Página/12 | Opinión
El Gobierno volvió a “festejar” el dato de inflación de febrero, del 13,2 por ciento, tras el 20,6 por ciento de enero y el 25,5 por ciento de diciembre. En estos tres meses de gestión se acumula una suba de precios del 71,3 por ciento.
Tras conocerse el dato de febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo alusión a que “si se mira la inflación de marzo y se le saca el arrastre y la recomposición de precios relativos de transporte y prepagas, ya estamos en un dígito”. Ante la falta de estadísticas favorables, también se recurrió al argumento de que el mercado anticipaba una suba para febrero de “entre el 16 y el 17 por ciento”.
Difícilmente desde el Gobierno puedan convencer con esta clase de razonamientos a quienes tienen que afrontar las subas del boleto y de la salud y no registran una actualización de sus ingresos, y a quienes asiduamente compran en los supermercados. De hecho, uno de los grandes objetivos de la actual administración es generar un rotundo cambio de los precios relativos en contra de los salarios y las jubilaciones, y por lo tanto, una desmejora la distribución del ingreso.
Según el Indec, en febrero una familia tipo precisó 691 mil pesos para no ser considerada pobre. El aumento fue del 15,8 por ciento mensual con relación a enero, es decir, por encima incluso de la inflación. La canasta básica alimentaria requerida para no caer en la indigencia, en tanto, llegó a 323 mil pesos, un aumento del 13,1 por ciento. En este marco, en un reciente informe de UNICEF se afirma que, de mantenerse las políticas actuales, la pobreza infantil podría alcanzar el 70 por ciento y la indigencia en dicho segmento, el 34 por ciento en el primer trimestre del año en Argentina.
Falacias
Otra muletilla para justificar lo injustificable es que “en la primera semana de diciembre los precios crecían al 1 por ciento diario, lo cual anualizado da un 3.700 por ciento de inflación. Nos dejaron plantada una hiperinflación”, según reiteró esta semana el Presidente. En verdad, los datos anualizados de inflación de un día, o una semana, no son marcadores de la tendencia de la inflación. Se utilizan en esta columna sólo con el objeto de exponer su falta de razonabilidad. Siguiendo el mismo procedimiento, la primera semana de este mes mostró una inflación del 6,5 por ciento, lo que daría una inflación anualizada del 2.600 por ciento. ¿Cómo definimos entonces a esta variación? ¿Acaso como una híper?
Respecto del momento elegido por el gobierno para hacer los cálculos, la primera semana de diciembre, no hay que dejar de decir que las responsabilidades de esta gestión no arrancan el 10 de diciembre. De hecho, luego de la segunda vuelta eleccionaria, los formadores de precios sintieron que tenían vía libre para remarcar como querían. En ese entonces, Javier Milei se refirió a la regulación de precios como “una aberración”, anticipando que en su gestión la Secretaría de Comercio iba a dejar de existir “en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos” anteriores.
Los partidarios de la desregulación suelen afirmar que antes los precios estaban “pisados” y que las subas de ahora son normales. En realidad aquella situación no era para nada un demérito: anteriormente algunos gobiernos trataban de establecer regulaciones —con mayor o menor éxito— para que los formadores de precios no se abusaran y para que el consumo no se resintiera. Sin regulaciones, los que hoy se ven afectados son quienes viven de los ingresos fijos y las PyMEs que dependen del mercado interno.
Desregulación
En la semana, el gobierno llevó a cabo una ronda de conversaciones con las empresas productoras de bienes de consumo masivo y los supermercadistas para “solicitarles” que bajen sus precios. Pareciera un reconocimiento implícito de la especulación y la puja distributiva que rodean al fenómeno inflacionario, aunque la preocupación surge porque les complica su programa. Además, va en la línea del FMI que, con otras palabras, pidió que “no se les vaya la mano” con el ajuste y la licuación de ingresos.
Tras el encuentro con los empresarios se anunció el acceso más rápido a las divisas para importar bienes de consumo masivo y medicamentos que supuestamente compitan con los producidos localmente. Esta política ya se implementó en la dictadura, en los noventa y con el macrismo y terminó impactando de forma negativa en las PyMEs, en el empleo y en el consumo, afectando a su vez a la recaudación fiscal.
La situación es compleja: además de la licuación de los ingresos de la gran mayoría de la población, la producción está cayendo, el desempleo aumenta y la situación social es cada vez más complicada. Esta dinámica de ajuste y pérdida de derechos sólo podrá finalizar cuando los ajustados digan “basta”.