Dos modelos, distinto impacto en el empleo

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heller-23-08-15La baja en la tasa de desocupación en el segundo trimestre de 2015 intentó ser opacada por diversos comentarios críticos, que dejaron de lado cuestiones importantes que revelan los datos del Indec.
La tasa de desempleo para el total de los aglomerados urbanos se ubicó en el 6,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) para el segundo trimestre de este año, guarismo bastante menor al 7,5% de igual período del año anterior.
Un hecho a destacar es la reducción de la subocupación demandante, que bajó al 6,3% desde el 6,8% previo, es decir, hay menos proporción de trabajadores que desean trabajar más, lo cual indica una mejora en las condiciones laborales.
Un dato menos difundido es que aumentó el empleo, con 143 mil nuevos puestos creados, de los cuales 107 mil generaron una reducción en el desempleo, y 36mil pueden considerarse nueva creación de fuerza laboral, por el incremento de la PEA. No obstante, dado el mayor crecimiento de la población total, la PEA relativa (medida por la Tasa de Actividad) se redujo al 44,5% de la población total, y allí centraron muchos analistas del establishment las críticas.
Esta reducción de la Tasa de Actividad, es decir la cantidad de personas que tienen trabajo o que lo buscan activamente, en relación a la población total, trató de ser asociada a un efecto desaliento. Sin embargo este es más habitual en las recesiones largas y prolongadas, que no es el caso actual, menos aún cuando la actividad económica está repuntando, en especial en sectores muy demandantes de mano de obra como el de la construcción. Cabe señalar que las nuevas condiciones del programa Progresar, que duplicó el universo de jóvenes beneficiados, pueden haber incidido en que estos hayan pospuesto su ingreso al mercado laboral. También es probable que la ampliación de la moratoria previsional haya reducido la cantidad de personas dispuestas a trabajar.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, definió correctamente la situación: la nueva baja de la tasa de desempleo “no es magia, como dice la presidenta. Es política, es esfuerzo y es voluntad para ir por más inclusión, por más derechos, y por más y mejor futuro” (Télam, 19.08.15). Según Tomada, en los últimos 12 años se crearon 4,9 millones de puestos registrados en relación de dependencia, el 60% de los mismos en el sector privado, y el 40% restante en el sector público.
Si se analiza la situación internacional, donde el empleo está sufriendo graves consecuencias a causa de los múltiples efectos de la crisis mundial, intensificada en estas últimas semanas, los datos de nuestro país evidencian una evolución muy positiva, aunque ello no significa reducir los esfuerzos para generar mayores puestos de trabajo.

Los cantos de sirena neoliberales
Hay un polémico artículo de Juan Luis Bour, economista jefe de Fiel (Cronista 19.08.15) en el cual sostiene que “estamos de nuevo en los 60/70″, para explicar descarnadamente cómo sería el ajuste necesario. Comenta como principal requisito que “se requiere un cambio de precios relativos, con una mejora en los precios transables respecto de los no transables”, una definición técnica para evitar utilizar la palabra devaluación, ya que es eso lo que propone. Para Bour, esta “corrección de precios relativos” se debe realizar conjuntamente con un recorte del gasto público: “El problema es el nivel del gasto, no sólo el déficit fiscal”; continuando con los dichos del economista de Fiel, estas medidas “deben ir de la mano de una reducción del costo laboral (salarios con impuestos y costos regulatorios)”.
Es importante reflexionar sobre estos temas: que Bour esté más preocupado por el nivel absoluto del gasto público que por el déficit fiscal indica claramente que lo que propone es la reducción del Estado. Bajar el costo laboral implica bajar salarios o reducir el financiamiento a la Previsión Social mediante la baja de los aportes patronales o, presumiblemente, ambos. De estas cuestiones es fácil inferir que se trata de un ajuste, y otra cita del mismo autor lo ratifica: “Ello puede llevar a una mayor contracción que podría suavizarse con el respaldo de la comunidad internacional: eso es volver al Fondo (FMI)”. Si las políticas del FMI “suavizaran” la contracción, puede deducirse que Bour está pensando en un severísimo y doloroso ajuste.
Este tipo de propuestas no pueden desvincularse de las realizadas por Mauricio Macri cuando plantea crecer a partir de la exportación, o en una entrevista televisiva propone “exportar a partir del 10 de diciembre todo el trigo que podamos, sin retenciones, sin límites”, una política que pone un signo de interrogación sobre el abastecimiento interno de harina de trigo y, por lo tanto, su precio y el de los alimentos que lo utilizan como insumo, entre otras cuestiones. No sería la primera vez en la historia argentina en la cual los exportadores desabastecen al mercado interno y disparan los precios de los alimentos. Esa es la libertad de mercado que Macri propone cuando le habla a los muy grandes empresarios que tiene por aliados.
Por un lado, las propagandas electorales prometen que “el cambio”, que no se define, solucionará todos los problemas; por el otro, una cada vez mayor proporción de economistas y analistas afines proponen la devaluación y el ajuste como la única salida posible. ¿Serán esas las políticas de Estado que pretenden acordar los distintos partidos que conforman el arco opositor?

