Hay que recuperar la Ciudad

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buenos-airesEn el presente, y saliendo de la larga noche del neoliberalismo, aspiramos a profundizar un proceso en el que el Estado tiene como deber fundamental, además de recuperar el valor de la política, promover la participación ciudadana y afianzar su rol como garante de derechos, contribuyendo a la conformación de una sociedad más igualitaria y democrática.

Si ese es el objetivo de un gobierno democrático, hay que decir que Mauricio Macri ha defraudado todas las expectativas de darle a la Ciudad de Buenos Aires un perfil más justo y democrático. En todos los niveles que analicemos, la política macrista ha apuntado al vaciamiento del espacio público, a un incremento del autoritarismo en las decisiones tomadas y, todo ello, acompañado de una notable ineficiencia en los aspectos fundamentales de la gestión.

Ideología destructiva
Mientras los sectores más ricos de la sociedad pueden echar mano a sistemas privados de salud o educación; quienes están en una situación económica más vulnerable dependen mucho más de las prestaciones que el Estado pueda garantizar. Salud, educación, vivienda, alimentación y cultura constituyen necesidades que hacen a la dignidad de las personas.

Si observamos las políticas de Macri, veremos que, en todos los planos, hay un denominador común que es el vaciamiento de esos espacios. En educación redujo el presupuesto y agravó la situación del sistema, y no hace mucho el ministro de Educación de la Ciudad afirmó públicamente y, sin ningún pudor, la conveniencia de eliminar la enseñanza pública. En salud desplazó a funcionarios hospitalarios que no comulgaban con su gestión, modificó el sistema de provisión de insumos -medida que puso al borde del colapso a los hospitales públicos-. Una de sus primeras medidas de gobierno ha sido el veto de la ley que creaba el Laboratorio Estatal de Medicamentos, decisión que trajo un perjuicio económico al erario, debido a que la producción estatal implica precios sustancialmente menores de los que pueden proveerse los hospitales públicos.

En vivienda disminuyó sustancialmente el presupuesto para el Instituto Municipal transfiriendo esos recursos a las obras de pavimentación. De la cultura podemos decir que implementó un verdadero vaciamiento de los talleres en los barrios, lo que puede observarse en el tratamiento en los Teatros Municipales.

Lo cierto es que el gobierno de Macri es una fuente permanente de iniciativas para promover los negocios privados, intentando, por vía de la actividad inmobiliaria, generar ganancias que, cuanto menos, son controvertidas. En fin, por donde miremos veremos que se ha esmerado en privilegiar las oportunidades para sus amigos, mientras que ha sido debilitado el sector público, afectando los intereses de los sectores más vulnerables.

Veta autoritaria
Podemos recorrer un amplio abanico de actitudes autoritarias, incluso patoteriles.

En educación, hubo órdenes de prohibir a los maestros expresarse públicamente en los medios de comunicación. Cuando ocurrió la ola de protestas por los problemas de infraestructura y becas frente a las tomas de los establecimientos escolares, la respuesta del gobierno fue la denuncia penal de estudiantes menores de edad, como si el “palo” fuera la respuesta al conflicto que genera la propia ineficiencia gubernamental. Los directores de hospitales públicos, que no comulgaban con la visión del gobierno, fueron removidos -o intentados remover- de sus cargos.

Las movilizaciones en defensa de derechos muy elementales fueron recibidas con palos y golpes por la policía. Frente al proceso de ocupaciones de terrenos, sobre los que paradójicamente existen sospechas de instigación por parte de los punteros macristas, el jefe de gobierno hace alarde de impotencia para imponer su ideología represiva. Los desalojos de predios ocupados por familias sin techo se fundaron en fuerzas de choque paramilitar -la Unidad de Cuidado del Espacio Público-, que contribuyeron a duplicar en el curso del primer año de gobierno el número de personas en situación de calle.

Varios centros culturales fueron brutalmente desalojados y se reprimió a familias enteras en el Instituto Municipal de la Vivienda, cuando reclamaron por los incumplimientos del Estado en sus compromisos con las cooperativas de vivienda.

La “nueva policía” nació con el “Fino” Palacios, quien debió renunciar por la resistencia que generó su nombramiento. Estos son sólo algunos botones de muestra del autoritarismo en la gestión de este gobierno.

Promesas Vs. Incompetencia
Como tema muy sabido, podemos recordar la promesa de inaugurar diez kilómetros anuales de subtes. Ha subejecutado el presupuesto, especialmente en los rubros que atienden al gasto social. En suma, salvo algunas realizaciones estéticas, lo que podría calificarse como la política del maquillaje, ningún aspecto de la vida pública y social ha mejorado, sino todo lo contrario: empeoró la situación de los sistemas de salud y educación; el tránsito es un caos; hay déficit de viviendas; los jóvenes se encuentran sin lugares desde los cuales crecer y formularse un proyecto, en fin, el balance es francamente desolador.

