar con más fuerza, entre todos y todas, el proyecto de crecimiento con inclusión social.