Página/12 | Opinión
En la última reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 con veinte votos a favor, la misma cantidad que obtuvo nuestro dictamen. Ante la paridad, el Presidente de la comisión desempató haciendo uso del doble voto. El Gobierno tuvo el acompañamiento de los diputados y las diputadas del PRO y de varias provincias con gobernadores “amigables”.
Desde el 10 de diciembre del 2023 hasta hoy, Diputados no cambió su composición pero atravesó dos etapas muy diferentes: a partir de la fecha mencionada y durante casi todo el 2024, los legisladores que responden a los gobernadores “dialoguistas” le dieron a la gestión nacional las mayorías que necesitaba para aprobar todas las leyes que creyeron necesarias; por el contrario, durante los últimos meses de 2024 y en lo que va del 2025, contribuyeron a sancionar varias iniciativas que el Ejecutivo vetó y sobre las que persistimos en su tratamiento. Es decir: entre las dos etapas se produjo un cambio en la manera de votar de ese grupo de diputados y diputadas.
A mi juicio, ello ocurrió por dos motivos: primero, porque empeoró la situación económica y social; segundo porque se iban acercando las elecciones, lo que obligaba a algunos gobernadores y referentes políticos a diferenciarse electoralmente. Luego de los últimos comicios, se verifica una tendencia a retornar al primer periodo, en el que ese grupo de legisladores y legisladoras le dio su apoyo parlamentario al Gobierno.
En este contexto, en el que el oficialismo aprobó el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026, desde el bloque de Unión por la Patria presentamos un dictamen que plantea la devolución al Ejecutivo de su proyecto, pidiendo que sea totalmente reelaborado. Nuestro desacuerdo es integral: el texto gubernamental tiene como objetivo consolidar el modelo actual de ajuste fiscal y de Estado ausente. Está en las antípodas de las políticas que consideramos necesarias para superar la situación crítica que vive hoy la Argentina. Nosotros impulsamos un Estado fuerte y eficiente que atienda las demandas de los sectores más vulnerables; que intervenga en la fijación de prioridades para el desarrollo de los sectores productivos, sobre todo de las PyMEs, de la ciencia y la tecnología, la educación, la salud, la distribución del ingreso, la obra pública, la defensa del federalismo y de la soberanía nacional, entre otros temas clave.
El Gobierno insiste con sostener el superávit fiscal. Pero envía un proyecto al Parlamento que oculta el déficit fiscal. El Fondo Monetario Internacional, en el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas, tratamiento fiscal de los bonos cero cupones, dice en el punto 671: “Ciertos instrumentos financieros, como las letras a corto plazo y los bonos de cupón cero, no obligan al deudor a efectuar pagos al acreedor hasta el vencimiento del pasivo. En efecto, el pasivo del deudor es amortizado por un pago único que cubre tanto el monto de los fondos obtenidos originalmente en préstamo como los intereses devengados y acumulados a lo largo de la vigencia del pasivo”.
Este comentario del organismo internacional es aplicable a las letras capitalizables que emite de manera creciente el Gobierno nacional y cuyos intereses no pasan por el cuadro de resultados. En la primera revisión del acuerdo hecha por el Fondo en agosto de este año se señala: “Incluir todos los pagos de intereses capitalizados al sector privado por encima de la línea implicaría un déficit fiscal financiero de aproximadamente 1,2% del PBI”. En síntesis: el proyecto de Presupuesto gubernamental no tiene en cuenta estos intereses capitalizables de una parte relevante de la deuda del Estado nacional: simplemente se suma como mayor deuda.
Además, el Presupuesto está calculado con un dólar a 1.325 pesos para diciembre del 2025 y de 1.423 para fines del 2026. Estos valores han quedado totalmente desactualizados. Tampoco parecen acertadas las cifras de inflación proyectadas hasta fin de año. La meta establecida por el Gobierno supone que el aumento de los precios en octubre, noviembre y diciembre debería estar por debajo del 1%. Estos valores ya han sido superados por la realidad y, por lo tanto, deberían modificarse. Se trata de estimaciones que cambian absolutamente las proyecciones de ingresos y de gastos. Es imprescindible reformularlos.
No quiero dejar de resaltar que el proyecto de Presupuesto debería incluir recursos para implementar las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud. Todas estas iniciativas han sido aprobadas por el Congreso, pero siguen ignoradas por el Poder Ejecutivo a través de distintas acciones dilatorias. Tampoco hay referencias a las obras públicas ni a las cajas provinciales no transferidas entre una larga enumeración de ítems ausentes. Todos esos “olvidos” deberían ser incorporados a la “Ley de leyes”.
Por otra parte, el Gobierno anunció el swap con Estados Unidos y el crédito que un grupo de bancos le darían a nuestro país. Sin embargo, ello no está incluido en el proyecto de Presupuesto 2026. Que se omita el tratamiento de un tema de esa magnitud explicita la subestimación del Parlamento nacional por parte del Poder Ejecutivo. Están hablando de nueva deuda por 40.000 millones de dólares y no nos dicen cómo, con qué condiciones, a cambio de qué y con qué garantías vienen esos préstamos. Al Gobierno no le interesa que el Congreso funcione como un poder autónomo. Al respecto, en el dictamen de Unión por la Patria se reafirman “las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación en materia de deuda establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional, en particular las previstas en el inciso 4 (contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación), inciso 7 (arreglar el pago de la deuda exterior de la Nación) e inciso 22 (aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales)”.
La gestión libertaria va a seguir empeorando las condiciones de vida de la mayoría de la población, destruyendo PyMEs, con pérdidas de puestos de trabajo, con sectores medios y demás sectores populares que van a continuar perdiendo derechos. Necesariamente ello va a seguir produciendo un aumento de la disconformidad. Del lado nuestro, será necesario construir mayor representatividad social y proponer un programa consensuado por todos los sectores que integran el campo nacional, popular y democrático.