Tiempo Argentino | Opinión
Ante tanta dosis junta de posverdad irradiada por los medios y por la principal fuerza de la oposición es importante recurrir a la perspectiva que nos dan el paso del tiempo y los hechos. Más aún cuando, recordemos, hace aproximadamente un mes se llegó a hacer alusión a una “posible renuncia” del Presidente y a la convocatoria a una Asamblea Legislativa.
También se daba por segura una “inminente” devaluación, aunque tampoco eso terminó pasando. Incluso hasta el viernes el Banco Central llevaba encadenadas 12 jornadas consecutivas de compras netas de divisas acumulando más de U$S 300 millones para las reservas internacionales.
Respecto del desempeño de la economía se puede observar algo similar. Conocidos los datos recientes de la actividad económica se puede cotejar lo que pasó con lo que pronosticaba el REM que publica el BCRA, y que reúne las estimaciones de varias consultoras, universidades y entidades financieras de nuestro país. Por caso, en marzo de 2022 se proyectaba una caída del PIB del 0,4% para el segundo trimestre de 2022, con respecto al primero. Sin embargo, la realidad mostró un crecimiento del 0,7%, según el EMAE del Indec.
Las proyecciones de los organismos internacionales también entran en contradicción con los pronósticos agoreros. La CEPAL publicó esta semana, en su informe sobre la economía de América Latina y el Caribe, que la Argentina crecerá un 3,5% en 2022. Un valor por encima del esperado para el promedio de la región (2,7%) y de América del Sur en particular (2,6%). El organismo destacó que la coyuntura actual está influida por “fuertes restricciones macroeconómicas que están golpeando a las economías de la región”, una cita que da cuenta del escenario del que formamos parte.
A pesar del crecimiento y la recuperación luego de las dos pandemias, apremian otros aspectos de la economía, como la inflación y los problemas para mejorar la distribución del ingreso, dos conceptos que se vinculan. En este sentido, vale la pena citar las declaraciones de la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, quien sostuvo que “Argentina tuvo un muy buen segundo trimestre con un crecimiento impulsado por el consumo y las inversiones, con una actividad económica total que está 5,1% por encima del promedio de 2019 y una industria que se sitúa en un nivel 14% superior al de 2019”, aunque señaló que “hubo un efecto regresivo en los ingresos”.
En este marco, es imprescindible contar con un Estado activo que implemente, entre otras, políticas de estímulo a la producción, de exportaciones con mayor valor agregado y de generación de empleo.
La recientemente promulgada Ley de Incentivo a la Inversión, Construcción y Producción Argentina es un ejemplo de ello. La iniciativa apunta a activar de manera específica el sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes, e incluye parte del programa “Puente al empleo”, referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino. Como señaló el ministro de Economía, Sergio Massa, es importante “transformar el ahorro dormido, que muchas veces no está blanqueado frente al fisco, en inversión y trabajo”.
La amenaza de las corporaciones
En medio de una mayor tranquilidad económica y financiera se intenta marcar la cancha con otras estrategias que colisionan con la propia democracia.
El pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de un alegato preparado para las cámaras de televisión, y la negativa posterior del Tribunal a cargo del juicio al requerimiento de la acusada de ampliar su declaración, quedarán en las páginas más tristes y oscuras de la historia política, económica, mediática y judicial de la Argentina.
Una vez más ha quedado en evidencia el alcance del lawfare, que impone la culpabilidad como punto de partida. Primero se decide la condena y luego se pone en escena un supuesto proceso judicial para justificarla. De ese modo, se destruye el principio de inocencia, la defensa en juicio y se cae en la aberración jurídica de la condena previa por la cual la persona acusada debe probar su inocencia en lugar de ser el sistema judicial quien deba probarle su culpabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada antes de que el juicio haya comenzado. Posteriormente, la acusación de los fiscales, amplificada por los grandes medios, actúa como si esa acusación ya fuera la condena. Por ello, lo que resulta eliminado es todo el proceso que incluye la presentación de pruebas y fundamentalmente el derecho a defenderse.
Hoy vemos cómo los procedimientos judiciales están siendo transformados en un armazón manipulado ya no al servicio de la producción de verdad sino de las arbitrariedades del poder concentrado. Ya no importa si algo es cierto, lo relevante es lo que se logra instalar, lo que se termina creyendo: eso se llama posverdad, una práctica gravísima para la democracia, que es una conquista de las clases populares para defenderse de los grandes poderes corporativos.
Hay un ataque que se personaliza en la Vicepresidenta aunque está dirigido a todo el pueblo argentino. Los métodos no difieren en mucho con lo que pasa en otros países, como en Brasil, con el encarcelamiento de Lula. Vale recordar al exjuez Sergio Moro, quien en su momento y basándose en su “íntima convicción” señaló: “no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas”. Significa que hay una amenaza que es más amplia y que abarca a todas las democracias latinoamericanas.
En la semana el Presidente Alberto Fernández firmó junto a Luis Arce (Bolivia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) un comunicado en el que manifestaron su apoyo a la vicepresidenta argentina. El mismo condena “rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos”. Dicha persecución, señalan, “tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores de ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”. Entre otras personalidades, expresaron su solidaridad Xiomara Castro (Honduras), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Pedro Castillo (Perú) y el exjuez español Baltasar Garzón.
Como dijo Cristina en el discurso a la ciudadanía que reemplazó al alegato que no le permitieron realizar: “no les importa nada, van por todo. Se los dije una vez antes de irme como Presidenta. No vienen por mí, vienen por ustedes. Por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados”. A su vez agregó: “nos piden 12 años de prisión por los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.
Todos y todas tenemos la obligación ciudadana de defender la democracia en las fábricas, en las oficinas, en las universidades, en los sindicatos, en las calles, y en todos los lugares en los que tengamos la oportunidad de hacerlo.