Las presiones para el ajuste
Grecia sigue dando muestras de los límites que imponen los mercados y, tras aprobarse el tercer rescate, acaba de renunciar a su cargo el primer ministro, Alexis Tsipras. Como sea, la política interna ha quedado reducida apenas a la idea de servir de garante para los planes de ajuste y los negocios de las principales potencias, encabezadas por Alemania. El portavoz de Berlín comentó: “Por supuesto, el gobierno alemán espera (del próximo gobierno en Atenas) la implementación de las reformas y de los acuerdos incluidos en el Memorando”. Incluso antes del tratamiento del tercer rescate en el parlamento alemán, una empresa germana obtenía la concesión para gestionar 14 aeropuertos griegos que operan a escala regional, como parte del combo de privatizaciones y reformas exigidos por la Troika.
Salvando las distancias geográficas, es la misma extorsión financiera que se observa en Brasil, con exigencias que profundizarán los problemas de un país que acaba de entrar en recesión y que ha mostrado ya siete subas mensuales consecutivas en la tasa de desempleo. No hay que soslayar la reciente visita a Brasil de la canciller alemana Ángela Merkel, quien sostuvo: “Necesitamos una condición de inversión más confiable.” Son declaraciones que tienen la mira puesta en el programa de inversiones en aeropuertos, trenes y puertos que anunció hace poco la presidenta brasileña y que van en sintonía con los planes que en última instancia persiguen los capitales que operan a escala global.
Además de la historia de ajustes que ha sufrido nuestro país y sus fatales resultados, prestar atención a estos ejemplos de otros países del mundo resulta esencial para poder evaluar, con mayor conocimiento, el efecto de los planes que –de cara a las próximas elecciones presidenciales- nos presentan los promotores del denominado “cambio”. Cada vez más, se ratifica la puja de “dos modelos” o, más precisamente, dos distintos proyectos políticos, económicos y sociales ante los cuales se enfrenta el electorado, que en octubre estará definiendo el futuro de nuestro país.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 23 de agosto de 2015.

Baja actividad global y respuesta local

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Escenario-global-y-region-sudamericanaEn julio el FMI rebajó al 3,4% la proyección de crecimiento global para este año, en un contexto de actividad económica anémica que no deja de preocupar, transcurridos ya siete años de que estallara la burbuja hipotecaria.
En este marco, el vicepresidente de la Reserva Federal (FED) y ex economista jefe del Banco Mundial, Stanley Fischer, calificó de “decepcionantes” a las recuperaciones económicas globales luego de la crisis de 2007-2009, y se lamentó: “cada año hemos tenido que explicar a mitad de año cómo el crecimiento global ha sido menor del previsto sólo seis meses atrás”.
No obstante, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló: “debemos fortalecer los esfuerzos por el crecimiento (…), sin que amenace la viabilidad de las finanzas públicas”, un razonamiento ortodoxo que suele ser aplicado a libro cerrado por las autoridades de las principales potencias. Es por ejemplo el caso de Japón, que en abril implementó una fuerte suba del IVA, que pasó del 5% al 8%, produciendo una contracción del PIB del 6,8% (anualizado) en el segundo trimestre. Se trata de la tercera economía del planeta (5,4% del PIB global), por debajo de Estados Unidos (19,3%) y China (15,4%), lo cual da una idea de los potenciales efectos sobre la economía mundial.
Por el lado de Estados Unidos, Fischer estimó que el nuevo parámetro de crecimiento de largo plazo de ese país sería ahora del 2%, casi un punto por debajo del previsto en 2009 por la FED. En China, por su parte, el crecimiento alcanzará el 7,4%, un valor envidiable para cualquier economía, pero lejos de las tasas de “dos dígitos” verificadas hasta 2011.
A esta situación hay que agregarle lo que ocurre en el bloque del euro, que tuvo un crecimiento nulo en el segundo trimestre. En particular, Italia se encuentra nuevamente en recesión, por tercera vez desde el estallido de la crisis, y en Francia se registró crecimiento cero en el segundo trimestre. La nota la dio sin dudas Alemania, con una caída trimestral del PIB del 0,2%, que para las autoridades obedece a la creciente incertidumbre que emana del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que afecta las decisiones de compra y producción.
Todo lleva a concluir que, en el mejor de los casos, la actividad económica global se mantendrá moderada, con bajos niveles de comercio, situación que afectará a los países de América Latina y el Caribe. De hecho, el FMI prevé un crecimiento del 2% para la región, la mitad del registrado en el período 2010-2013 (4,1 por ciento). Ello es una consecuencia de la menor demanda externa y de los precios más bajos de las materias primas, que de todas formas se mantienen en niveles elevados.
El marco externo no es el más alentador teniendo en cuenta el escaso compromiso de los países centrales para dinamizar la demanda, acabar con los bajos salarios y revertir la flexibilización laboral. Si bien la sexta cumbre de los BRICS resultó una bocanada de aire, lo cierto es que la iniciativa aún es incipiente y las energías de los países centrales continúan al servicio del ajuste fiscal. Este énfasis contrasta con la falta de avances concretos en torno a la necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional vigente, moldeada por el discurso y el accionar de los organismos internacionales de crédito. Un escenario que comparten con calificadoras de riesgo, inversores buitre y engendros éticos como las “guaridas” fiscales, utilizadas para el ocultamiento de las más variadas operaciones ilícitas.
En un informe de la ONU de 2014, “El impacto negativo de la salida de fondos de origen ilícito en el ejercicio pleno de los derechos humanos”, se sostiene que las operaciones financieras ilícitas (actividades criminales, evasión de multinacionales, corrupción, entre otras) “disminuyen los recursos de los que disponen los estados para invertir en programas para la realización de los Derechos Humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales”. En los países emergentes, estos flujos exceden los recursos recibidos por asistencia al desarrollo e inversión externa directa. De hecho, según la ONU, los flujos ilícitos que egresaron de estos países habrían alcanzado en 2011 los U$S 946 mil millones, casi el doble de la inversión extranjera directa neta recibida en dicho año (U$S 520 mil millones). Son cifras escandalosas que dejan en evidencia el patético doble discurso de las potencias, siempre obsesionadas con los países en desarrollo, por la falta (supuesta) de un entorno propicio para atraer a la inversión extranjera, aunque por el otro lado hacen la vista gorda ante esta inmensa extracción de riqueza.