Macri representa, en términos políticos, un verdadero proyecto neoliberal-conservador. Y este proyecto demostró su fracaso. Es un fiasco para la resolución de los problemas y necesidades de la ciudadanía. Además, si agregamos el desempeño personal como la cabeza fundamental de la gestión, ya existían severas dudas de su contracción al trabajo. Cuando fue diputado, faltó al ochenta por ciento de las votaciones del plenario de diputados porque “estaba aburrido”.

En lo que va de su asunción como jefe de gobierno, distintos medios han denunciado largos días de licencia por viajes entre semanas a centros turísticos. No parece tener las condiciones para ejercer el cargo que ocupa. A veces, da la impresión que pretende manejar a la ciudad como si fuese la empresa de su padre. No lo es.

Es necesario lograr la unidad en la diversidad para recuperar la ciudad.

Desde diciembre de 2007, organizaciones sociales, sindicatos, centros culturales, médicos, estatales, órganos de defensa de derechos (como la defensoría del pueblo) y bloques legislativos han librado una batalla contra un gobierno que ha vulnerado los derechos de los sectores más débiles. En diversos ámbitos, se han generado procesos colectivos de encuentro y construcción de propuestas, a la par que denuncias frente a la política gubernamental.

Tenemos la esperanza de que quienes provenimos de las distintas tradiciones democráticas, humanistas, progresistas, igualitarias, podamos confluir en una construcción que termine con este experimento neoliberal-conservador, cuyos daños sociales, económicos, políticos y culturales ya son de consideración.

Este es el desafío.

Xenofobia y represión o reconocimiento y justicia

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Mauricio-MacriLos trágicos hechos ocurridos en el Parque Indoamericano pueden, y deben, leerse en sus múltiples dimensiones. De una lectura rigurosa se desprende el modo en que dos proyectos antagónicos de Estado, de política pública y de sociedad se confrontan.

Una descripción precisa podría enunciar los hechos en los términos que siguen: en los primeros días de diciembre, el gobierno de la Ciudad informó la entrega de títulos de tierras para habitantes de poblaciones y asentamientos precarios. Fueron identificados punteros y líderes barriales que, frente al anuncio, impulsaron la toma de las tierras del Parque Indoamericano, con el argumento de que era la única posibilidad de tener acceso a la vivienda propia, un problema que afecta a una amplia población de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, viven en la Capital Federal doce mil personas en 150 asentamientos; 170 mil habitantes moran en las villas de emergencia; 110 mil, en barriadas municipales con graves problemas estructurales; unos cinco mil seres humanos viven bajo chapas de complejos habitacionales transitorios; unas nueve mil personas viven en inquilinatos; y otras seis mil, en hoteles y pensiones. De este relevamiento oficial puede deducirse que la vivienda -concebida como un derecho humano y como un derecho constitucional- sigue siendo una de las varias asignaturas pendientes que tienen Estado y sociedad, especialmente para los sectores más vulnerables, cuyas necesidades e intereses son desconocidos y negados.

Mientras el rumbo nacional revela la decisión de avanzar en políticas reparadoras de esta injusticia social, el gobierno de la Ciudad encaró un camino exactamente antagónico.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad subejecutó notablemente los fondos para la construcción de viviendas asignados por la Legislatura. Aunque algunos funcionarios macristas intenten atenuar esta escandalosa subejecución señalando que faltan registrar algunos datos del gasto, en off admiten que se trata de un nivel muy bajo, sin antecedentes en la historia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.

Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura, denuncia que “Mauricio Macri nunca tuvo política habitacional para enfrentar la crisis, y es imposible suponer que ahora lo vaya a hacer. La prueba está en que nunca ejecutó el presupuesto previsto para atender los problemas habitacionales y tampoco liberó créditos para construir los barrios que iban a construir las cooperativas de vivienda” (Miradas al Sur, domingo 12 de diciembre de 2010). Es así como un buen número de cooperativas tienen los terrenos adjudicados por el Instituto de la Vivienda porteño, pero nunca les entregaron los créditos para iniciar la construcción.

La subejecución presupuestaria de Macri revela un patrón de conducta que hizo del Estado un coto privado para la realización de negocios y la represión del conflicto social, que es la respuesta a un escenario de crecientes injusticias en este distrito. El festival de la inversión privada en el rubro de la construcción es apenas una muestra de una definición política. La irracionalidad de la edificación llevada a cabo con criterios excluyentemente mercantiles es la crónica de graves problemas de infraestructura y refuerzan una dinámica basada en procesos de creciente desigualdad social y, aquí, habitacional.

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Ratifico: Macri es Macri

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parque-indoamericanoHace unos meses publiqué en Página/12 (y luego reproduje en este blog) una nota llamada “Macri es Macri” en la que analizaba la manera en que Macri se presentaba ante la sociedad: una nueva derecha preocupada por lo social y diferente a la de la ilegalidad de los 90. Esta vez vengo a ratificar aquella nota: Macri es una derecha antigua, que además, está llena de prejuicios.

