En las últimas semanas se han producido sucesos de distinto carácter, que han revitalizado una discusión eminentemente ideológica, que es el rol del Estado en la economía. Uno de ellos ha sido una nueva reunión en la Argentina de la Sociedad Mont Pelerin, una institución creada a instancias de Friedrich Von Hayek en 1947, cuando “muchos de los valores de la civilización occidental están en peligro”, según expresaron sus fundadores.
No llama la atención que la sociedad Mont Pelerin haya montado un seminario en la Ciudad de Buenos Aires para tratar “El desafío del populismo a la libertad en América Latina”. Si leemos su presentación en su página web, se expresa claramente que quienes la integran actualmente “han visto la fase ascendente del liberalismo económico y político en algunos países durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero también su aparente declinación en tiempos más recientes. Si bien no necesariamente comparten una interpretación común de las causas o las consecuencias, ven el peligro de la expansión del gobierno, en particular del Estado de Bienestar, del poder de los sindicatos y del monopolio de los negocios, y la continua amenaza y realidad de la inflación”.
La presente sería una discusión eminentemente conceptual si no fuera porque al seminario han asistido varios políticos que se proponen para distintos mandatos en las próximas elecciones, incluso muchos de ellos que ya están gobernando. Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, sin deslucir al resto, han mostrado su contundente presencia en esta actividad preocupada por los avances del “populismo”.
En este contexto, toma más importancia aún la decisión del Estado de jugar un rol más activo en la economía, a partir del decreto de Necesidad y Urgencia Nº 441/11 que permite a la Anses ejercer los derechos políticos; es decir, de votación en las asambleas, en forma proporcional a la cantidad de acciones que el Fondo de Sustentabilidad posee en 42 distintas empresas. Estas inversiones han sido heredadas del sistema de las AFJP, como así también la limitación a participar en más del 5 por ciento en el voto en cada empresa, restricción que el decreto eliminó. Cabe destacar que la Anses no ha invertido por sobre lo que heredó de las AFJP, lo cual evidencia la intención de no tener mayor participación económica en las empresas. El decreto muestra entonces una decisión absolutamente lógica de un Estado que pretende hacer valer los derechos que posee, que no quiere seguir teniendo el rol de Estado ausente que se le asignó en los noventa, y que pretende ejercer el protagonismo que le corresponde.
En ninguna empresa la Anses tiene mayoría accionaria. Entonces, su presencia interesa para defender los fondos invertidos, con una actitud atenta, vigilante y crítica, asegurando los mejores resultados para las empresas y que los mismos terminen engrosando el Fondo de Sustentabilidad que tiene el sistema provisional.
Las compañías pueden financiarse a través de obligaciones negociables u otros créditos. El atractivo de las acciones para las empresas es que, de la misma forma que el inversor participa en las ganancias, también lo hace en las pérdidas, y de allí que para compensar semejante riesgo, que es el riesgo propio de la compañía, se otorgan derechos políticos.
Por esta cuestión, ningún privado aceptaría invertir en una empresa el 20 por ciento o el 30 por ciento del capital accionario y tener el 5 por ciento de peso en las decisiones. Entonces, no resulta equitativo imponerle esa restricción al Estado.
Varios empresarios, que poseen participación de la Anses en su capital, han expresado su acuerdo con la medida, basados en el hecho de que, hasta el momento, han venido trabajando con comodidad, y no han puesto reparos a la designación de nuevos directores de la Anses en sus firmas. Sin embargo, otras empresas han resistido decididamente el decreto, en parte porque no desean el contralor del Estado, en parte por un enfoque ideológico.
Es este enfoque ideológico que plantea la concepción del Estado inactivo, aquel que debe estar solamente para acudir en auxilio de los grandes grupos privados cuando tienen dificultades, con subsidios, con exenciones impositivas, pero jamás para hacer valer a pleno sus intereses y sus derechos. Cuando las acciones estaban en poder de las AFJP, y se derrumbaron por el crack internacional de 2007 (generando un grave perjuicio a los trabajadores que se jubilaban en ese momento, con un fondo que era muy menor al que tenían antes de la crisis), ninguna empresa emitió opinión alguna: los inversores asumían riesgos y se tenían que hacer cargo, según su visión. Ahora que están ganando buen dinero, no quieren que esos mismos trabajadores y jubilados, representados a través de la Anses, ejerzan sus derechos políticos. Es la esencia del capitalismo: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Ante ello debemos oponer la importancia del Estado como regulador de la economía y, en este aspecto, conviene remarcar que los derechos e intereses del Estado que se están defendiendo con el decreto 441/11 son, en definitiva, los del conjunto de la sociedad.