INCLUSIÓN PREVISIONAL. Resulta interesante destacar la frase del ministro de Economía Axel Kicillof en la Reunión del Consejo de las Américas del último jueves, donde sostuvo que el Estado debe ser “el piloto que dé la dirección al proceso de crecimiento en determinadas coyunturas, para que cuando la economía en el mundo cae, pueda contar con herramientas resultantes de políticas públicas”, una postura muy necesaria en los tiempos actuales, y que describe la línea que ha venido siguiendo el gobierno nacional.
En este sentido cabe subrayar la reciente sanción en el Congreso de la Nación de la nueva Ley de Moratoria Previsional, una iniciativa de carácter redistributivo que también apunta a dinamizar la economía, ya que los nuevos haberes se destinarán al consumo, por un monto cercano a los $ 12 mil millones.
El plan constituye una ampliación del período de aportes contemplado en la moratoria anterior, que cubría hasta el año 1993. Gracias a la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional (2005), en pocos años se elevó en 30 puntos porcentuales la tasa de cobertura previsional, que pasó del 63,6% en el año 2002, al 93,8% en 2013. Con esta moratoria se calcula que más de 475 mil personas tendrán acceso a su haber jubilatorio, lo que permitirá abarcar al 100% de nuestros mayores. Así, se consolida un esquema intergeneracional de neto corte solidario y se avanza con la clausura de uno de los capítulos más nefastos del neoliberalismo noventista.
Con la presente ley se tomarán en cuenta los aportes hasta el año 2003 inclusive, etapa de duro tránsito por el camino del desempleo y la flexibilización laboral. También se apuntará especialmente a incorporar a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30% más pobre de la población. Así lo expresa el artículo 3 de la ley, que señala que “la ANSES en forma previa a determinar el derecho a una prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas (…) a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.
Por su parte, a partir del próximo mes entrará en vigencia el nuevo valor de las remuneraciones a jubilados y pensionados nacionales, con un incremento del 17,21% respecto de los valores vigentes, alcanzando un 30,47% de crecimiento interanual, evolución que está atada a lo establecido por Ley de Movilidad Jubilatoria (2009). Desde entonces, el haber previsional mínimo creció por encima del salario promedio del sector privado registrado y de cualquier índice de inflación que se utilice, lo cual demuestra el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados; un resultado palpable, que no hubiera sido posible sin la “mano visible” del Estado Nacional.
Estas herramientas son complementarias con otras de estímulo de la demanda interna y de fomento del empleo. Aquí se inscriben, entre otras, el Pro.Cre.Auto, las líneas de tasas subsidiadas para la compra de ómnibus, el Pro.Emplear, la reciente Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral y la actualización de las asignaciones.
También los proyectos para disponer de nuevas leyes de Relaciones de Producción y Consumo, una iniciativa ampliamente rechazada por el arco empresario concentrado. La importancia del paquete de leyes que está tratando el Parlamento no es menor, ya que resulta imprescindible regular las conductas de abuso de posición dominante y la obtención de ganancias extraordinarias. No sólo por razones éticas; también por el hecho de que rentas más razonables redundarán en menor inflación y en mayor poder adquisitivo de la población, algo que también va en la línea de las políticas anticíclicas necesarias, ante algunos signos de amesetamiento de la actividad doméstica y las complicaciones que presenta el frente internacional.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 31 de agosto de 2014.