Martínez de Hoz era quien solía decir que al Estado sólo le correspondía encargarse de la seguridad, de las Relaciones Exteriores, y -sólo con participación asociada a lo privado- de la salud y la educación.

Sucede que Macri, esta nueva política que él dice representar, piensa que los problemas sociales se resuelven con mano dura, porque negociar es síntoma de debilidad. Lo decía él mismo es sus declaraciones cuando le solicitaba al Estado Nacional que envíe la Federal: “el problema es que falta Estado para imponer orden”. En este sentido, la Unidad de Control del espacio Público (UCEP) no ha sido más que un órgano de represión, encargada de echar a los golpes a los pobres que estaban tratando de encontrar un techo para vivir.

Lo que Macri no puede ver es el tema de fondo, que son las víctimas. En vez de desalojar el Parque Indoamericano, lo que tendrían que haber resuelto es cómo alojar a toda esa gente, darles una solución. Nadie quiere vivir en ese lugar y en esas condiciones.

Todo el mundo mira desde la perspectiva de la propiedad privada o el espacio público, pero lo que está en juego en realidad, es la desesperación de familias que no tienen donde vivir. Entonces, sería deseable que estas órdenes judiciales en realidad tuvieran otra dirección y que apuntaran a no castigar a las víctimas sino a tratar de buscar una solución para todas esas familias.

Racismo, discriminación e ilegalidad
La palabra más utilizada estos días para describir a Macri fue xenófobo. Sinceramente no creo que Macri tenga xenofobia, si la tuviera tampoco querría a los norteamericanos, a los franceses, a los suizos o a los italianos. La de Macri es una xenofobia muy particular, vinculada a la pobreza: lo de él es discriminación de clases.

Luego de la triste conferencia de prensa que brindó, se podía escuchar por todas partes la frase “Inmigrantes ilegales”. Primero cabría aclarar que los extranjeros de países limítrofes que están en la Argentina no son ilegales, sino que han ingresado al país en el marco de la Ley de Inmigración que rige y que tiene que ver con el concepto de Patria Grande. Y segundo, muchos de los que hablan deberían hacer una mínima autocrítica y tratar de distinguir dónde está la ilegalidad, porque la mayoría de las veces está en otro lado. Preguntémonos sino quiénes son los que explotan a estos sectores y los hacen trabajar en condiciones indignas, sin leyes sociales ni protección y pagándoles una miseria. A fin de cuentas, la mayor ilegalidad que tiene esta gente son las condiciones en que se la trata.

A Macri le molestan los sectores populares

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Mauricio-MacriLa toma y posterior desalojo con la consecuente represión en los terrenos del Parque iberoamericano en Villa Soldati pone en evidencia la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, un tema que Macri no sólo no afrontó sino que ni siquiera consideró en su agenda de Gobierno.

Macri no sólo no gobierna para los sectores populares: estos le molestan y, cuando toma medidas en relación con ellos, es para intentar expulsarlos de la ciudad, como ya ocurrió con el diseño de la Unidad de Control del Espacio Público, órgano pensado para perseguir y reprimir pobres e indigentes. No es casualidad, entonces, que la violenta represión que terminó con dos muertes haya ocurrido en el distrito que él gobierna.

Aún cuando la intervención de las policías Federal y Metropolitana se produjo en cumplimiento de una orden del juez, es necesario iniciar una investigación rápida, enérgica y profunda para aclarar las responsabilidades en la represión que terminó con la vida de dos jóvenes ocupantes.

Todos sabemos que el Gobierno Nacional detenta la virtud de haber defendido desde el discurso y desde la práctica la decisión de no reprimir la protesta social. Por ello, es aún más necesario investigar a fondo lo ocurrido y aplicar sanciones ejemplares.

El ABL no aumenta, pero sí

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ablLa semana pasada el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un aumento del 30% del ABL. Si se hubiese aumentado cualquier impuesto nacional, la noticia hubiese estado en la primera plana de todos los diarios. Esta noticia, en cambio, el sábado 02 de octubre salió en la página 35.

Al margen de este dato, a esta altura anecdótico, es interesante analizar el manejo del discurso con el que justifican este aumento. Como una de las promesas de la campaña del PRO fue el no aumento de impuestos, no pueden decir que efectivamente sí lo están haciendo. Por eso, en la anterior suba, dijeron que no aumentaban la alícuota, sino la valuación fiscal de los inmuebles. El resultado fue que la gente terminó pagando mucho más de lo que pagaba, pero el impuesto, según ellos, no aumentó.

Esta vez, el Ministro de Hacienda, Osvaldo Grindetti, justifica el aumento del 30% diciendo que se trata de un ajuste por inflación. Hagamos la siguiente cuenta: las propiedades están valuadas en dólares, desde el 2008 el dólar aumentó un 15%, ¿cómo hacen para justificar el aumento del 30%?

Es como si le estuvieran tomando el pelo a la gente, porque decir que los aumentos no son aumentos es una forma de subestimar a la ciudadanía.

 

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