 El tema de las importaciones tiene dos cuestiones que son muy importantes y que deberían preocuparle a la sociedad en su conjunto. Una es el tema del superávit comercial, es decir exportar más de lo que se importa; y la otra es la sustitución de importaciones.
Esta última se está presentando en los medios de una manera que suena hasta ridícula. He leído artículos criticando que en las listas de casamiento ya no se pueden incluir planchas importadas, o que ya no se consiguen quesos franceses u holandeses. Cualquiera podría decirme que se trata de humoradas, pero lamentablemente no, los planteos son muy en serio. Se refieren a que ciertos sectores están privados del acceso a ciertos bienes.
Según lo veo yo, creo que en realidad lo que se esta sustituyendo es la posibilidad de trabajo argentino, porque nuestro país lo que necesita es seguir trabajando en un programa de inclusión y de generación de empleo. Esto es, que todo lo que se pueda producir en el país y se pueda proteger dentro de las reglas de los acuerdos internacionales (como la Organización Mundial de Comercio) y que permita proteger la industria nacional y sustituir importaciones, es favorecer trabajo argentino y ayudar a consolidar este proceso.
Lo que sí es necesario revisar es la aplicación de la reglamentación. Es decir, que se haga con inteligencia y no se frene la entrada de aquellos insumos que hacen falta en los procesos productivos, como drogas que forman parte de las necesidades de los laboratorios o maquinas imprescindibles, porque esto jugaría en contra del efecto que se esta buscando. Es necesario que no sea burocrático ni discrecional y que efectivamente proteja a la producción nacional.
 La implementación de las recientes
medidas cambiarias recupera la soberanía estatal sobre el mercado de divisas, sin restringir normativamente las operaciones, pero controlando el origen lícito de los fondos. La primera medida que se ha tomado está vinculada con la obligación para las hidrocarburíferas y mineras de liquidar el ciento por ciento de las divisas de sus exportaciones, una excepción injustificable que se originó en los noventa; ésta es una medida que hace rato venimos reclamando.
En 1991, por un decreto de Carlos Menem y Domingo Cavallo, se estableció que las petroleras estaban obligadas a liquidar en el país al menos el treinta por ciento de los dólares provenientes de sus exportaciones, es decir, podían dejar en el exterior el setenta por ciento de las divisas obtenidas por la exportación. En el caso de las mineras no tenían obligación de liquidar monto alguno, y podían dejar el ciento por ciento de las divisas afuera.
El decreto 1.772, firmado por Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a instalar la obligatoriedad de la liquidación de divisas para todas las exportaciones, establecida en el decreto 2.581 del 10 de abril de 1964, firmado por el entonces presidente Arturo Illia, y se fundamenta en “razones de equidad, habiéndose modificado las circunstancias que dieran origen a las excepciones aludidas”.
Podría pensarse que la circunstancia que determinó la exención fueron las ideas del Consenso de Washington y la férrea adscripción del gobierno de Menem al neoliberalismo, que instaló un “pacto de estabilidad fiscal” a las mineras a través de la ley 24.196, de mayo de 1993, por el cual el gobierno no puede cambiar las condiciones originales pactadas en los contratos. De todas formas, hubo un interregno a partir de diciembre de 2001, cuando estuvieron obligados a liquidar las divisas -hasta febrero de 2003- cuando Eduardo Duhalde volvió a instalar la normativa de 1991 por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Hay que destacar que, en los últimos años, el sector petrolero y minero, en conjunto, liquidaron entre el setenta y el ochenta por ciento de sus exportaciones, y puede calcularse que, de haber liquidado la totalidad de ellas, habrían ingresado en el último año en las Reservas Internacionales cerca de tres mil millones de dólares más, un monto significativo. Pero analizando estos datos, no aparece la medida como una mera decisión para obtener más reservas, sino para subsanar una excepción injustificable que poseían dos actividades extractivas, en especial la minera.
