Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El objetivo del proyecto de Participación Público-Privada (PPP) presentado por el Poder Ejecutivo es contrario al desarrollo de una actividad económica sustentable y al pleno empleo y busca profundizar más aun las políticas de desregulación, allanando el camino para las privatizaciones de empresas proveedoras de servicios públicos.
El sentido siempre es el mismo: el del Estado «facilitador», preparando el terreno de juego a los empresarios. El proyecto de PPP implica plasmar por medio de una ley las promesas del presidente en el «Mini-Davos», en cuanto a los pedidos de los hombres de negocios de perdurabilidad y trascendencia a los distintos gobiernos.
A pesar de que los funcionarios del actual gobierno plantean incansablemente la necesidad de que los procesos en los que intervenga el Estado sean «transparentes», este proyecto de ley expresa todo lo contrario. No contempla la obligación de publicar las licitaciones en el Boletín Oficial, lo cual podría dar lugar a la concentración de proyectos de infraestructura en un pequeño grupo de empresarios, sin la necesidad de informarlo a la ciudadanía.
Pero uno de los aspectos más preocupantes de esta normativa es que atenta contra la soberanía de nuestro país a través de la lesiva cláusula de resolución de litigios en tribunales extranjeros. Además, se les garantiza a los privados una «utilidad razonable», lo que permitiría que apliquen sus criterios de rentabilidad empresaria a los bienes de dominio público. Hasta para Marcelo Bonelli es «una ley que habilita a acordar beneficios extras y ventajas competitivas y que despejaría las dudas sobre la gobernabilidad de Macri» y hace un paralelismo entre este proyecto y la «Ley de Reforma del Estado», más conocida como la «Ley Dromi» (Clarín, 28/10/16).
El oficialismo acordó con la oposición algunas modificaciones, aunque estas no cambian su esencia y no pudo impedir el traspié del miércoles, cuando se votó en el recinto de Diputados para que el proyecto vuelva a ser tratado en comisión.
En este marco no son casuales las recientes palabras del presidente Macri, en respuesta al conflicto gremial de Aerolíneas Argentinas. La idea detrás de la expresión «nos cuesta dos jardines de infantes por semana» es que hay un gasto «ineficiente» que podría ser utilizado para otras prioridades. Todo recuerda a las palabras del periodista Bernardo Neustadt, cuando justificaba la privatización de los ferrocarriles al asegurar que les costaban a los argentinos «un millón de pesos por día».
En síntesis, el PPP recoge el espíritu de acuerdos como el NAFTA o el fallido ALCA, al dotar de abiertas prerrogativas a los inversores extranjeros y someter al Estado a la pérdida de herramientas indispensables para reducir la pobreza y perseguir el bienestar general. Por eso en mi intervención en la Cámara de Diputados comenté que la ley, en vez de denominarse «PPP», debería denominarse «PPSN: Proyecto de Pérdida de Soberanía Nacional».
Alquimia neoliberal
La apuesta del gobierno incluye también la esfera comercial. En la semana, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, estuvo en Washington reunido con inversores, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, y otros funcionarios, como parte del primer Diálogo Comercial EE UU-Argentina. En la previa a este encuentro el ministro les había comentado a empresarios de Amcham (Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina): «es muy importante ir hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y queremos que este país sea el primer inversor extranjero en la Argentina», omitiendo cualquier negociación a través del Mercosur. Reflejándose en el modelo chileno, Cabrera también señaló: «Tenemos acuerdos de comercio con el 10% del PBI mundial contra el 90% que tiene Chile, así que tenemos que crecer en ese sentido». Luego dijo que «tras 20 años, EE UU y Argentina vuelven a encontrarse en un diálogo comercial: queremos una integración inteligente con foco en las pyme», un actor que no viene siendo tenido en cuenta y que seguramente se perjudicará con estos acuerdos.
Desde el lado norteamericano, Pritzker resaltó la nueva dirección de las políticas del gobierno de Macri, «diseñadas para mejorar y sostener la salud económica, y asegurar la prosperidad a largo plazo de los argentinos». Para chequear la veracidad de sus intenciones se puede mencionar una frase de su jefe, Obama, quien semanas atrás había escrito en una nota para The Economist (08.10.16): «mientras algunas comunidades han sufrido la competencia externa, el comercio ha ayudado a nuestra economía mucho más de lo que la ha dañado. Las exportaciones nos han ayudado a salir de la recesión (…). Entonces, seguiré impulsando al Congreso para que apruebe el Acuerdo Transpacífico y concluya el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión con la Unión Europea». De avanzarse con la idea del gobierno argentino, queda claro cuál será el saldo de beneficiarios y perjudicados.
Calendario del ajuste
El Instituto de Finanzas Internacionales (IFI) elaboró un sugestivo informe sobre Argentina titulado «Sumándose a la ola del endeudamiento», que da una idea de la estrategia actual del gobierno, el cual según el IFI estaría evitando hacer un ajuste fiscal. Uno de los pasajes más sinceros es cuando sostienen que el gran desafío es convencer a los sindicatos y negociar bajo las metas de inflación del BCRA establecidas entre el 12% y el 17 por ciento. Esto implica, como mínimo, cristalizar la pérdida del salario real de este año, siempre y cuando las metas puedan ser alcanzadas. Las conclusiones publicadas por el IFI indican que «hay un alto riesgo a la complacencia, y si bien la estrategia de posponer el dolor vía endeudamiento le permitió a Macri posponer el ajuste fiscal, será imperioso implementar un decisivo programa de consolidación fiscal después de las elecciones». Un futuro que no parece del todo venturoso, más aun si se niega el actual nivel de padecimiento, reflejado en la falta de salud de las principales variables, como la actividad y el empleo, que siguen sin dar respiro.
Por caso, esta semana se publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), mostrando una caída interanual en agosto del 2,6 por ciento. El dato de producción industrial de FIEL para septiembre da cuenta de la continuidad de este proceso, con una caída del 8% interanual. En el acumulado del año afectó de forma generalizada a todos los sectores y tipos de bienes, desde los de consumo durable (-10,1%) hasta los de capital (-6,3%), una consecuencia casi directa de la contracción del mercado interno y de los ingresos de la población. De hecho, según datos oficiales, en los primeros ocho meses del año se perdieron 103.775 puestos formales, y los salarios reales registrados cayeron un 8,4% interanual.
La situación no parece preocupar a un gobierno que sigue apostando por el ajuste y trata de deslindarse de toda responsabilidad. A tal punto que en la semana Macri llegó a decirle a jóvenes que se reunieron con él en representación de entidades que participan del Foro de Convergencia Empresarial: «si tenemos éxito, cada día debería pesar menos la dirigencia política y crecer los casos de empresarios exitosos. EE UU no es por sus presidentes, sino por Henry Ford, Bill Gates, entre otros», lo cual indica en qué lado se coloca Macri. Teniendo en cuenta el rol activo que jugó el Estado y la política en la experiencia de los países desarrollados, la frase suena a pura tergiversación de la historia, componente clave del discurso neoliberal.