Página/12 | Opinión
El oficialismo logró reunir el quorum en el Senado y tratar los proyectos de ley de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal. En el caso de la denominada “ley de leyes”, también impuso el voto por capítulo en lugar de artículo por artículo como establece el reglamento. Este tratamiento impulsado por el oficialismo supone un apartamiento del reglamento que requiere la aprobación de una mayoría especial de dos tercios de los senadores y las senadoras. El bloque Unión por la Patria dejó asentada la existencia de una irregularidad en los procedimientos.
Finalmente, el Senado aprobó por mayoría ―46 votos positivos, 25 negativos y 1 abstención―el proyecto de ley de Presupuesto 2026 tal como llegó de la Cámara de Diputados.
El gobierno necesitaba, entre otras razones, cumplir con la promesa de aprobación del Presupuesto 2026 que le hizo al FMI. Cuando la Argentina obtuvo el último préstamo del organismo internacional, se comprometió a incrementar sus Reservas líquidas en algo así como 10.000 millones de dólares, con lo que evidentemente no cumplió. Ante ese escenario, lo más probable es que el Fondo conceda al país el famoso “waiver” o perdón, dándole al gobierno una nueva oportunidad. De allí que la actual gestión ha prometido que durante 2026 va a acumular Reservas para cumplir con los objetivos.
El apuro por aprobar la “ley de leyes” está vinculado a la posibilidad de endeudarse en dólares sin pasar por el Congreso, en especial ante los importantes vencimientos de deuda en divisas de enero próximo (4.200 millones de dólares).
En ese marco, ¿cuál Presupuesto se terminó aprobando? Uno muy restrictivo desde el punto de vista del gasto. No fue elaborado bajo el principio de “allí donde hay una necesidad hay un derecho”, sino bajo el postulado contrario: “si no hay recursos no hay ni necesidades ni derechos”.
Sin embargo, la consigna “no hay plata” de la actual administración contiene una trampa: porque, entre otras causas, son las políticas gubernamentales las que hacen que caigan los ingresos. Dicen que no hay plata cuando ellos mismos generan las condiciones para que no la haya. Sucede, por ejemplo, cuando reducen las retenciones, bajan las alícuotas de Bienes Personales y, de aprobarse la ley de “modernización laboral”, ocurrirá también cuando modifiquen el Impuesto a las Ganancias de las grandes empresas.
La fórmula es la de siempre: si caen los ingresos y no pueden evitar algunos gastos adicionales producto de leyes que no pudieron derogar, el único modo de mantener el superávit es con más ajuste. Cuando el Presidente dice: “vamos a reacomodar partidas sin aumentar impuestos”, nos está anunciando la versión 2026 de la motosierra.
En ese escenario, hablan de la inflación a la baja. En su propuesta de política económica sólo pueden lograr ese objetivo con una recesión sostenida. No tienen otra herramienta que la del ajuste y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía. Si los precios se mantienen en los parámetros previstos será producto, especialmente, de la fuerte caída de la demanda y de la apertura importadora.
¿A dónde van parte de los recursos que antes estaban orientados a salud, educación, ciencia y tecnología u obras públicas, entre otros destinos? Es claro: el gobierno habla de superávit fiscal después de pagar los intereses de la deuda. La Argentina es un país que se achica con una deuda que se agranda. Por lo tanto, esa deuda se agranda dos veces. En el valor absoluto y en el valor relativo.
Siempre lo decimos: no somos hinchas del déficit fiscal, pero sí somos enemigos del ajuste para resolverlo. El equilibrio de las cuentas públicas también se puede lograr mejorando los ingresos. Por ejemplo, gravando a las grandes ganancias y los grandes patrimonios, combatiendo la evasión y la fuga de capitales y con un proyecto económico que fortalezca el mercado interno y proteja la producción nacional, sobre todo al sector de las PyMEs. Lo contrario de lo que hace el actual gobierno.
Existen varias experiencias de aportes o tributos aplicados a personas con muy altos ingresos y patrimonios. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó en noviembre una ley aprobada por el Congreso que le impone un gravamen a los superricos y, en paralelo, la exención de impuestos a las ganancias a más de 15 millones de trabajadores y trabajadoras. Para el jefe de Estado brasileño, la Ley ataca “los privilegios de una pequeña elite financiera”, el 0,1 por ciento de la población del país.
España ha implementado el “Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas”. Alcanza a dos tipos de contribuyentes: personas físicas residentes en España con patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros, y personas no residentes con bienes en territorio español que superen esta misma cantidad. Nació con un carácter transitorio, pero tiende a consolidarse como una herramienta presupuestaria permanente.
En la Argentina, un grupo de legisladores y legisladoras impulsamos en 2020 la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas. Un pago por única vez con el objetivo de morigerar los efectos de la pandemia de COVID-19, aplicable a patrimonios superiores a 200 millones de pesos de aquel momento. El aporte alcanzó a alrededor de 10 mil contribuyentes. Los fondos recaudados fueron destinados a equipamiento e insumos médicos, principalmente vacunas; ayuda para las PyMEs; becas Progresar; urbanización e integración socio-urbana en barrios populares; exploración y producción de gas natural (Gasoducto Néstor Kirchner), además de programas de apoyo a sectores vulnerados, como el IFE y la Tarjeta Alimentar.
Como alternativa a lograr el equilibrio fiscal a través del ajuste a los sectores populares, incluidos los sectores medios, nuestra propuesta consiste en mejorar los ingresos del fisco mediante la aplicación de gravámenes a un pequeño sector de multimillonarios, entre otras medidas.
Es la salida del planteo de que “no hay plata”. La respuesta es sencilla: plata hay, de lo que se trata es de distribuirla mejor.