Diálogos que se expresan en medidas concretas

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produccionLas distintas discusiones y los proyectos que se vienen dando en el marco del Diálogo Social que comenzó en Río Gallegos, se expresan en medidas concretas, entre las que pueden citarse, esta semana, la sanción de la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, así como el plan de pagos de la AFIP, políticas auspiciosas, pero que además indican claramente la gran lejanía de las acciones del gobierno de cualquier imputación de seguir el ideario ortodoxo.

Con la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que establece descuentos en las alícuotas de las contribuciones patronales para las MiPymes que regularicen trabajadores, fuentes oficiales prevén que se logrará regularizar a 650 mil trabajadores en dos años, 300 mil de ellos en el primero. Significa una ampliación de derechos para estos trabajadores, que van a formar parte de las convenciones colectivas de trabajo y tendrán, como base, los salarios mínimos que estas convenciones establecen, que en la inmensa mayoría parten de pisos de una vez y media el salario mínimo, vital y móvil.
Resalta el eje sancionatorio del proyecto de ley, que dispone crear un registro de empresas que no cumplen con las regulaciones laborales, lo cual es dar un paso adelante para combatir aquello que todos dicen que hay que combatir: el trabajo informal. Este se combate, entre otras cosas, aprobando leyes como la que se acaba de sancionar esta semana, que impide que el empresario que incurre en fraude laboral, reciba beneficios de los distintos programas de fomento estatal que se han diseñado.
Para analizar el impacto previsional de esta nueva norma, son relevantes los datos de la estructura del financiamiento de la ANSES pues indican que, como siempre sostuve, en la medida en que la economía crezca, y se creen y formalicen más puestos de trabajo, esa es la mejor garantía del futuro de nuestros jubilados. Según los datos brindados por la presidenta, Cristina Fernández, sólo el 60% de los fondos de la Anses proviene de aportes y contribuciones; hay un 17,5% que viene del IVA; un porcentaje similar, el 16,6%, deriva del Impuesto a las Ganancias, y el resto de otros impuestos. Esta composición de los recursos de la Anses nos permite reflexionar sobre la necesidad de lograr una mayor progresividad tributaria.
Cabe mencionar que la sanción de esta ley debe entenderse también en el marco de la ley de 2008 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, la de 2011 de Régimen de Trabajo Agrario y las de 2013 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y la ley que instala en el Código Penal la prisión por utilización del trabajo infantil. Todas ellas, leyes que se enfocan en los sectores de mayor informalización y precarización laboral, características que suelen darse en forma conjunta.
Otro de los anuncios, también emergente del Diálogo Social, estuvo vinculado a la implementación de un plan de facilidades de pago para deudas impositivas que los contribuyentes hayan mantenido con la AFIP hasta el 31 de marzo, incluyendo obligaciones de la seguridad social, aduaneras y otras como Ganancias o monotributo. En estas categorías figura algo más de 1,2 millones de contribuyentes, que podrán acceder a programas de pago de hasta 24 meses, a una tasa de interés mensual del 1,9 por ciento. Por su parte, también se incrementó el tope de facturación considerado para que las pymes participen de los Miniplanes, que son los programas permanentes de financiación del IVA en seis cuotas. En concreto, el límite pasó de diez a 30 millones de pesos para las empresas de servicios, y a 50 millones para las demás actividades.
Con un horizonte de mediano plazo, con estas facilidades, que no implican quita alguna de capital, se trata de regularizar las deudas tributarias. En lo inmediato, se apunta a aliviar la situación de algunas empresas y mantener los puestos de trabajo, en una coyuntura de moderación en las ventas. Por caso, uno de los requisitos para que las empresas puedan acceder a los beneficios radica en que no disminuyan sus puestos de trabajo durante el plazo que duren las facilidades. Este tipo de requisitos es consistente con la visión utilizada en la Ley de Promoción del Trabajo Registrado, y se contrapone claramente con el Estado prebendario y neoliberal característico de otras épocas.
