Página/12 | Opinión
Este 1º de Mayo, como todos los años, se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Esto sucedió mientras atravesamos un tiempo con miles de despidos y creciente deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo. Pero no parece haber pasado lo peor. El gobierno amenaza con cerrar más dependencias del Estado y prescindir de más trabajadores y trabajadoras. En paralelo, el plan de ajuste que lleva adelante genera una reducción sostenida del consumo, caída de la producción y suspensión o despido de trabajadores y trabajadoras del ámbito privado.
El tema no queda ahí: el flamante titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sostuvo la necesidad de avanzar en una reforma laboral y afirmó que todas las reformas se tienen que dar en función de una “mejora de la capacidad de competencia a nivel global. No podemos vivir cerrados y aislados”. Agregó que se debería avanzar en un “nuevo contrato productivo, donde todos los sectores de la economía tienen que entender que competimos con el mundo y tenemos que encontrar acuerdos para producir cada vez mejor y más barato”. Es la repetida idea de que para que le vaya bien al país es imprescindible reducir “los costos laborales” y, por lo tanto, eliminar o achicar derechos de trabajadores y trabajadoras.
No es el único que se refiere a la implementación de reformas de este tipo. Unos días antes, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, había señalado con relación al acuerdo con la Argentina: “el programa se centra en fortalecer la calidad y la durabilidad del ancla fiscal y esto se verá respaldado por la disciplina de gasto en curso, las medidas de eficiencia y las reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones”. Luego agregó que el país enfrenta “vulnerabilidades externas y estructurales”, por lo que será clave mantener la “firmeza en las políticas y la flexibilidad para adaptarlas si el contexto global lo requiere”.
En un seminario organizado por el JP Morgan, ante alrededor de 200 grandes inversores y consultores financieros de Nueva York y respondiendo a una pregunta sobre las reformas laboral, previsional e impositiva, el ministro Luis Caputo respondió: “ya las tenemos preparadas, pero probablemente las haremos después de las elecciones”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la presentación de su informe de gestión en la Cámara de Diputados, afirmó: “sería apropiado que el Poder Ejecutivo trabaje con el próximo Congreso en las tres reformas estructurales que son básicas para generar crecimiento en la economía argentina: la fiscal, la laboral y la previsional”. Agregó que “este es un periodo legislativo muy complejo como para empezar con estas discusiones, ya que estamos ingresando en un periodo preelectoral”.
Es el mismo discurso y la misma secuencia: llevar adelante las reformas pero luego de las elecciones de octubre. ¿Por qué? Porque aspiran a que los comicios les permitan consolidar en el Parlamento una mayoría con la cual avanzar rápido en esa agenda de cambios. De allí la importancia trascendental de las próximas elecciones: si tienen un buen desempeño electoral y logran esa mayoría parlamentaria vienen por todo.
Por otro lado, el miércoles pasado se reunió el plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El objetivo era dictaminar sobre la declaración de emergencia nacional en materia de discapacidad.
En una sesión anterior, el pleno de la Cámara había emplazado a la comisión de Presupuesto y Hacienda a tratar el tema que ya tenía dictamen de las otras dos comisiones. La totalidad de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza que integran las tres comisiones del plenario estuvieron ausentes este miércoles. Legisladores de diversos bloques cuestionaron esa falta de presencia del oficialismo. La decisión fue interpretada como un anticipo de un probable veto presidencial.
Durante la reunión se aprobaron un dictamen de mayoría y tres de minoría. El primero logró 59 firmas de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Frente de Izquierda. De los segundos, uno reunió 14 firmas del PRO y el MID; otro, 8 firmas de Democracia para Siempre; el último, 7 firmas de la UCR. La iniciativa será tratada próximamente en una sesión especial de la Cámara.
El proyecto de ley prevé una compensación de emergencia a los prestadores, por la diferencia entre lo abonado desde diciembre de 2023 hasta el mismo mes de 2024, actualizada por el índice de precios al consumidor del Indec, y de allí en adelante, la indexación de acuerdo a la movilidad de los haberes jubilatorios. Además, se establece que la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social será compatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el Monotributo.
Hubo un segundo emplazamiento de la Cámara de Diputados que estuvo también dirigido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que, conjuntamente con la comisión de Previsión y Seguridad Social, dictaminen sobre moratoria previsional, la mejora de los haberes jubilatorios y la incorporación remunerativa del bono previsional. Este plenario de comisiones está en etapa de recibir opiniones de los sectores involucrados en el tema, como organizaciones de jubilados y especialistas en cuestiones previsionales. Resta una segunda reunión informativa y luego una tercera para dictaminar y luego elevar su tratamiento al pleno de la cámara.
En síntesis: se afianza una tendencia en la cual diversos sectores opositores coinciden en confrontar con los recortes de derechos que intenta imponer el gobierno. Se trata de una oposición que, con sus diferencias, profundiza su perfil crítico a la motosierra y a la crueldad. Allí donde La Libertad Avanza busca desmantelar protecciones y cuidados, esta confluencia que disiente intenta reponerlos. Este espacio diverso de oposición es el que el gobierno busca desarmar si logra una votación favorable en octubre y, en su lugar, estructura una fuerza afín con la cual impulsar sus reformas regresivas.
Está claro cuál es la estrategia gubernamental. El campo nacional, popular y democrático tiene una sola alternativa: consolidar la unidad que le impida al oficialismo contar con las mayorías necesarias para llevar adelante más reformas regresivas en contra del pueblo argentino.