Página/12 | Opinión
El miércoles pasado ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para gravar las rentas inesperadas que algunas empresas están obteniendo, en un contexto de fuerte suba de los precios de las materias primas, producto de la guerra en Ucrania.
En los fundamentos del texto se sostiene que hay agentes económicos que “ante el alza de los precios internacionales aumentan los precios locales, experimentan un incremento en sus márgenes y obtienen una renta extraordinaria ante la dramática coyuntural mundial”, lo cual repercute en la distribución del ingreso e impacta en los sectores más vulnerables (en especial, por los alimentos). En este marco, el Estado precisa contar con mayores recursos para evitar el incremento de “la desigualdad y el empobrecimiento de los argentinos y las argentinas”.
El articulado es breve y contempla establecer una alícuota adicional del 15 por ciento, por única vez, cuya base imponible es la renta inesperada; se aclara que esta alícuota solo se aplicará a la porción de la Ganancia Neta Imponible que supere, en términos reales, a la del ejercicio anterior.
Además, se requieren dos condiciones. Por un lado, quedan abarcadas aquellas empresas que durante el año en curso registren ganancias superiores a mil millones de pesos, aproximadamente el 3,2 por ciento de las firmas que operan localmente.
Otro requisito que debe verificarse en paralelo es que deben tener en 2022 un margen de ganancias superior al 10 por ciento (un porcentaje ya de por sí anormalmente alto) o que el mismo sea al menos un 20 por ciento más elevado que el del año previo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, comentó que estiman alcanzará a unas 350 a 360 muy grandes empresas.
Como se podía esperar, las grandes cámaras empresarias hablaron de “retroceso” y no dejaron de hacer mención a la presión fiscal “asfixiante”, algo totalmente falso. Las estadísticas de la OCDE indican que los ingresos fiscales como proporción del PIB en el promedio (2018-2020) llegaron al 28,7 por ciento en Argentina, por debajo de Brasil (32,2 por ciento) e incluso del grupo de países de la OCDE (33,5 por ciento). En Italia este valor llega al 42,4 por ciento.
También hay una elevada regresividad tributaria. Considerando los impuestos sobre los ingresos, beneficios y ganancias de capital, en Argentina se llega al 5,2 por ciento del PIB, menos de la mitad de lo que recaudan por este concepto los países de la OCDE (11,3 por ciento). En Italia se introdujo un impuesto único del 10 por ciento a las empresas energéticas y ahora se busca incrementar la tasa al 25. España, por su parte, ya cuenta con lo que el gobierno llamó impuesto a “los beneficios caídos del cielo” y ahora se debate un refuerzo del tributo, apuntando a las empresas energéticas.
El FMI volvió a señalar en su último informe “Perspectivas de la Economía Global” (también lo sugería para hacer frente a los efectos de la pandemia) que, para morigerar la carga sobre las finanzas públicas, puede ser necesaria “una suba de impuestos temporaria sobre el exceso de los beneficios”. Efectivamente, estos recursos son vitales para tratar de lograr, en una situación excepcional, el desacople entre los precios internacionales y los domésticos, además de una mejor distribución del ingreso.
En la celebración por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó: “Espero que los empresarios argentinos entiendan la dimensión del problema que pasamos como parte del mundo que somos, y que las oportunidades que se nos den no sean oportunidades para unos sino para todos y todas quienes habitan la tierra argentina”.
Estoy convencido de que el Estado no puede quedarse a la espera, con los brazos cruzados, del “derrame”. Si hasta el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de reconocer que “la economía de derrame no funciona”, a la vez que propuso una alianza económica en la que todos los sectores puedan gozar de beneficios “de abajo hacia arriba” y de “adentro hacia afuera”.
El texto que el Ejecutivo acaba de presentar constituye una clara respuesta ante un fenómeno generado por un acontecimiento externo inesperado, que está siendo aprovechado por unas pocas grandes empresas para maximizar sus rentas, las que no surgen de una política propia de mayores inversiones, o de haber sacado un producto al mercado. El proyecto no va en detrimento de ninguna empresa, sino que sólo busca proteger a la ciudadanía, y por ello sería esperable contar con el apoyo de la mayoría de las parlamentarias y los parlamentarios.