Página/12 | Opinión
A pocos días de las marchas del 24 de marzo con las que conmemoramos los 50 años del golpe de Estado de 1976, la épica generada en las calles, avenidas y plazas del país continúa presente. Hay una emoción que permanece inalterable, como si esas movilizaciones en todo el territorio nacional representaran un punto de inflexión indicativo de que el modelo libertario en la Argentina está comenzando a retroceder.
Fueron de las marchas más masivas de las que se tenga memoria desde 1983. Además, estuvieron integradas por muchos jóvenes y por gran cantidad de padres y madres con sus hijos e hijas en una especie de rito de transmisión de un legado, de una historia que seguirá siendo contada a través de las generaciones.
Se notó una gran diversidad en las columnas y una mayor convocatoria de las organizaciones. En todos lados se multiplicó la misma ceremonia: cientos de encuentros y de abrazos entre ciudadanos y ciudadanas con los cuales se comparte a grandes trazos una concepción sobre la democracia, las libertades y la igualdad.
¿Por qué este año fue mucha más gente que el año pasado? Más allá del peso simbólico del 50 aniversario, seguramente porque el humor social, que reflejan las encuestas, marca un cierto agotamiento del crédito que hasta aquí mantenía el gobierno. La estrategia ideológica expresada en frases como “estamos mal, pero vamos bien”, “tengamos expectativas”, “lo peor ya pasó”, “la luz al final del túnel”, entre otras, ya no convence como lo hacía hasta ahora. Por el contrario, parece emerger otro conjunto de certezas: “No damos más”; “no estamos de acuerdo con este proyecto”; “el crédito que te dimos se empezó a terminar”.
También es alentador que haya habido un solo documento a diferencia de otras veces en las que no se pudo consensuar. Ello puede estar marcando cierto acuerdo sobre la necesidad de ir construyendo acercamientos, viendo lo que nos une y poniéndolo por encima de lo que nos puede distanciar.
Estas movilizaciones que muestran el debilitamiento del modelo libertario podrían ser parte de un fenómeno global: por ejemplo, los republicanos acaban de perder en el distrito 87 de la Cámara de Representantes estatal, en La Florida, en el condado de Mar–a–Lago, en Palm Beach, donde se encuentra ubicada la residencia del presidente Donald Trump.
En otro orden de cosas, poco después de que se conociera este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero, que muestra una leve alza mensual del 0,4% de la actividad con relación al mes anterior y del 1,9% en comparación con enero de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo: “estamos en récord histórico de actividad, de exportaciones, de consumo” y agregó que se quiere “instalar que estamos en una depresión y eso es totalmente falso”.
Hay otro modo de leer los números del EMAE. Durante enero la industria cayó 2,6%; el comercio mayorista y minorista 3,2%; hoteles y restaurantes un 2,2%; electricidad, agua y gas un 3%. Por el contrario, Agricultura y Ganadería creció un 25%, la explotación de minas y canteras 9,6% (incluye petróleo y gas); y la intermediación financiera un 7,7%.
Es nítido cuál es el modelo de país que propone el gobierno: aquel en el que crecen el agro, la minería, el petróleo y la intermediación financiera y caen la industria y el comercio mayorista y minorista, entre otros sectores.
La actual administración también insiste con que la apertura importadora asegura una mayor diversidad de la oferta de productos a menores precios. El ministro Caputo hace especial referencia a la mayor venta de autos. Es cierto: el año pasado hubo récord de patentamiento de vehículos nuevos. Sin embargo, en paralelo, la caída de la producción de autos de industria nacional es enorme. El 70% de los patentamientos es de coches importados.
Es el país del 20-80 con un sector minoritario con alto consumo, que compra autos nuevos importados, realiza inversiones inmobiliarias y viaja al exterior y otro mayoritario al que no le alcanzan sus ingresos para llegar a fin de mes.
Otra discusión que propone el gobierno tiene que ver con la supuesta recuperación de los ingresos. Los salarios registrados del sector privado perdieron 2,3% y los del sector público un 17,9%, comparados con 2023. En paralelo, los ingresos de los informales crecieron un 80% nominal en el último año, comparando enero 2026 con igual mes de 2025, mientras que en igual período los salarios registrados crecieron un 29%, estos últimos muy por debajo de la inflación de igual lapso, que fue del 32,4%. El gobierno mezcla esos números y concluye que el salario se recuperó.
Suponiendo que estos datos sean correctos, los trabajadores y las trabajadoras informales no son para nada equiparables a los formales: por empezar, no tienen cobertura médica ni previsional y, por lo tanto, cuando se enferman no facturan y cuando lleguen a la edad de jubilarse estarán desprotegidos. Son trabajadores y trabajadoras sin derechos. Además, obtienen ingresos de subsistencia.
Hay una pregunta básica: hasta cuánto, por ejemplo, puede crecer el número de repartidores si en paralelo no crece el número de consumidores. Si aumenta la oferta sin que lo haga la demanda, esa oferta encuentra rápidamente su punto de saturación.
Este viernes, la Corte de Apelaciones de Nueva York falló a favor de la nacionalización de YPF decidida por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, votada mayoritariamente en el Congreso en 2012 e implementada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. En una contorsión extrema, el presidente Javier Milei cuestionó la recuperación del control de YPF por parte del Estado y, en simultáneo, reivindicó la decisión del Tribunal norteamericano que reconoció que la primera instancia judicial había fallado de modo equivocado.
No hay nada novedoso que el gobierno haya hecho: no se ha cambiado el estudio jurídico que estuvo a cargo de la defensa de Argentina y los argumentos exitosos utilizados fueron esencialmente los mismos siempre.
Algo adicional: la recuperación de YPF estimuló, entre otras cosas, el desarrollo de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner y el superávit energético.
El gobierno está en contra de la nacionalización, pero se ha favorecido con la nacionalización. Como nota al pie: parte de la inversión para construir el gasoducto fue provista por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, a partir de una ley que impulsamos un grupo de legisladores y legisladoras durante la pandemia.
En el clima generado por las movilizaciones del 24 de marzo, quizás estemos ante las primeras señales de debilitamiento del modelo de país para pocos y de fortalecimiento de otro modelo que impulse el crecimiento con distribución, la producción con valor agregado, la ampliación de derechos, la inclusión y la soberanía nacional, entre muchos otros puntos de una agenda transformadora.