Perfil | Opinión
Los resultados de las PASO han mostrado que la sociedad argentina, excluyendo a algo más del 30% que no concurrió a votar, está electoralmente dividida en tercios. El desafío de Unión por la Patria consiste en difundir sus propuestas y, al mismo tiempo, explicar que lo que plantea la oposición referenciada en Javier Milei y Patricia Bullrich ya se hizo en nuestro país y terminó muy mal. Su oferta de futuro es un pasado que fracasó.
Con esa visión, durante la semana el presidente Alberto Fernández criticó a los sectores que postergan “el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos”, reiteró que los problemas de los argentinos/as “no se resuelven sacando al Estado” y agregó que “el 70% del gasto público está orientado al sistema previsional y a la asistencia de los que más necesitan. ¿Qué van a ajustar?, ¿qué le van a sacar a los jubilados?, ¿qué es lo que quieren hacer?”.
Ambas oposiciones retornan al concepto que expresaba una de las frases de cabecera de la dictadura cívico-militar: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Esa ideología fue repuesta con fuerza en los 90 cuando ganaron la batalla cultural y desmantelaron una buena parte del aparato estatal. Más allá de diferencias de estilos, Milei y Bullrich vuelven a la misma consigna: reducir el Estado y desregular. Es el mismo plan que intentó llevar adelante Mauricio Macri a partir de 2016. Son los nuevos flautistas de Hamelin que quieren llevar el país al precipicio.
El candidato libertario insiste con su impugnación de lo que llama la “casta política”. Pero, ¿de qué se habla cuando se habla de casta?, ¿cuáles son los nombres propios de la casta?, ¿son los que se quedan con la parte más grande de la torta, concentrando los ingresos y la riqueza?, ¿los que en la Ciudad de Buenos Aires monopolizan los negocios inmobiliarios?, ¿los que en los 90 se quedaron con las empresas públicas y se han beneficiado con negocios fabulosos? ¿Son los beneficiarios de las concesiones de servicios públicos? Una tarea para esta etapa electoral es esclarecer quiénes integran la casta en la Argentina.
Los sectores de la economía concentrada en nuestro país, detestan al Estado y quieren llevarlo a su mínima expresión, pero muchos de ellos han construido sus fortunas valiéndose de ese mismo Estado. Hay innumerables ejemplos en la historia reciente. Uno de los más nítidos fue la estatización de la deuda privada durante la última dictadura cívico-militar, cuando se le transfirió a ese Estado que aborrecen US$ 23 mil millones de deuda privada. En ese período la deuda pública externa, que era de US$ 5 mil millones, trepó a US$ 32 millones. Es decir, se sextumiltiplicó; 23 mil millones de ese total provinieron de la estatización de la deuda externa privada. En dicha operación, se beneficiaron alrededor de setenta grandes empresas, muchas de las cuales continúan operando. Usaron, en beneficio propio, al Estado que denigran.
En este sentido, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, declaró: “Nosotros tenemos el compromiso de defender la inversión pública en la Argentina, porque es el modelo de país en el que creemos, porque creemos que el Estado tiene que achicar brechas, tiene que acortar asimetrías y tiene que devolverle, en servicios y en infraestructura, los impuestos a los ciudadanos”. Agregó que la discusión es: “modelo productivo, contra modelo financiero: o gobierna la Argentina del interior, la productiva, la del trabajo, la del cordón industrial del Gran Buenos Aires, la que cree en el desarrollo, en la movilidad social ascendente, o gobiernan las sesenta manzanas de la City y los esclavos de Wall Street”.
Mientras menos regulaciones del Estado haya, más regulan los poderes corporativos. Estos últimos no necesitan la protección de las leyes. Los que las necesitan son los más débiles, porque tienen menos fuerza en la relación con los poderosos. Entonces, todas las leyes deberían hacerse para proteger al débil porque el fuerte no las necesita. Hay dos modelos. Entre muchos otros pilares, uno promueve un Estado eficiente y al servicio de la mayoría de los argentinos/as; el otro, bajo el discurso de la antipolítica y de las antirregulaciones, propone un Estado al servicio de las minorías.