La decisión fue bien recibida desde diversos sectores empresarios, como la Confederación General Empresaria (CGE), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) e incluso la UIA, que a través de su titular, Héctor Méndez, señaló que “el Estado muestra que nos escucha y tiene sensibilidad ante los problemas del sector”.
Una cuestión que ha estado en debate es el impacto de las altas tasas de interés sobre la demanda de crédito, tanto de las personas como de las empresas.
Esta consideración no puede dejar de tener en cuenta los distintos programas de financiamiento, que impactan positivamente en la economía, y que poseen cualidades de fomento, tanto en tasas como en las condiciones de plazo y comisiones, y son verdaderas herramientas contracíclicas y de promoción. Desde la Línea del Bicentenario, pasando por el recientemente creado Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR), la financiación provista por el Pro.Cre.Ar y la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP), implementada a través de la normativa del BCRA.
El FONDEAR constituirá un gran fideicomiso para ampliar y flexibilizar la oferta de créditos para proyectos estratégicos, tecnológicos y economías regionales, que será instrumentado a través del Banco Nación y contará con un financiamiento de $ 10 mil millones. El Programa del Bicentenario, para inversión a largo plazo instrumentado por el BCRA, alcanzó los $ 6300 millones en abril pasado.
El programa más voluminoso en cuanto a recursos financieros desembolsados hasta el momento es la Línea de Crédito para la Inversión Productiva, a la cual los bancos deben asignar una porción determinada de sus depósitos en cada semestre. En junio de 2014, cuando finaliza el cuarto tramo de esta línea, se estarían destinando unos $ 78 mil millones en créditos, cerca del 15% de los depósitos actuales del sector privado. A diciembre pasado, el 57% de la LCIP fue otorgada a pymes; en cambio, en este semestre la totalidad de la línea se debe aplicar a pymes a una tasa del 17,50%, con la posibilidad de asignar hasta el 50% del cupo a grandes empresas, previa aprobación del BCRA, y a tasas de mercado. Además, el BCRA decidió asignar parte de esta línea al descuento de cheques de pago diferido de MiPymes, un 10% del cupo total por mes, comenzando en marzo, con un límite total del 30% hasta mayo, cupo que deberá mantenerse hasta junio. Esta fue una decisión inteligente y oportuna, porque el descuento de cheques –modalidad que las pymes utilizan para financiar el giro de negocios– sufrió un fuerte aumento de tasas, y de esta forma se establece una ventana para obtener esa financiación a una tasa de interés muy conveniente para este sector.
Cabe recordar que esta línea se ha creado gracias a las nuevas facultades otorgadas al BCRA por la Carta Orgánica votada en 2012, que le permite una amplia regulación de las condiciones del financiamiento en el sistema financiero, tema que se está discutiendo en la sociedad, respecto de algunos segmentos en los que se han observado fuertes aumentos, tanto de las tasas de interés, como del costo financiero total (que mide el impacto de la tasa de interés más todos los costos asociados al crédito), por ejemplo, en los préstamos a las personas, sea en forma directa o a través del financiamiento con tarjetas de crédito.
En resumen, estamos ante un Estado activo y presente en la gestión de los temas económicos y sociales, que no encaja con el pretendido aislamiento que intentan instalar algunos analistas, sino que se encuentra interactuando activamente con los distintos actores sociales, y generando políticas activas consensuadas y de previsible impacto positivo.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 25 de mayo de 2014.

