 Es notable la cantidad de páginas y horas de televisión y radio que hemos escuchado y leído con informaciones o trascendidos de lo que supuestamente dijo el embajador Sadous en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sucedida el 23 de junio pasado.
Recuerdo que en esa reunión, mientras Sadous exponía, le pregunté dos veces al Presidente de la Cámara cuál era el alcance del secreto que la comisión había establecido, porque mientras sesionábamos “en secreto”, mis colaboradores me contaban que algunos diputados, que ya habían abandonado el recinto, estaban haciendo declaraciones a la prensa sobre lo que sucedía adentro.
De todos modos el problema real se desborda el 30 de junio cuando Clarín escribe en una nota que, “según la versión taquigráfica”, a Sadous no le cabía la menor duda de que Kirchner estaba al tanto de todo.
Ya que Clarín consiguió, vaya a saber por qué medios, la versión taquigráfica, y que la reunión mantenida en el Congreso es un “secreto a voces”, junto a los diputados del Bloque Nuevo Encuentro pedimos, el pasado 30 de junio en sesión del Congreso, que oficialmente se de a conocer la transcripción de la reunión.
Creemos que, por una cuestión elemental de respeto a la ciudadanía y a la opinión pública, y en vistas de la cantidad de violaciones al secreto que ha tenido este secreto, es hora de que esa versión taquigráfica se conozca en su totalidad para que quede absolutamente claro qué se dijo, cómo se dijo, qué se preguntó y cuáles son las certezas que pueden surgir de las declaraciones del embajador Sadous.
 Tal vez muchos amantes del neoliberalismo crean que la Ley de Servicios Financieros que presentamos con el bloque Nuevo Encuentro inviabilizará el sistema financiero, pero lo cierto es que nadie está pensando en destruirlo, al contrario, lo que estamos intentando hacer es defender de manera más eficaz los derechos de los usuarios.
La ley de entidades financieras que actualmente nos rige es una ley que fue concebida como uno de los pilares de la dictadura militar. Era un proyecto pensado para influir decisivamente en la construcción del modelo neoliberal. Esta es la principal razon por la que necesitamos una ley a la altura de una sociedad basada en otros valores, como la mejora en la distribución de la riqueza, y con un rol más efectivo del Estado.
La Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social apunta a un crecimiento de la pequeña y mediana empresa y a que los servicios financieros estén al alcance todos ciudadanos, independientemente de su condición económica o su ubicación geográfica.
Este proyecto tiene dos ejes:
1. La actividad financiera es un servicio público que el Estado debe garantizar para todos
2. La actividad financiera debe ser pensada desde los usuarios y no desde las entidades.
Los próximos pasos que daremos con este proyecto es abrir un proceso de opinión a todos los sectores: desde las organizaciones de bancos hasta las de consumidores, y desde las pequeñas empresas y cooperativas hasta las organizaciones de economías regionales y sindicatos, porque desde Nuevo Encuentro creemos que la participación tiene que ser lo más amplia posible.
 El aumento de la mínima jubilatoria al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil es un reclamo absolutamente justo y un objetivo que es posible alcanzar. Para ello es necesario generar un debate amplio y democrático sobre la forma de financiación, que debe estar exento de mezquindades, especulaciones y falsos posibilismos; un debate profundo como el que supimos darnos en los últimos tiempos con algunas leyes importantes, como la de Servicios de Comunicación Audiovisual o la de matrimonio entre personas del mismo sexo; escuchando las opiniones de actores sociales, económicos, académicos, representantes de organizaciones del sector y especialistas.
Es importante que desde el Congreso abramos una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas; con un beneficio directo sobre el 72 por ciento de los trabajadores jubilados, que pasarán de los 895 pesos actuales a 1230 pesos de haber mensual. Ese reclamo, que ha sido bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo, encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, a partir de que se consiguió organizar un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el existente hasta hace menos de una década, mejorando la recaudación y la gestión de la Anses, terminando con el negocio especulativo de las AFJP, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que rondaron casi un 500 por ciento desde el 2003 y estableciendo por ley una actualización semestral de los haberes. Todos esos pasos, que desde Nuevo Encuentro compartimos y apoyamos, merecen ser continuados con una medida redistributiva como ésta, de enorme impacto económico y social en el país y que cobra aún más importancia luego de que en Argentina se recuperó la discusión periódica sobre el salario mínimo, vital y móvil.
