 Me gustaría analizar algunas cuestiones que hacen a la solidaridad previsional. Primero es necesario comprender que los fondos de la ANSES no están compuestos sólo de aportes de los trabajadores y de los empresarios. De hecho, el 40% de los fondos provienen de aportes tributarios. En este sentido, hablar del dinero de la ANSES no equivale a hablar del dinero de los jubilados.
Re-estatizar las jubilaciones fue el primer paso para llegar a la solidaridad previsional. El régimen de capitalización individual instaurado durante el menemismo excluía a gran parte de la población que al haber sido explotada durante años trabajando en negro, no iban a acceder a una jubilación. Era el sistema del “arréglese quien pueda”.
Gracias a que volvimos a un sistema de reparto, dos millones cuatrocientas mil personas, a las que se les había negado la posibilidad de jubilarse, hoy perciben una jubilación mínima. Y no se trata de mirar el ombligo propio y decir “yo aporté toda mi vida y aquél nunca, sin embargo percibe lo mismo que yo”. Se trata de pensar qué modelo de país queremos: uno exclusivo e individualista; o uno inclusivo, en el que haya cada vez menos desigualdad.
Para mantener un sistema de reparto, es necesario que existan cuatro trabajadores activos por cada pasivo. Hoy por hoy en la Argentina, el sistema se mantiene a duras penas con 1,4 aportantes.
La seguridad del futuro jubilado que va a cobrar es que haya muchos trabajadores activos aportando. Es por esta razón que no podemos estar de acuerdo con aquellos que opinan que el dinero de la ANSES debe ser un fondo intangible. Lo cierto es que cuando ese fondo se utiliza para ayudar a generar empleo desarrollando obras de infraestructura, para financiar actividades productivas, se está generando posibilidades de que haya más empleo que nos ayude a aproximarnos a esos cuatro trabajadores activos por cada pasivo indispensable para que el sistema jubilatorio sea sustentable. Esta es la verdadera defensa del jubilado.
 La súbita preocupación del autodenominado Grupo A por la justicia social resulta, aparentemente, incomprensible dada su férrea oposición a todas aquellas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo tendientes a desmontar la herencia del neoliberal-conservadurismo desde 2003 a esta parte.
Para comprender esta aparente paradoja hay que ir más allá del debate alrededor del objetivo de lograr el 82 por ciento móvil de las jubilaciones.
Hay que mirar el proceso político más general, inscripto en la batalla fundamental del actual período histórico: desandar los caminos empujados a partir de la dictadura genocida desde 1976. La etapa abierta allí fundó un nuevo régimen de acumulación apoyado en el terrorismo de Estado. Como bien denunció Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar, el aniquilamiento masivo contra los cuerpos y el despojo de los bienes y los derechos de los militantes populares tuvo un sentido que trascendía esos crímenes horrendos: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Ese plan, instrumentado para la región por golpes de Estado sangrientos en los años setenta, abrió las compuertas para la instalación de los proyectos neoliberal-conservadores, y el año 2001 expresó en nuestro país un agotamiento de ese proyecto de orden social.
¿Qué región y qué país encontró ese fin de ciclo?
Una América Latina desunida, subordinada a los mandatos imperiales de Estados Unidos, que transitó irresponsablemente por las calles de las “relaciones carnales” y la imposición de las fórmulas ruinosas del Consenso de Washington.
La aplicación sistemática de esas fórmulas se expresó en procesos de concentración y extranjerización de la economía, subordinación a los vaivenes del mercado financiero internacional, elevadísimos costos sociales en términos de desigualdad, exclusión, desempleo. Cualquier indicador social revela los efectos catastróficos que ratifican los pronósticos de Rodolfo Walsh.
En términos económicos, el modelo de acumulación se fundó en políticas exportadoras en detrimento del mercado interno, desplegando una economía de servicios -a expensas de una economía productiva- con sus consecuencias en términos del nivel y calidad del empleo.
La privatización de las jubilaciones resultó no sólo un mecanismo fraudulento contra los trabajadores aportantes sino un muy eficaz dispositivo de vaciamiento del Estado, convertido en garante, en última instancia, de administradoras que estimularon irresponsablemente un capitalismo especulativo.
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 En octubre de 2009, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1602/09. El mismo estableció un sistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social destinado a aquellos menores residentes en la Argentina que no percibían la asignación familiar contributiva y que pertenecían a grupos familiares desocupados o con desempeño en la economía informal. De este modo, se extendía la protección básica a chicos cuyos padres son cuentapropistas, trabajadores no registrados o trabajadores temporarios. En total, un 40 por ciento de la fuerza laboral.
Los resultados se notaron rápidamente y hoy ya son verificables. Según estudios realizados por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), del Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los índices de indigencia se redujeron entre un 55 y un 70 por ciento desde la puesta en marcha de la asignación por hijo, retornando así a los mejores niveles de la historia del país. Al mismo tiempo, la brecha de desigualdad se redujo en un 30 por ciento, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América latina. Argentina es el país de Latinoamérica que destina el mayor porcentaje de su PBI para asistencia social, alcanzando un índice del 0,58 por ciento.
