Página/12 | Opinión
La inflación es un fenómeno que preocupa, no sólo en Argentina. El FMI prevé en su último informe de octubre que la inflación global habrá alcanzado un valor máximo del 9,5 por ciento en el tercer trimestre y cerrará el 2022 en el 8,8 por ciento, niveles que no se han visto por décadas. Alemania, por ejemplo, finalizaría el año con una inflación del 8,5 por ciento y Países Bajos, con un 12 por ciento.
A la hora de pensar en las políticas, el FMI sostiene que “un endurecimiento excesivo crea el riesgo de que la economía mundial sufra una recesión innecesariamente severa”. Pero acto seguido también señala que los bancos centrales deben “mantener la mano firme en el timón y enfocar la política monetaria resueltamente en controlar la inflación”. En este contexto es de esperar entonces que no cesen las subas de las tasas de los principales bancos centrales, aun cuando Italia y Alemania entrarían el año próximo en recesión.
La manera de reducir la inflación no debe venir por el lado de las políticas generadoras de ajuste y desempleo, que terminan afectando a aquellos que se dice querer ayudar. Por experiencia propia bien sabemos que en gran medida la inflación obedece a la puja distributiva. También en Europa, donde las ganancias excepcionales o “caídas del cielo” de las empresas energéticas están en el centro de la discusión.
En Argentina, la puja distributiva se sostiene con más énfasis, dado que todos los factores que usualmente se invocan como generadores de la inflación han estado por detrás de los precios (tarifas, tipo de cambio y salarios).
En la presentación del proyecto de ley de Presupuesto, el ministro Sergio Massa habló de la existencia de “algunos sectores de la economía muy concentrados, que terminan impactando en las cadenas de valor de una manera casi dramática en términos de inflación”.
Tal como señaló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector (de las empresas alimentarias) y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.
El gobierno ya dio un paso importante para estabilizar el mercado de cambios mediante el Programa de Incremento Exportador, que permitió una significativa recuperación de las reservas. Con esta medida se enfrentó el golpe de mercado y los intentos de especular con el dólar, el segundo factor generador de inflación. En la dirección de seguir acumulando dólares en el BCRA, es importante el anuncio del pasado miércoles sobre un nuevo desembolso del BID de 700 millones de dólares, que se suma a los que acaba de realizar el FMI, y a los que estarán realizando el Banco Mundial y la CAF.
En paralelo, se sigue trabajando en colocar limitaciones a las salidas de divisas. Por ejemplo, con mayores impuestos, deducibles de Bienes Personales, sobre las importaciones de bienes suntuarios, que hasta el momento podían ser costeados con acceso al dólar oficial, sin diferenciaciones respecto de los sectores que importan insumos y piezas requeridas para la producción. También se están encarando mayores regulaciones sobre los pagos de pasajes fuera de nuestro país, paquetes turísticos y gastos con tarjeta (crédito más débito) en el exterior. De las 3 millones de personas que realizaron consumos con tarjeta en dólares en agosto último, sólo unas 200 mil con mayores gastos explican cerca del 80 por ciento de la totalidad de transacciones por estos conceptos.
Las medidas pasan tanto por incrementar los impuestos a cuenta para estas operaciones, como por fomentar su pago con divisas propias. En ningún caso limitan el acceso a bienes y servicios externos: buena parte de quienes viajan al exterior tienen ahorros en dólares fuera del sistema, con lo cual los pueden usar para viajar, y de esa forma no utilizar las reservas del país.
El panorama externo es muy complejo y las dificultades internas no son pocas, pero en ningún caso la respuesta pasa por la vuelta del neoliberalismo y del ajuste. Hay que darle continuidad al actual proyecto, dotando de más herramientas al Poder Ejecutivo, construyendo las mayorías necesarias en el Parlamento y sobre todo generando el convencimiento en la ciudadanía acerca de las políticas que hacen falta para que se garanticen sus derechos y se genere un crecimiento con una distribución cada vez más equitativa del ingreso.