Reasignación de subsidios: más igualdad y competitividad

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gas-y-sartenLas variadas repercusiones que tuvo la reducción de subsidios informada el jueves 27 por los ministros de Economía y Planificación Federal, y los diversos datos que han arrojado los medios hegemónicos sobre estas medidas han estado dirigidos a sembrar confusión en la población sobre su alcance.

Las coberturas periodísticas se centraron en la variación porcentual de lo que deberán abonar los consumidores, un enfoque que desvirtúa el auténtico impacto de las decisiones tomadas.
En principio, cabe destacar que, según las definiciones oficiales, se trata de una “política de reasignación de subsidios y consumo responsable de gas y agua”, temas que abordaremos en esta columna.
Una de las cuestiones principales a considerar es que en las tarifas de gas el subsidio preexistente variaba entre el 85% para los menores consumos, a un 77% para los consumos mayores. Como ejemplo, una estufa prendida las 24 horas le costaba al usuario $ 157, y generaba un subsidio de $ 797, dando una idea del gran esfuerzo fiscal.
Otra cuestión esencial es que el nuevo esquema de reducción, entre el 17% al 80% del subsidio para el gas, privilegia significativamente a los usuarios de menor consumo, que suelen coincidir en la mayoría de los casos con los de menores ingresos. Otro tema a considerar es la larga lista de excepciones a los sectores más vulnerables, como los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados que cobran el haber mínimo, personas con enfermedades crónicas, desempleados, quienes se autopostulan por insuficiencia de ingresos familiares; viviendas sociales, y servicios asistenciales, entre otros. De allí que estas medidas “tienen que ver con la equidad”, como lo expresó la presidenta Cristina Fernández.
Según el ministro Kicillof, lo que se genere de facturación adicional se destinará principalmente a profundizar los planes de AUH y Progresar, decisión que indica que no se trata de una medida pensada para mejorar la situación fiscal, sino que está enfocada en lograr una reasignación más equitativa de los subsidios.
Otro de los temas principales, que no fue debidamente tratado en los medios, es que las tarifas que cobran los prestadores no se movieron, sino que se produjo una reducción en los importantes subsidios que los consumidores reciben. Si se pagara la tarifa plena, sin subsidio, igualmente el valor del m3 de gas en Argentina resultaría comparativamente bajo, ya que ascendería a U$S 0,29, cuando en Uruguay es de U$S 1,35, En Chile de U$S 1,50 y en Brasil de U$S 1,82, según datos del Ministerio de Planificación.
Los titulares del estilo “la quita de subsidios implicará aumentos de hasta 400%” han sido muy repetidos, arrojando una información extremadamente parcial y engañosa sobre las medidas. Si nos atenemos a los incrementos porcentuales con la reducción de subsidios, las tarifas de gas subirán entre el 100% y el 262%, pero este análisis debe asociarse necesariamente al nivel de las tarifas, tanto relativo como absoluto. Mientras que en 2003 la tarifa promedio de gas insumía el 5% del Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy en día sólo significa el 0,5% del mismo, lo que da una idea del escaso peso en el bolsillo de los usuarios en general.
En el caso del segmento de menor consumo, hoy está pagando $ 20 por bimestre y se le aplica una reducción del 17% en el subsidio, con lo cual deberá pagar, a fin de agosto, producida la tercera adecuación, unos $ 40, tarifa que sigue siendo baja, a pesar de haberse duplicado. En el caso del segmento de mayores consumos, hoy está pagando $ 325, se le aplica una quita del 80% en el subsidio, y pasaría a pagar $ 1175. En este último caso, estamos hablando de un consumo de viviendas de clase alta, incluidas calderas, losas radiantes y piscinas climatizadas, entre otras instalaciones.
Como resumen del impacto de las medidas y del efecto equitativo que tienen las mismas, cabe mencionar que el 56% de los hogares de menor consumo, que pagaban entre $ 20 y $ 44, pasarán a pagar, a partir de agosto, entre $ 40 a $ 120.
