 Si la cuestión de la inseguridad fuera un problema simple, sencillo de resolver con medidas obvias, como las que sugiere cierto sentido común o mejor dicho cierta visión mecanicista o reduccionista del problema, los distintos gobiernos de muchos países de la región y del mundo ya lo hubieran solucionado. En realidad el tema es de gran complejidad, vamos a intentar ofrecer un punto de vista que trate de dar cuenta de dicha complejidad y ofrecer algunas ideas con visión política.
Las ideas simplistas y unilaterales acerca de cómo resolver el problema del delito y la criminalidad, se manifiestan exasperadamente al grito de ¡basta de impunidad! o ¡aumenten las penas! o ¡que vuelva el servicio militar obligatorio! o ¡que los militares intervengan en la “lucha” contra el delito!.
Este enfoque parte de un gran supuesto, que el hombre es malo por naturaleza, que las civilizaciones modernas están poniendo más agresivo este atributo y que solo mediante la represión es posible combatir al delito. Y en forma complementaria, como nada se puede hacer en conjunto y organizadamente, se instituye un sálvese quien y como pueda, encerrándose en barrios ya no cerrados sino fortificados y armándose hasta los dientes.
Todo ello distorsiona la percepción profunda del fenómeno, y muchas veces a través del discurso político y/o de la espectacularización mediática, opera como encubrimiento de las causas y del accionar de las instituciones pertinentes a la problemática.
Nos referimos a la inseguridad en las calles y en los barrios, a esa incertidumbre que afecta en forma directa a la gente, y particularmente a los mas humildes. A quienes un robo o un hurto los privan de cosas esenciales y que además son justamente los que menos recursos tienen para proteger su propiedad y su integridad.
Debemos reconocer que existe una relación directa entre marginalidad y violencia. Es decir que hay una estrecha relación entre la cantidad de robos y hurtos que se comenten cotidianamente en las barriadas populares y en distintas zonas comerciales de las grandes ciudades, y la situación social de miles de personas, particularmente jóvenes varones de entre 15 y 30 años de edad que se encuentran sin trabajo, sin escolaridad y sin ningún tipo de contención social, y muchas veces sin contención familiar y ni siquiera de vecinos o círculo social alguno.
Además, al referirnos a estos sectores, principalmente juveniles, no estamos de ningún modo sugiriendo que la solución sea criminalizarlos, es decir reprimirlos. Seguir leyendo
 La actual Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras deja las operaciones del sistema bancario al arbitrio de los bancos y de la política comercial fijada por cada uno de ellos en función del parámetro de la máxima rentabilidad. Esta norma es en gran parte la responsable del escaso nivel de crédito en nuestro país (12% del PIB) que es el nivel más bajo de toda América Latina. Y también de la aguda escasez de financiamiento productivo a largo plazo.
Es por ello que estoy trabajando en una nueva ley de Entidades financieras que sustituya la 21.526 de la dictadura. Una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades.
Con esta nueva ley se propone la implementación de aquellos cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país, para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades específicas y a las pymes, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios.
Al igual que existe una calificación según distintos parámetros de solvencia y eficiencia, los cuales disparan distintas regulaciones y relaciones técnicas, la ley establecería la posibilidad de que el BCRA establezca parámetros de eficiencia social para una calificación de entidades que también influya en relaciones técnicas sobre capital, provisiones y rentabilidad. También dotaría al BCRA de la misión de establecer redescuentos para la orientación del crédito a determinados sectores y con tasas diferenciales.
Para lograrlo, los objetivos que se plantean en esta ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de servicios financieros contemplan:
La construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, que constituye uno de los desafíos más importantes, pues se partirá de un nivel extremadamente bajo de financiación de la economía.
Democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Por ello la ley fomentará los préstamos a las pymes.
Establecer las normas para la constitución de un Banco Nacional Público de Desarrollo, al estilo del BNDES brasileño, para que se impulse el préstamo productivo a largo plazo y esté orientado a fomentar el desarrollo de los sectores más dinámicos.
Lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que llegue a las localidades más pequeñas y a todas las familias.
 “Estamos de acuerdo con la medida de la asignación por hijo tomada por el Gobierno. Nosotros venimos insistiendo en que hay que avanzar por el camino de eliminar la pobreza y coincidimos con la Presidenta en que esta asignación no resuelve el problema, pero que es un paliativo importante para los sectores más vulnerables de nuestro país.
Un tema de fondo, como dijo la Presidenta, es crear más trabajo calificado y superar la precarización laboral heredada del neoliberalismo.
Con esta medida el Gobierno toma una buena iniciativa sobre la problemática que compartimos y recupera, en forma justa, una bandera que muchos sectores de la vieja y nueva derecha pretenden cínicamente apropiarse: la del combate contra la pobreza. Muchos de los que le reclaman al Gobierno que elimine la pobreza soslayan la problemática estructural y, de forma ambigua, sólo observan soluciones focales a cargo del erario y tampoco especifican de dónde deberán salir los recursos.