El decreto corrige una inequidad, ya que no existían razones para un tratamiento diferencial respecto de las otras exportaciones, cuando, precisamente, son exportaciones mucho más valiosas porque indican la pérdida por ventas al exterior de recursos naturales no renovables, y cuya actividad, además, produce un deterioro ambiental muy fuerte.
Sin embargo, estas empresas están gozando de ganancias excepcionales, derivadas del fuerte aumento de los precios de esas materias primas en el exterior, en especial del oro, y no resulta coherente que esos resultados excepcionales sean usufructuados por un sector determinado de la sociedad, que para obtener los mismos no generó mayores inversiones, sino que derivan de una situación externa a las condiciones de las explotaciones.
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 Desde la salida de la convertibilidad se ha venido transitando un sendero económico de crecimiento que permitió incluir a amplios sectores de la sociedad, históricamente postergados a raíz de la implementación de las políticas económicas del Consenso de Washington. En esta nueva etapa, el Estado pasó a ocupar un rol importante en la asignación de los recursos económicos y permitió sortear los efectos más nocivos de la crisis internacional. Entre algunas de las medidas, en el plano social se puede mencionar la Asignación Universal por hijo y los cambios en el sistema jubilatorio, mientras que también se avanzó en la esfera de la economía real mediante la planificación estratégica de sectores clave, el fomento de la ciencia y la tecnología, el uso de medidas de protección comercial para paliar los efectos de la crisis; a la par que se avanzó en la profundización de los vínculos con los otros países de la región.
Somos conscientes de que aún hay muchos temas pendientes, pero también sabemos que la mejor forma de solucionarlos demanda profundizar muchas de las políticas adoptadas hasta el momento. Nos lo dice la experiencia propia, pero también los problemas que hoy atraviesan las economías desarrolladas.
Esbozando una enumeración sucinta, entre los temas pendientes está el de consolidar las mejoras del mercado laboral y atacar de manera decidida la problemática de la informalidad laboral, la necesidad de hacer más eficientes algunas herramientas de política comercial e industrial, para evitar los cuellos de botella característicos de nuestra economía. También está la cuestión de los subsidios a la energía y al transporte, que deben reconvertirse para que lleguen sólo a quienes los necesitan, y de esa forma redireccionar parte importante de este significativo gasto a otros usos sociales más acuciantes.
Siempre decimos que los niveles de pobreza e indigencia son inaceptables y, si bien se ha avanzado significativamente en este aspecto, seguimos ratificando que la única tasa aceptable de pobreza es cero. En lo inmediato, habría que ajustar el monto de la asignación universal, para que mantenga el poder adquisitivo que tenía cuando se implementó.
Desde luego, hay cuestiones más estructurales en las que habrá mayores resistencias, porque van al nudo de la herencia neoliberal, y son precisamente aquellas en las que hay que empezar a avanzar de una vez. En esta categoría ingresan la denuncia de los tratados bilaterales de inversión firmados en los noventa, la rediscusión del uso de los recursos estratégicos como el petróleo y la minería, la gestación de una reforma progresiva del sistema impositivo, y el cambio de la actual Ley de Entidades Financieras, tema en el que, junto con la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hemos estado trabajando activamente desde el Congreso.
La tarea no es sencilla, pero esta senda de profundización del modelo debe ser sostenida y fomentada por la ciudadanía con su participación a través de las diversas organizaciones políticas y sociales.
Esta nota fue publicada en la revista dosmildiez #48 de octubre de 2011.
 Es muy común escuchar que “el gobierno se financia con el dinero de la ANSES” y, muchas veces, esa frase es repetida sin siquiera pensar qué significa.
Yo he dicho varias veces que para un jubilado –o mejor aún- para un potencial jubilado, no hay mayor garantía de que en un futuro cobrará que el hecho de que haya mucho empleo en blanco que pague aportes.