En el caso del agua, se establecen tres categorías, barrial, media y alta; los usuarios que hoy pagan $ 27 (barrial) van a pagar a partir de agosto $ 73, mientras que los que hoy pagan $ 32 (alta) van a pagar a partir de agosto $ 162. Si expresamos estos aumentos en porcentajes, resultan muy impactantes, ya que se incrementan en un 170% y 406% respectivamente, aunque los montos sean acotados.
El excesivo énfasis puesto en los aumentos porcentuales llevó a algunos dirigentes a evaluar su eventual impacto en las paritarias, un tema sobre el cual el Jefe de Gabinete fue contundente al expresar que “no hay relación posible entre reducción de subsidios y negociación paritaria”, y que la vinculación es “un artilugio que no se corresponde con la realidad”.
EL CONSUMO RESPONSABLE. Una cuestión poco mencionada de las medidas comentadas es que uno de sus objetivos principales es lograr una “racionalización en el uso de la energía”, tal como lo expresó la presidenta.
Según informaciones oficiales, si el consumo de gas baja el 1%, el país se ahorra U$S 86,5 millones, una cifra que equivale al monto mensual de 1,5 millones de AUH, o 250 mil jubilaciones mínimas, para dar una noción de la importancia del ahorro.
En este entorno debe valorarse aún más el mantenimiento de los actuales subsidios a la industria, dado que son una herramienta competitiva muy importante.
Argentina es un país que posee un consumo energético muy alto en relación a otros países latinoamericanos. Las diferencias en el consumo residencial de gas son más abismales, mientras que Argentina consume 0,65 Toneladas Equivalentes de Pétroleo (TEP) por hogar, Chile tiene un consumo de 0,09 y Uruguay de 0,02 TEP/ hogar.
Para fomentar un ahorro energético, se dispuso que si la merma del consumo en un hogar es mayor al 20% entre un bimestre y el idéntico del año 2013, no se realiza quita de subsidios. Si el ahorro de consumo es de entre el 5% al 20%, se reduce al 50% la quita de subsidios programada.
EL NUEVO PIB. Se han conocido las cifras del nuevo cálculo del PIB, que consiste en una actualización de su base de cálculo; dado que la anterior ya estaba muy vieja (1993), se la remplazó por la base 2004.
El indicador con la nueva base 2004 dio un incremento para todo 2013 del 3%, muy lejano al 4,9% que arrojaron las cifras con la vieja base. Según el ministro Kicillof, “no es menor el cambio, porque lo que cambió en estos diez años es la estructura productiva nacional”. Evidenciando esa modificación estructural, se incrementa la participación de los sectores productores de bienes en el total, del 34,7% con la vieja base al 46,3% con la base 2004, y en la misma proporción pierden participación los sectores de servicios. Entre los sectores que crecen en participación se encuentran el industrial, el agropecuario y el minero, mientras que el sector financiero bajó su participación en el total.
Con esta cifra se desactiva el pago del cupón PIB correspondiente a 2013, lo que significará un ahorro de más de U$S 3500 millones, decisión bien recibida por muchos analistas y criticada por otros. Cabe resaltar que la decisión no significa necesariamente un impacto negativo sobre los valores de los títulos, dado que al mejorar el saldo de reservas internacionales por el no pago del cupón, mejora la capacidad de pago del resto de los títulos.
Quedaron para el recuerdo noticias como “cierra hoy Cristina pacto carnal con bancos” en alusión al pago del cupón, hasta la actitud de varios legisladores de la oposición, quienes advirtieron que si la tasa oficial superara la estimada por el sector privado se estaría “frente a un delito” y adelantaron que harían “una denuncia penal por malversación de fondos públicos” (Cronista, 26.03.14). No obstante, no salieron a elogiar el nuevo cálculo del PIB.
Son muchas las frases contradictorias de analistas que sostenían el giro a la ortodoxia del gobierno y que con el no pago del cupón, un heterodoxo desaire a los inversionistas según sus enfoques, no saben qué decir.
El no pago del cupón del PIB es una noticia positiva, aunque el crecimiento menor de 2013, si bien es algo mayor al 2,3% de Brasil, refuerza la necesidad de privilegiar las políticas activas para sostener el nivel de actividad y empleo, en el entorno de una situación mundial difícil y con tensiones internas que hay que enfrentar, entre ellas, la disponibilidad de divisas.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 30 de marzo de 2014.