Quiero insistir en que la discusión debe poner el acento en la indignante concentración de la riqueza, que podríamos definir como una verdadera fábrica de pobres. En el primer semestre de 2009, el punto más fuerte de la crisis, las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires distribuyeron dividendos de nivel similar a los repartidos en igual período de 2007, año de bonanza. Los dividendos de empresas extranjeras enviados al exterior no dejan de crecer. Los envíos más importantes se produjeron en el cuarto trimestre de 2008 (U$S 1423 millones) y en el segundo de 2009 (U$S 1029 millones).
Por eso, la única forma de erradicar la pobreza, porque ello es lo que nos debe preocupar, es mejorando significativamente la distribución del ingreso. Para erradicar la pobreza, hay que reducir la injusta concentración de la riqueza, con impuestos que graven con mayor eficiencia e intensidad las grandes ganancias. Seguir leyendo
 “Frente a la política de desinformación de los grandes medios, la población accederá a un análisis equilibrado:
En primer lugar, pone fin a un ordenamiento legal heredado de la dictadura. El agravante de esta situación es que los gobiernos constitucionales no sólo no han revisado esa norma sino que la han empeorando facilitando la concentración de los medios. Es un modo de terminar con una de las expresiones jurídicas de un genocidio que además fue cultural y cuya continuidad es inadmisible.
En segundo lugar, habilitará una verdadera democratización de la palabra en la medida en que, de acuerdo a la media sanción promovida en Diputados, se distribuyen las frecuencias ampliando (y legalizando) el lugar de los medios comunitarios, cooperativos y del Estado profundizando, entonces, la esfera de lo público.
En tercer lugar, generará la difusión plural de puntos de vista terminando con una verdadera dictadura de los conglomerados mediáticos y facilitando, como contrapartida, la comprensión de la realidad al contraponer distintos puntos de vista y estimular una interpretación más activa y crítica de los miembros de la sociedad.
Cuarto, genera nuevas fuentes laborales en los medios.
Nosotros somos democráticos, participativos, creemos en el diálogo y creemos que lo que se está debatiendo y cómo se está debatiendo tiende a ensanchar las posibilidades del quehacer democrático, a crear nuevos canales, a asegurar la pluralidad de información.
Es preciso señalar que este proyecto fue reivindicado por una amplísima gama de movimientos sociales y que, lejos de ser una “ley de un gobierno” es producto de una larga lucha por la democratización de los medios. La Coalición por la Radiodifusión Democrática ha dicho, taxativamente, “éste es nuestro proyecto” .
Nosotros desde el cooperativismo tenemos una concepción fuertemente vinculada a la idea de la participación. Seguir leyendo
 A partir de la publicación del índice de pobreza del Indec, se ha generado una discusión entre el Gobierno y la oposición sobre los niveles de pobreza de la sociedad argentina. Y creo que es una discusión errada, más allá de la necesidad de tener estadísticas confiables para medir la pobreza.
La discusión debe poner el acento en la indignante concentración de la riqueza, que podríamos definirla como una verdadera fábrica de pobres.
En el primer semestre de 2009, punto más fuerte de la crisis, las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires distribuyeron dividendos de nivel similar a los repartidos en igual período del 2007, año de bonanza. Los dividendos de empresas extranjeras enviados al exterior no dejan de crecer, los envíos más importantes se produjeron en el cuarto trimestre de 2008 (U$S 1423 millones) y en el segundo de 2009 (U$S 1029 millones).
Por eso la única forma de erradicar la pobreza, porque ello es lo que nos debe preocupar, es mejorando significativamente la distribución del ingreso.
Se equivoca el Gobierno cuando se encierra en una discusión de índices y critica a la oposición sintiendo que se carga contra las políticas públicas queriendo aumentar el índice. Desvía la oposición la discusión del tema central, que es la distribución del ingreso, cuando critica la elevada cifra e intenta paliar la situación con acciones parciales como el ingreso ciudadano. Este es un primer paso, rápido y eficiente, pero tiene la característica de cargar toda la responsabilidad al Gobierno y al erario. Como bien lo explicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si se decidiera otorgar 135 pesos a todos los menores de 18 años, se necesitarían 6900 millones de pesos anuales adicionales a los 10.000 millones que ya se gastan. Pero si se decidiera otorgar 250 pesos, una cifra con mayor impacto para reducir la pobreza, estaríamos en el orden de los 15.600 millones de pesos adicionales, más del doble de lo que se gasta actualmente, y ello necesita recursos.
Sigo sosteniendo que el ingreso mínimo para todos los menores en situación de pobreza es indispensable, pero es sólo una situación transitoria. Para erradicar la pobreza, hay que reducir la injusta concentración de la riqueza, con impuestos que graven con mayor eficiencia e intensidad a las grandes ganancias.
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