Tiempo Argentino | Opinión
La realidad descripta por los principales indicadores económicos contrasta con el discurso oficialista, en particular, con los dichos del presidente Javier Milei en el cierre del Consejo de las Américas, donde destacó “el éxito del modelo de crecimiento económico” que implementó el Gobierno nacional.
El Índice General de Actividad (IGA) de la consultora de OJ Ferreres registró una caída mensual del 0,9% en julio. En la medición acumulada de los siete primeros meses de 2026 contra igual periodo de 2025 la variación fue casi nula (0,3%). Según el informe, “la mejora de los sectores más vinculados a la demanda interna todavía es frágil”, lo cual podría condicionar la “recuperación gradual” que se espera “hacia adelante”. El comercio y la industria continúan mostrando desempeños negativos en el acumulado (-2,3%) y (-2,1%), respectivamente, mientras que petróleo y gas (+11,2%), sector agropecuario (+7,1%) e intermediación financiera (+6,3%) se encuentran en el otro extremo. Una muestra de la dualidad que viene caracterizando a la economía argentina, y en la que los sectores más castigados son aquellos “mano de obra intensivos”. La tendencia del modelo es a dejar “gente afuera”. La dirección marcada también es ratificada por el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec, pero que llega sólo hasta junio.
Por su parte, las mediciones de la actividad manufacturera de la misma consultora (similares a las de la Unión Industrial Argentina) indican que en julio la caída mensual fue del 0,4%, mientras que el acumulado interanual mermó un 2,1 por ciento. Nuevamente en este caso la consultora hace alusión a la demanda interna, señalando que los sectores más vinculados a la misma, como plásticos, textiles, maquinaria e insumos para la construcción, no mostrarán una recuperación a menos que sean acompañados por un avance “del consumo minorista de la mano de una mejora en los ingresos de las familias”. A su vez, los rubros más orientados al mercado externo, como refinerías, metálicas básicas, química y alimentos, traccionarían positivamente.
El gobierno anunció que buscará impulsar el crédito hipotecario y con ello “la economía en general”, con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. No deja de ser un reconocimiento implícito de que la economía no reacciona. No obstante, con una medida aislada no se puede esperar que la tendencia cambie.
En concreto, el FGS colocará en los bancos plazos fijos a 1 y 5 años, ajustables por UVA + 2,5% y UVA + 4,5%, respectivamente. Con estos fondos las entidades deberán otorgar préstamos a un plazo mínimo de 15 años, a una tasa que no podrá superar UVA + 7,5 por ciento.
El principal escollo para que el crédito hipotecario y la economía reaccionen está en la caída del salario real y del ingreso disponible de los hogares. Deterioro que el gobierno niega.
Durante la conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, comento que “los créditos hipotecarios son una prioridad, por diferentes razones: una, porque hace a la justicia social, nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda (…) y no tenga que ahorrar 30 o 40 años para comprarla”. En principio, una mirada muy restringida de la justicia social. Pero, además, disonante con las visiones del oficialismo: ¿No era acaso que la justicia social es una “aberración” o un “robo”?
Blindando el modelo
Durante la semana, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Una de las principales modificaciones que incluye el proyecto presentado por el Ejecutivo es limitar los objetivos del BCRA, quitándole las facultades que le fueron otorgadas en la reforma del 2012. Mientras la normativa vigente “tiene por finalidad promover (…) la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, con la reforma se propone que sea, exclusivamente, “misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda”. Esta orientación va a contramano de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la Reserva Federal (nombre del banco central) tiene un mandato dual en el que toma en cuenta, para definir su política monetaria, tanto los niveles de inflación como los de empleo.
Además, se busca quitar que el Banco Central financie al Tesoro. Una situación que, a futuro, si la reforma llega a convertirse en ley, impediría a la autoridad monetaria actuar en caso de situaciones de crisis, como podría ser una catástrofe natural.
Se establece que los miembros del directorio del BCRA pueden seguir siendo designados como hasta ahora (a propuesta del Poder Ejecutivo con mayoría simple del Senado), aunque para removerlos se necesitarían dos tercios de ambas cámaras, una mayoría muy difícil de lograr. Es un mensaje subliminal a los mercados, destinado a asegurarles que, aunque haya un cambio en la administración de gobierno en las próximas elecciones, quienes tendrán las riendas de una de las principales herramientas macroeconómicas serán los mismos que en la actualidad. Con esta norma, el gobierno apunta principalmente a blindar el manejo de la política monetaria y financiera de la voluntad popular.
Avanzar con los consensos
Vale la pena destacar lo ocurrido al comienzo de la mencionada sesión, cuando algunos/as legisladores/as pidieron el tratamiento de gran cantidad de proyectos que fueron presentados para tratar el problema de los endeudados y la prórroga de la emergencia en discapacidad. El resultado de la votación fue de 133 votos a favor, 107 en contra (La Libertad Avanza y el PRO) y 11 abstenciones. En ambas temáticas se dio una idéntica composición. Esta mayoría es muy diversa, y aunque no se llegó a los dos tercios necesarios para incorporar la iniciativa a la sesión pasada, constituye un primer paso para seguir adelante con estas propuestas.
Seguramente, los tiempos electorales van a ir modificando la composición de las votaciones de forma tal de permitir que más proyectos que se oponen a las políticas que está llevando adelante esta administración puedan avanzar en el Parlamento.
En esta línea es interesante analizar la situación de los endeudados. El tomar crédito no es algo malo en sí mismo. Pero cuando se recurre al mismo para cubrir necesidades esenciales (y encima a altas tasas de interés) sí lo es. Argentina tiene una crisis de ingresos, ya que hay una enorme porción de la ciudadanía a la que no le alcanza el ingreso para cubrir sus necesidades básicas y los servicios públicos; entonces se endeuda para sobrevivir. Esta “salida” tiene frazada corta, ya que al poco tiempo la situación se agrava porque los ingresos siguen retrasándose, a lo que se le suman las cuotas con altos intereses por pagar. De allí surge, en gran medida, el crecimiento en los niveles de morosidad.
A la caída en los ingresos de la población se agrega el hecho de que escasean las regulaciones, en particular sobre las entidades financieras no bancarias. El mercado por sí solo no debería poder definir cuáles deben ser las tasas y las condiciones de los préstamos. Ambas cuestiones son centrales a la hora de abordar la problemática de la morosidad y sus responsabilidades.
El sistema financiero tiene que estar regulado. No obstante, hay muchos prestamistas, (que están especialmente dirigidos a las clases de bajos ingresos, las más débiles financieramente) que hoy en día se encuentran por fuera de esa regulación, un escenario que es congruente con la voluntad ideológica del oficialismo.