Sobre estos resultados, nuestro bloque de diputados presentó un proyecto de ley para ir por más. Sobre el éxito de la medida, nos proponemos profundizarla. Por ello, el proyecto tiene por objetivo establecer por ley este beneficio y a su vez introducirle una serie de modificaciones que permitan expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar la mayor inclusión posible.
Nuestro proyecto incluye, entre otros sectores no contemplados, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente el techo establecido en la ley. A su vez, el monto de las asignaciones se equipara a la escala percibida por los trabajadores en relación de dependencia. Se agrega a esto un plus anual por escolaridad con el fin de llegar a los sectores recientemente incluidos en la Ayuda Escolar Anual que perciben los trabajadores formales alcanzados por la Ley 24.714. El costo aproximado anual de la implementación de esta medida asciende a 14.000 millones de pesos. Las alternativas de financiamiento posible contemplan desde la reformulación de los distintos subsidios, de los regímenes de promoción económica y exenciones de los que gozan los capitales más concentrados, pasando por la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes), hasta una reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas corporaciones, incluidas las extractivas, y que deterioran el perfil productivo.
La propuesta también incluye la reformulación de los planes sociales dirigidos a los menores. Ante ciertos planteos de la derecha más elemental que intenta deslegitimar el proceso de distribución del ingreso que encarna la Asignación Universal por Hijo, nosotros proponemos profundizar la medida. Porque no se trata de ir para otro lado. Se trata de ir más a fondo.
Esta nota fue publicada en el diario Página/12 el día 29 de mayo de 2010
 Nuestro Bloque “Nuevo Encuentro Popular y Solidario” presentó la semana pasada un proyecto para ampliar la Asignación Universal por Hijo. La iniciativa aspira a consagrar por ley una medida que el gobierno implementó por decreto al tiempo que equiparará el derecho de los trabajadores formales con los informales, los desocupados, los autónomos y los monotributistas.
Se trata de recoger lo dispuesto por el Gobierno el año pasado, que tuvo un excelente impacto social, e incorporarle algunos aspectos importantes que se vienen trabajando con diversas organizaciones sociales.
El proyecto suma a trabajadores autónomos y monotributistas que declaran ingresos hasta 4 mil pesos y conserva en la misma proporción de la escala salarial sobre la cual se establecen los montos que perciben los trabajadores formales por salario familiar.
A diferencia de otros proyectos también presentados por otras bancadas, el de nuestro bloque propone igualar la proporción asignada por escolaridad para aquellos alumnos que concurran a escuelas públicas y privadas. Sucede que quienes escolarizados en establecimientos que no son estatales pierden los 36 pesos adicionales (a los 144 mensuales).
Nuestro bloque está convencido que este es, en definitiva, un proyecto que amplía y consagra por ley un derecho a favor de una distribución más justa de la riqueza.
 En el año 2010 se cumplen doscientos años de una Revolución inconclusa. ¿Qué lectura debemos hacer desde el presente para contribuir a que se puedan consolidar los sueños de una patria grande?
Podemos recordar en primera instancia que aquellos vientos de libertad fueron cercenados en nombre de intereses minoritarios. Las oligarquías de aquella época impidieron la construcción de un proyecto colectivo que asegurara la soberanía económica y la apertura hacia el progreso con inclusión y desarrollo social.
Desde entonces, nuestros pueblos han luchado sin descanso por una sociedad capaz de distribuir la riqueza, el poder y el conocimiento; de garantizar el reconocimiento de lo diverso y de establecer mecanismos participativos para la construcción de democracias sustantivas y protagónicas.
Frente a las lecturas del pasado que congelan en mármol los ideales y la pasión de los protagonistas, nos alienta recuperar el legado de Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, quienes con su pensamiento y acción enfrentaron el modelo conservador de aquellos tiempos y bregaron por la verdadera independencia, ésa que se legitima, sin demasiada explicación, cuando está al servicio del bienestar de los pueblos.
También es bueno recrear las luchas de resistencia de nuestros pueblos originarios, que atravesaron cinco siglos de humillación y explotación, y que hoy se yerguen con dignidad y solvencia ética y moral para construir modelos alternativos de desarrollo.
No podemos olvidar la abnegación de los inmigrantes llegados a estas tierras perseguidos por el hambre o por sus ideas, y que plantaron semillas fecundas de valores e ideales libertarios y socialistas.
Tenemos que reivindicar las gestas de los movimientos nacionales y populares, de los jóvenes de la Reforma Universitaria, de los militantes de la Teología de la Liberación, de los obreros y estudiantes del Cordobazo, de los treinta mil desaparecidos.
En Agenda
Todas esas luchas marcan la vigencia de los sueños de un proyecto compartido, basado en la Justicia, la solidaridad, la unidad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Pero, además, marcan una agenda de cuestiones centrales, como las que siguen. Seguir leyendo
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Procesando ...
