Denuncias, ajuste y recesión

Perfil| Opinión

La sospecha sobre lo sucedido en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) es muy grave y ha generado un intenso debate. Se trata de la divulgación de supuestos audios de un funcionario del Gobierno de esa área en los que relata el pedido de presuntas coimas.

Estas denuncias sobre desvíos de fondos se producen en paralelo a que el Presidente, Javier Milei, intenta mantener el veto a una ley que contiene derechos y mejoras en los servicios esenciales para las personas con discapacidad. Esta ley viene atravesando distintos avatares: sancionada por el Senado el 10 julio último, fue vetada el 4 de agosto por el Ejecutivo. Tras ser emplazada la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el 20 de agosto el plenario rechazó en el recinto el veto presidencial con el voto de más de los dos tercios de los legisladores presentes. Ahora está pendiente su tratamiento en el Senado. En este escenario, el presidente Milei afirmó el jueves: “Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado”.

A las denuncias acerca de los audios en el caso de la Andis, hay que sumar la estafa con la criptomoneda $Libra. La combinación de ambas situaciones tendrá necesariamente un impacto en la sociedad. Se requiere una investigación rápida y profunda para que la ciudadanía acceda a la verdad de lo que sucede.

En su informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el Ejecutivo estaría en condiciones de dar de baja el beneficio por discapacidad de unas 500 mil personas. Sin embargo, Francos prefirió nuevamente acusar a la oposición: “Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tiene lugar”.

Otra combinación que debería preocupar al Gobierno es la que relaciona la ampliación de la agenda de posible corrupción con la persistencia creciente de problemas en la economía.

La estrategia del Poder Ejecutivo para intentar controlar la inflación está generando una serie de trastornos económicos y sociales. Por ejemplo, las autoridades decidieron “secar de pesos” la plaza lo más posible con la intención de evitar que esos pesos se desplacen al dólar y produzcan subas en el tipo de cambio y traslado a los precios. La restricción monetaria implementada, con los aumentos de encajes bancarios, y con condiciones más restrictivas para la integración de estos, derivó en una fuerte escalada de las tasas de interés, muy por encima de la inflación mensual y con una gran volatilidad.

Todas las entidades financieras han subido los intereses que pagan y que cobran. En el sistema, la tasa mayorista de bancos privados para depósitos superiores a los $ 1.000 millones (Tamar) promedió en lo que va de agosto el 52%, con máximos de 64,1%, habiendo sido la media de julio del 34,4%. Esto consolida el sesgo real positivo de los intereses que deberán abonar los tomadores de créditos. La tasa de los adelantos en cuenta corriente, una de las líneas donde el traslado es más rápido, pasó del 57,2% a fin de julio al 83,9% el 27/8, mientras que la de personales se elevó del 69% al 79,4%. Estas subas impactan sobre los tomadores de préstamos y profundizan el freno de la actividad con la que el Gobierno trata de evitar posibles aumentos en los precios.

También se continúa permitiendo el ingreso irrestricto de importaciones que compiten con la producción local. Según el Indec, esas importaciones de bienes, medidas en cantidades, crecieron en julio un 23,2% interanual, con un 39,3% de aumento en los bienes de consumo.

La ciudadanía no tiene nada para festejar: la contrapartida de la estrategia macroeconómica del Gobierno es la destrucción de pymes, de empleo, y la reducción de los ingresos de amplios sectores de la población.

Nota publicada en Perfil/12 el 31/08/2025

Scroll al inicio