Apoyos al gobierno en medio de la ofensiva por Precios Cuidados

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precios-cuidadosEn estos tiempos de combate a la inflación, resulta importante analizar con detenimiento sus causas, las que, como hemos definido en varias oportunidades en esta columna, obedecen a la puja distributiva y a la acumulación de ganancias excepcionales vía aumento de precios por parte, principalmente, de los grupos económicos concentrados. De allí que detectar las ganancias extraordinarias es un elemento indispensable para la contención de los aumentos de precios.

En esta visión, aparece una interesante nota en la revista Alzas y Bajas de enero pasado, que identifica “las 50 empresas más rentables” entre 2007 y 2011, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Un indicador principal es el retorno sobre el patrimonio neto, una medida de la tasa de ganancia, destacándose, en los primeros lugares del ranking, empresas con ratios altísimos, del 100%, 66%, 42% y varias con más del 24 por ciento. Esta investigación nos indica la fuerte rentabilidad de la que han gozado (y que siguen gozando) muchas grandes empresas, y, aunque es una medición parcial, determina claramente la tendencia.
Atento a la evolución de los precios, el jefe de Gabinete comentó en la semana que está en análisis la promoción de una “revisión legislativa” para frenar “el ejercicio de posiciones dominantes” de distintos actores económicos que “generan aumentos desmesurados” y afectan “el poder adquisitivo” de los consumidores. También criticó las maniobras “monopólicas u oligopólicas” que distorsionan las variables económicas con acciones de “carácter especulativo” y señaló a los “grupos poderosos de posición dominante que ponen el precio que se les antoja y perjudican la cadena de valor”.
Entre los proyectos que abona la estrategia legislativa de mayor control sobre los precios se encuentra la iniciativa del senador Aníbal Fernández, para que el principio que existe en materia tributaria, de “pague y después reclame”, se aplique también a las multas por incumplimiento de precios, de forma tal que estas posean un verdadero efecto disuasivo. En el mismo rumbo se inscribe el proyecto impulsado por el diputado Héctor Recalde, acompañado por varios diputados, para aumentar las multas a quienes incrementen injustificadamente los precios de manera que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos. El proyecto organiza la normativa para que el gobierno pueda disponer de expropiaciones de los bienes destinados a la satisfacción de las necesidades de la población, sin la obligación de que exista un estado de emergencia económica; ya que estas necesidades, como expresa el proyecto, deben garantizarse también en situaciones de normalidad.
Resulta relevante avanzar sobre distintas ideas que permitan establecer las diferencias entre una rentabilidad razonable y una ganancia excepcional, fruto de la posición dominante en el mercado y de la fijación de precios. También sería importante que se verificara, para determinar las actualizaciones de precios en los acuerdos, que determinados componentes de costos que son muy variables –como los pagos de servicios a terceros, consultorías, publicidad, por mencionar algunos– se mantengan dentro de los parámetros razonables para cada actividad, para evitar de esa forma parte de los “excesos” en algunos costos que terminan repercutiendo en los precios.
También podría inscribirse en el proceso de análisis de la cadena de valor la resolución de la AFIP para la registración sistemática de movimientos y existencias de granos no destinados a la siembra –cereales y oleaginosas– y legumbres secas –porotos, arvejas y lentejas–, sean propias o de terceros. En los fundamentos de la resolución Nº 3593 se explica que “la registración sistémica, implica que todo movimiento o traslado de granos, es precedido por existencias o ingresos previos del mismo grano y de la campaña correspondiente, respecto a cada planta de almacenaje”. De esa forma se asocia la trazabilidad de los granos (de dónde vienen y a dónde van) con la información de su procedencia (si derivan de la cosecha, o de un silo) y su destino (si van al silo, al barco para exportarlos o como insumos a la industria). Las registraciones se realizan actualmente en forma manual, y a partir de la nueva norma se informatizarán, lo cual mejorará la captación de datos, tanto en lo que se refiere a los sistemas de comercialización utilizados por los operadores, como al manejo físico de los granos y el consiguiente reflejo tributario. Se trata de una nueva normativa que permite identificar más fácilmente los volúmenes de cosecha no exportada, que se han convertido en una notable herramienta especulativa, que como ya citáramos en nuestra columna anterior, alcanzan los 9 millones de toneladas, según el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
FIRME APOYO AL GOBIERNO. Durante la semana se presentó un documento denominado “El trabajo y la industria frente a los problemas actuales y el futuro de la economía nacional”, firmado por los titulares de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la Cámara de la Industria del Juguete; la Cámara Argentina de la Construcción (CAMACO), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Fundación Protejer, y la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA), junto con los secretarios generales de la CGT y la UOM, de la UOCRA, de SMATA y de la Asociación Obrera Textil (AOT).
El documento plantea que “la convergencia de las políticas públicas con las decisiones privadas, la administración razonable de la puja distributiva atendiendo al aumento del empleo, la mejora de los salarios reales y la preservación del mercado interno han generado las condiciones necesarias para estimular la inversión e incrementar la oferta de bienes y servicios que abastezcan el desarrollo del consumo interno y atiendan la demanda de exportaciones.”
“Hoy es el momento histórico para continuar apoyando a la industria, la actividad primaria y el empleo –comentan los firmantes– que tantas veces fueron postergados en la Argentina por la inestabilidad institucional, el sometimiento a la especulación financiera y la cultura rentística.”
Los dirigentes también expresaron su “total contribución y voluntad para resolver las situaciones que puedan presentarse” y sostuvieron la “plena confianza en el potencial del país y su capacidad de desplegar el desarrollo sustentable con inclusión social”.
Respecto de la especulación de estos últimos meses, la dirigencia advirtió que “los escenarios económicos donde puede generarse incertidumbre acerca de disponibilidad de divisas, expectativas de movimiento de precios o de fuga de capitales, es la meta buscada y deseada por aquellos cuya actividad no es la producción o la industria”.
Los firmantes consideraron que “medidas que mejoran la competitividad del tipo de cambio para impulsar la generación de divisas, la actividad económica, reducir expectativas de precios, evitar la fuga de capitales, incentivar la inversión, aumentar la producción, el empleo, los salarios reales y niveles crecientes de productividad son las herramientas necesarias para resolver los problemas que puedan presentarse hoy”.
La declaración tiene un importante peso por sí misma, y refleja un decisivo apoyo al gobierno nacional. Pero también este texto, que proviene de actores principales del sector productivo, sale al cruce de una suerte de elenco estable de economistas y políticos que cotidianamente bombardean a la opinión pública con ideas de “fin de ciclo”, intentando crear expectativas negativas, por ejemplo, pronosticando alta inflación, especialmente en el momento que se empiezan a discutir las paritarias. Ese bombardeo continuo de ideas apocalípticas termina condicionando los actos de las personas y las empresas. De allí también el valor del documento, que sigue colectando firmas de representantes gremiales y empresariales, al que se suman las acciones del gobierno para limitar los precios e ir avanzando en estudios y nuevas regulaciones sobre las cadenas de valor.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 23 de febrero de 2014.
 

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