Tiempo Argentino | Opinión
La inflación de julio alcanzó al 1,9%, un valor que difiere en décimas respecto de mayo (1,5%) y junio (1,6%) y muestra que el derrotero para “eliminarla” no es simple, a pesar de las incesantes medidas del gobierno para contenerla, utilizando tanto las herramientas monetarias como la apertura indiscriminada de las importaciones.
Si bien no se verificó un traspaso de la reciente devaluación a los precios, dado que los picos de tensión cambiaria se dieron en la última semana de julio y en lo que va de agosto, sería de esperar mayores valores del IPC en el mes actual.
Las remarcaciones estarían siendo contenidas por la menor demanda interna, en especial por la gran debilidad del consumo popular, así como por el ingreso de productos importados.
El gobierno festejó la evolución de la inflación núcleo (+1,5%), que es la que no contempla los precios regulados y los estacionales. Pero, ¿acaso los hogares no se ven afectados por el alza que registraron los alimentos (+1,9%) o el transporte (+2,8%)? Además, no hay que olvidar que el método de cálculo no refleja la realidad, dado que la canasta de productos es “vieja”, con una menor ponderación de los servicios públicos de lo que pesan en la actualidad, y que son los que más han aumentado en lo que va de esta gestión gubernamental.
Un par de datos a tener en cuenta: en el Gran Buenos Aires (GBA), donde los alimentos crecieron un 2,2%, se verificó un incremento del 8,5% en las frutas y un 6,4% en las verduras.
En una nota de un medio masivo de comunicación se señala que “la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su «preocupación» por el nivel de actividad económica” y que “la heterogénea recuperación iniciada el año pasado está mostrando cierto amesetamiento en los últimos cinco meses”. Lejos del crecimiento que suele promocionar el gobierno.
Por su parte, en un informe del Observatorio Pyme se hace foco en la debilidad de la demanda y en el impacto de las importaciones. Respecto de esto último, señala que “crece el porcentaje de empresas que sustituye insumos (22%) y producción (10%)”. Es decir, las importaciones están amenazando directa e indirectamente a todos los eslabones de la cadena productiva.
Más allá de la cruda fotografía, las discrepancias surgen en el terreno de los “cómo”: en las herramientas sugeridas para salir de esta situación. Al respecto, desde la UIA reclaman medidas para “nivelar la cancha”. En el podio aparecen: “alivio de la presión fiscal”, “estabilidad macroeconómica” y “reforma laboral”. Son los mismos ejes del discurso oficial y del FMI, pensados para después de las elecciones.
Sobre la supuesta estabilidad macroeconómica, hay que mencionar que la misma se está dando a expensas de la producción y el empleo y exige un endeudamiento creciente, comprometiendo el presente y el futuro del país y de sus habitantes.
La reforma laboral, en tanto, implicaría formalizar empleo sin derechos y un mayor deterioro relativo del salario, y ese menor poder de compra de las trabajadoras y los trabajadores afectaría principalmente a las empresas locales que viven del mercado interno.
En cuanto al “alivio fiscal”, en un reciente documento de la Fundación Mediterránea se plantea la necesidad de eliminar impuestos como Ingresos Brutos, al cheque, los derechos de exportación, sellos y tasas municipales sobre las ventas, hasta arribar a una quita del 7,6% del PBI. ¿Cuántas partidas en salud, educación, obras públicas, jubilaciones sufrirán si se realiza semejante recorte en los ingresos fiscales?
Además, dado que la regla “sagrada” del Gobierno pasa por mantener el superávit financiero a toda costa, no quedaría otra alternativa que seguir recortando fuertemente el gasto público.
El apretón monetario
La política monetaria dura, o restrictiva, no solo está en los planes del Gobierno, sino también en las exigencias del FMI, en especial en el informe de la última revisión.
Los bancos captan depósitos y con esos fondos, luego de deducir una proporción establecida por regulaciones del BCRA, llamada “encaje”, otorgan créditos a las familias y a las empresas. Si los encajes suben, los bancos tienen menor capacidad para prestar. Este aumento ocasionaría un apretón monetario, que es lo que se está viviendo en estos momentos.
El gobierno es uno de los grandes tomadores de fondos. Y en la licitación del miércoles pasado renovó sólo el 61% de los vencimientos de títulos públicos, lo cual generó una emisión de pesos importante (el Tesoro paga los títulos no renovados con sus depósitos en el BCRA). Una mala palabra para el Gobierno, temeroso de que ese dinero se vaya al dólar y termine impactando en la inflación.
De allí que el BCRA estableció un nuevo endurecimiento monetario, subiendo los encajes de los bancos un 5% (dinero que sale del sistema), desde el 19 de agosto hasta el 28 de noviembre, un período que resulta difícil no vincular con las elecciones de octubre.
El aumento de los encajes lleva a la suba de las tasas de interés interbancarias y las de plazo fijo, que impactan en las tasas de los préstamos, escenario que agrava la ya existente situación recesiva. Una política de endurecimiento monetario que ha alcanzado su punto máximo, por ahora, con las medidas de esta semana.
Resumiendo, el gran objetivo del Gobierno es frenar la inflación cueste lo que cueste, y utiliza todas las herramientas a su disposición: liberalización de importaciones y apretón monetario como los ejes, políticas que profundizarán los costos en términos de actividad y empleo, un resultado que apunta también a contener el aumento de los precios.
El todo, superior a las partes
No hay que perder de vista el todo, ya que la situación descripta se agravará si se profundizan las políticas actuales. Más allá de las reivindicaciones puntuales, el gran problema está en la falta de un mercado interno e ingresos que dinamicen la economía, como consecuencia del modelo aplicado.
Los ingresos de la Administración Pública Nacional, producto principalmente de que no se prorrogó la vigencia del Impuesto PAIS, cayeron en lo que va del año un 0,7% del PBI. Entonces, no es que no haya recursos. Toda decisión fiscal, ya sea del lado de los ingresos o de los gastos, está determinando las prioridades de las políticas públicas. Está definiendo quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Las de este gobierno claramente van a favor de los sectores más concentrados.
En mi última intervención en la reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda señalé que, si no hay un cambio de rumbo, lo que viene es peor y que en octubre las cosas pueden tomar dos direcciones contrapuestas.
Una es la que plantea el oficialismo: requiere la obtención de una mayoría que impida que el Parlamento sea un freno a la profundización e instalación de su modelo.
La otra requiere la conformación de una oposición que tenga la solidez suficiente para que no se puedan vetar las leyes que apruebe el Parlamento y que el equilibrio de poderes permita, en los dos años de gestión que le faltan al gobierno, que podamos transitar por un rumbo menos dañino para los intereses de la gran mayoría de los argentinos y las argentinas.