Hubo un tema que no fue suficientemente debatido en esta discusión, y tiene que ver con el potencial de la economía mixta, aquella en la cual el Estado y los privados participan conjuntamente para obtener una eficiencia no sólo empresaria, sino también social. Quienes venimos del cooperativismo, tenemos bien en claro que no existe una diferenciación tajante entre interés privado y público.
Nuestras organizaciones cooperativas pertenecen a la economía privada, pero son gestionadas colectivamente, a través de la democracia participativa. Hemos venido proponiendo, desde el IMFC, la importancia de ese gran conglomerado que es la economía pública, integrado por las empresas estatales (con participación en su dirección del Estado, de sus trabajadores y de los usuarios), las empresas mixtas y las empresas de la economía social.
Economía pública
Hay innumerables ejemplos a escala internacional de grandes compañías transnacionales que tienen capitales privados y estatales, en los rubros más estratégicos de la actividad económica. Y que son altamente eficientes.
Por ello, para fomentar esta economía pública, es esencial la revalorización del rol del Estado, que el Gobierno ha venido persiguiendo con la nacionalización de las AFJP, la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, los más de dos millones de beneficiarios de la seguridad social que se han incorporado gracias a distintas moratorias y el crecimiento en términos reales de sus haberes. La creación de la Asignación Universal por Hijo, un insistente reclamo de la sociedad, y la ampliación de sus beneficios, entre los que se cuenta la reciente asignación a las embarazadas, se orientan en el mismo sentido.
La presencia de un Estado activo se observa también en las medidas concretas. Junto con la puesta en marcha de la extensión de la Asignación Universal a las embarazadas, se anunció también la vacunación contra la neumonía, la ampliación de descuentos en la compra de medicamentos para los jubilados y un convenio de turismo entre el PAMI y Aerolíneas Argentinas.
Son decisiones que exceden el plano económico. La extensión de la Asignación Universal para embarazadas, a partir de la décimo segunda semana de vida, está orientada a disminuir la mortandad infantil, de la cual, la mitad se produce por causas evitables que están íntimamente vinculadas con las enfermedades pre-natales.
El acuerdo entre el PAMI y Aerolíneas Argentinas, que posibilitará a 70.000 jubilados tener acceso a 8 días de recreación totalmente gratis en varios centros turísticos, tiene un gran valor simbólico, puesto que evidencia las ventajas que puede generar un Estado activo. Ello surge de las palabras de la Presidenta que calificó al convenio como una actividad “que podemos hacer hoy porque hemos recuperado el PAMI, hemos recuperado Aerolíneas Argentinas, para hacer este tipo de reparaciones, para hacer un Estado de equidad, un Estado de justicia”.
El neoliberalismo está recuperando vitalidad. El temario de la reunión de Mont Pelerin en la Argentina y el ajuste impuesto a los países europeos, al mejor estilo de los aplicados en los noventa en los países periféricos, dan claras evidencias de ello.
Por lo expuesto, para sostener el modelo hay que seguir profundizándolo, con una mayor presencia del Estado en la economía, indispensable para que se pueda alcanzar una significativa mejora en la distribución del ingreso. El neoliberalismo acecha, pero las fuerzas populares tienen la potencialidad de continuar con el modelo iniciado en 2003 y que está progresando cada vez más. Las próximas elecciones serán un hito fundamental que definirá hacia qué lado se mueve el fiel de la balanza.
Esta nota fue publicada en la Revista Debate el 28.04.2011
Recuerdo aquel cartelito pegado en el parabrisas de un automovil en tiempos de la última dictadura: ESTADO CHICO PAIS GRANDE. Así, el pueblo, nuestro pueblo, fue convencido de que los que pretendían “achicar el Estado” buscaban “agrandar la Nación” para benefício y beneplacito de todos. Y para los desconfiados de siempre renacía la sospecha de que, estos benefactores de cuño derechoso deseaban engordar al país, o agrandarlo, como el lobo dese a siempre engordar a las ovejas.
Pues señores, desde mi humilde y modestísima opinión, el Estado (Es decir todos nosotros) debe participar activamente en todas las decisiones que se tomen en lo económico (Entiéndaseme bien: EN TODAS). Resulta válido suponer que este actúa en beneficio de si mismo, es decir de todos; del mismo modo, resulta igualmente válido imaginar que cada empresario privado actúa en función de sus propias utilidades y no como una organización solidaria, este más allá o más acá del bien común.
En definitivo, si de capitalismo hablamos, prefiero a Keynes antes que a Milton Fiedman.