Perfil | Opinión
Los supuestos macroeconómicos sobre los que se basa el Presupuesto 2026, anunciado en cadena nacional por el Presidente Javier Milei, tienen varias inconsistencias.
Para la elaboración de este Presupuesto se utilizaron como punto de partida los datos de 2025. Por ejemplo, se sostiene que la inflación anual durante 2025 será de 24,5%. Para que ello sea posible, sería necesario que, en promedio, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la inflación fuera de 1,1% mensual. Para el 2026, pronostican 10,1% de aumento de los precios. Para ello, el promedio mensual para todo el año debería ser de 0,81%.
Sucede algo similar con el tipo de cambio: pronostican que, para el cierre de 2025, estará en $ 1.325. Para el 2026 calculan un dólar a $ 1.423. Parece poco probable.
Otro dato: el crecimiento del consumo privado estimado para este año es de 10,2%. Sin embargo, todos los días cierran nuevas empresas y hay más empleados despedidos que, por supuesto, reducen su capacidad de consumo.
Todas estas cifras son inconsistentes. Y sobre ello están proyectando el Presupuesto del año que viene.
Milei en su discurso sostuvo: “Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado (…)”. Y agregó: “La Argentina es un defaulteador serial motivo por el cual los mercados nos castigan aun siendo uno de los cinco países del mundo que tienen equilibrio fiscal”.
La deducción es inmediata: hay sólo cinco países en el mundo que funcionarían correctamente y son aquellos que mantienen el equilibrio fiscal (en realidad son treinta, según datos del FMI). Lo que además el Presidente está diciendo es que la mayoría de los países a escala global tienen de-sequilibrios fiscales. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un déficit financiero del 6,5% del PBI y China, un 8,6% del PBI. Pero, también Rusia, Japón, España, Italia, la Unión Europea, el Reino Unido, Francia y Brasil tienen déficit.
Como siempre decimos: no somos hinchas del déficit fiscal. Pero tampoco creemos que el superávit fiscal es la variable exclusiva que determina si un país funciona bien o mal.
El Presidente también sostuvo que el Presupuesto que presentó “le asigna 4,8 billones de pesos a las Universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación”.
Más allá de varios estudios que muestran la magnitud del ajuste sobre la mayoría de las dependencias del Estado, hay que prestarle especial atención al artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 y las normas que deroga: por ejemplo, la que establece que el Presupuesto en Educación no puede ser inferior al 6% del PBI; la que propone alcanzar en el año 2032 una participación de como mínimo el 1% del PBI para el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la que destina para la Educación Técnica Profesional un monto no inferior al 0,2% del total de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto, entre otras regulaciones establecidas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para áreas directamente vinculadas con un modelo de país que privilegia el crecimiento, la diversificación productiva, la distribución y la inclusión.
Por un lado, el Gobierno hace anuncios de supuestas mejoras; por el otro, propone derogar las mejoras ya establecidas.
El miércoles, una oposición amplia y diversa en Diputados rechazó los vetos presidenciales a la Emergencia en Pediatría y al Financiamiento Universitario: la primera por 181 votos a favor, sesenta en contra y una abstención; la segunda, por 174 votos, 67 negativos y dos abstenciones. Ambos proyectos pasan ahora al Senado. Una nutrida movilización acompañó la sesión legislativa desde los alrededores del Parlamento. El jueves, el Senado rechazó el veto a la Ley de reparto automático de los ATN, con 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones. El tema ahora deberá tratarlo Diputados.
Un largo y paciente proceso de construcción de alianzas en el Parlamento y una movilización social creciente han contribuido a ponerle límites a un proyecto de modelo de país contrario a los intereses de los sectores populares, incluidos los sectores medios.