Cuando existían las AFJP, éstas invertían en acciones de empresas transnacionales y títulos de países extranjeros. Es muy probable que de existir las AFJP hoy tendríamos en el fondo títulos griegos o portugueses. Muy por el contrario, el fondo de garantía de sustentabilidad que administra el ANSES tiene una porción que se destina a la economía real. Esta porción, que al momento de la estatización era el 2%, se multiplicó por seis, es decir que el 12% del fondo de sustentabilidad se destina a proyectos productivos.
Entre esos proyectos se encuentran obras públicas de infraestructura vial, energética, hídrica, y de construcción de viviendas. Por ejemplo, pocos saben que en mayo del 2011 se incorporó el Programa Federal Plurianual Construcción de Viviendas en la Provincia de Buenos Aires y otros en el Chaco, La Rioja y Mendoza, y que con esos fondos además de construir y resolver problemas sociales, se está generando trabajo. Otro ejemplo de financiación es el de Atucha, donde se invierte parte de los fondos para mejorar el balance energético.
Si tomamos nada más que las inversiones en infraestructura, entre mayo del 2010 y mayo del 2011 hubo un aumento del 90% en la inversión en proyectos de esta índole. Es decir, se está generando trabajo y, obviamente, aumentando los recursos del sistema previsional. Ya lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a hacer: lo que le da sustentabilidad al sistema, es que se reciban nuevos aportes constantemente.
Entonces, utilizar los recursos en proyectos productivos, es la mejor manera de resguardarlos. Porque existe rentabilidad social gracias a estos proyectos, es decir, influyen en el funcionamiento general de la economía porque son generadores de empleo formal, atrayendo mayores ingresos para la seguridad social.
Creo necesario resaltar el círculo virtuoso de haber recuperado el manejo de los fondos previsionales, simplemente porque fueron puestos en función de un proyecto de país. Los privatistas, que critican la re-estatización del sistema previsional, se ponen locos al ver que esos fondos están volcados a proyectos productivos, que además generan puestos de trabajo, viviendas sociales y energía, porque termina demostrando que todo lo que ellos decían era una gran mentira.
 La semana pasada la presidenta lanzó el programa de radarización Escudo Norte, y fue en este marco que habló sobre la seguridad y cómo atacarla desde distintos frentes a la vez.
Dijo la presidenta al respecto: “Cuando construimos escuelas, cuando construimos caminos, cuando el que no tiene trabajo tiene una Asignación Universal para poder llevarles alimentos a los hijos, cuando nuestros viejos tienen las jubilaciones que les corresponden, cuando más de 5 millones de argentinos tiene trabajo, también estamos luchando contra la delincuencia. Por eso es muy importante avanzar en el desarrollo y el crecimiento social; y es muy importante avanzar en el desarrollo defensivo, logístico y tecnológico para dar la otra parte del combate. Se combate en los dos frentes: en el frente militar y en el político, social y económico. Son los dos combates que tenemos que dar contra la delincuencia“.
Mucho se había criticado la falta de radares en el norte argentino como un lugar de acceso de distintas formas delictivas, entre las que el narcotráfico y la trata de personas ocupan un lugar principal. Por eso ayer se puso en conocimiento el Decreto 1091, que plantea la conformación de lo que se llamó el Operativo Escudo Norte, que además de radares, dispone de aviones, helicópteros y una cantidad determinada de uniformados para estar patrullando estas zonas de frontera, básicamente en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Santiago del Estero.
Pero como bien dijo la Presidenta, la inseguridad se ataca desde varios frentes. Por eso al mismo tiempo que se instalan radares, hay que trabajar para la contención social, de manera que los sectores más vulnerables encuentren vías de solución a sus necesidades elementales a través de planes de inclusión social.
Por eso, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la protección a través de una red de radares (una asignatura pendiente importante y que se acaba de comenzar a resolver) por un lado, y brindar soluciones a los problemas de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia social, son todas medidas que ayudan para ir resolviendo los problemas de la seguridad.
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El tema de las importaciones tiene dos cuestiones que son muy importantes y que deberían preocuparle a la sociedad en su conjunto. Una es el tema del superávit comercial, es decir exportar más de lo que se importa; y la otra es la sustitución de importaciones.
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