Somos conscientes de que esta propuesta es enarbolada también por dirigentes que persiguen otros objetivos, más vinculados a perjudicar la gestión del Estado por parte del gobierno nacional que a concretar el merecido sueño de quienes trabajaron y hoy no tienen ingresos suficientes. Esos dirigentes -integrantes de expresiones políticas que, cuando gobernaron y también desde funciones legislativas, se encargaron de destruir el sistema previsional, vaciar la Anses y el PAMI, recortar los haberes y regalarles un jugoso negocio a los bancos a través de la creación de las AFJP- son los mismos que cada vez que pueden le niegan al país la posibilidad de consolidar un esquema tributario más justo, tal como quedó expresado en 2008 con el debate sobre las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. El cinismo, la hipocresía y la especulación de aquellos dirigentes -reunidos en el Congreso bajo la identificación de Grupo A- pueden llevar a que un reclamo justo y posible de ser implementado derive en un grave daño en el corto, mediano y largo plazo, que afectará sobre todo a los sectores de menos recursos, incluidos los propios jubilados a los que se dice querer amparar con la medida.
Seguir leyendo
 En octubre de 2009, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1602/09. El mismo estableció un sistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social destinado a aquellos menores residentes en la Argentina que no percibían la asignación familiar contributiva y que pertenecían a grupos familiares desocupados o con desempeño en la economía informal. De este modo, se extendía la protección básica a chicos cuyos padres son cuentapropistas, trabajadores no registrados o trabajadores temporarios. En total, un 40 por ciento de la fuerza laboral.
Los resultados se notaron rápidamente y hoy ya son verificables. Según estudios realizados por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), del Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los índices de indigencia se redujeron entre un 55 y un 70 por ciento desde la puesta en marcha de la asignación por hijo, retornando así a los mejores niveles de la historia del país. Al mismo tiempo, la brecha de desigualdad se redujo en un 30 por ciento, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América latina. Argentina es el país de Latinoamérica que destina el mayor porcentaje de su PBI para asistencia social, alcanzando un índice del 0,58 por ciento.
Sobre estos resultados, nuestro bloque de diputados presentó un proyecto de ley para ir por más. Sobre el éxito de la medida, nos proponemos profundizarla. Por ello, el proyecto tiene por objetivo establecer por ley este beneficio y a su vez introducirle una serie de modificaciones que permitan expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar la mayor inclusión posible.
Nuestro proyecto incluye, entre otros sectores no contemplados, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente el techo establecido en la ley. A su vez, el monto de las asignaciones se equipara a la escala percibida por los trabajadores en relación de dependencia. Se agrega a esto un plus anual por escolaridad con el fin de llegar a los sectores recientemente incluidos en la Ayuda Escolar Anual que perciben los trabajadores formales alcanzados por la Ley 24.714. El costo aproximado anual de la implementación de esta medida asciende a 14.000 millones de pesos. Las alternativas de financiamiento posible contemplan desde la reformulación de los distintos subsidios, de los regímenes de promoción económica y exenciones de los que gozan los capitales más concentrados, pasando por la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes), hasta una reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas corporaciones, incluidas las extractivas, y que deterioran el perfil productivo.
La propuesta también incluye la reformulación de los planes sociales dirigidos a los menores. Ante ciertos planteos de la derecha más elemental que intenta deslegitimar el proceso de distribución del ingreso que encarna la Asignación Universal por Hijo, nosotros proponemos profundizar la medida. Porque no se trata de ir para otro lado. Se trata de ir más a fondo.
Esta nota fue publicada en el diario Página/12 el día 29 de mayo de 2010
El lunes 27 de junio, Télam publicó en su sitio Web una nota en la que varios economistas argentinos comparaban la reforma financiera de los Estados Unidos con la que presentamos en el Congreso junto a el bloque Nuevo Encuentro.
Enrique Dentice, economista Senior de la USAM, entiende que en Estados Unidos se trata de “regular y supervisar el sistema para que esté al servicio de la producción y no al de la especulación financiera”.
De la misma manera, en nuestro proyecto, proponemos que los bancos incentiven la política de crecimiento, tal como lo explica Dentice: “que no se diluya el puente de plata entre el ahorro y la producción”.
Osvaldo Cado de la consultora Prefinex cree, por su parte, que el proyecto de reforma norteamericano tiene dos lecturas: una política y otra técnica: “La política es que después de la crisis, el gobierno norteamericano quiere demostrar cambios para evitar que vuelvan a surgir burbujas; en cuanto a la técnica, se determinan nuevas reglamentaciones, estableciendo controles en las transacciones financieras”, tratando de evitar que al caer mega bancos el sistema financiero se desestabilice. Este es, para Cado, el punto de la reforma estadounidense que más se parece a nuestro proyecto.
Si bien la ley de Servicios Financieros es anterior a la reforma impulsada por Barak Obama, son notables las coincidencias. Otro dato más que nos indica que hasta en las economías más capitalistas se está pensando en poner un freno a la especulación financiera, y que a pesar de la reticencia del mercado a ser regulado, no queda otro camino.
|
|
Es notable la cantidad de páginas y horas de televisión y radio que hemos escuchado y leído con informaciones o trascendidos de lo que supuestamente dijo el embajador Sadous en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sucedida el 23 de junio pasado.
Procesando ...
