Tiempo Argentino | Opinión
Uno de los eventos a destacar de esta semana fue la reunión anual de AmCham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina). El discurso de apertura lo brindó el director del JP Morgan para la región y presidente de la Cámara, a quien lo acompañan en el directorio, entre otros, representantes de Bayer, Amazon, SC Johnson, Exxon Mobil, Cargill y Citibank.
“La competitividad no es un concepto abstracto, (…) empieza con la estabilidad macroeconómica (…) también requiere de una profunda reforma del sistema tributario. Hoy las empresas siguen operando en un entorno asfixiante”, señaló el Presidente de AmCham. No faltó la alusión al mercado laboral: “la competitividad también se construye en el plano laboral. Durante décadas el costo del empleo formal en la Argentina se ha ido duplicando” y añadió que “la rigidez normativa y la alta litigiosidad han desincentivado la contratación y profundizado la informalidad. Es urgente avanzar a una reforma que contemple un marco laboral, más moderno, más flexible e inclusivo”. Un discurso ya conocido por los argentinos/as, que se traduce en una reducción de derechos para los trabajadores/as.
Para dejar más que clara su postura, el líder del JP Morgan remató su alocución al señalar que “hay que fortalecer la transparencia y la calidad de las instituciones. Sin institucionalidad no hay país que prospere”. Resulta como mínimo paradójico que se incorpore al debate la “calidad” y “transparencia” de las instituciones cuando desde el gobierno nacional (con la connivencia de los grandes empresarios), se vulnera constantemente la división de poderes, relacionada directamente con lo institucional.
¿Cuál es uno de los principales objetivos del oficialismo a corto plazo? Intentar modificar la composición del Poder Legislativo para aprobar leyes que perjudicarían a la gran mayoría de la población, sin tener que “negociar” ni aplicar “estrategias” con la “oposición amigable” como las que se están poniendo en juego en estos días. Así lo manifestó el ministro Luis Caputo cuando ante la consulta de una periodista acerca de la seguridad de los depósitos que las personas humanas y empresas tendrían en el sistema financiero, su inmediata respuesta fue “votando bien” en octubre próximo.
La sesión del miércoles pasado en el Congreso fue un ejemplo de las estrategias del oficialismo para trabar propuestas que crean o devuelven derechos a la ciudadanía. No se obtuvo el quórum para debatir proyectos como la recomposición de los haberes jubilatorios, restablecer la moratoria previsional y medidas de emergencia para las regiones azotadas por las últimas inundaciones, entre otros. Entonces, ¿cuál es el respeto a las instituciones si luego, en la práctica, se encargan de utilizar todas las herramientas a su alcance para que no se traten proyectos que pretenden traer alivio a los más vulnerables?
De todos modos, no hay que perder de vista el eje de la cuestión. Lo fundamental es la concepción ideológica del Presupuesto nacional que tiene el gobierno libertario: hacen constantemente hincapié en reducir impuestos. Al bajar los ingresos fiscales, según su “regla de oro” de equilibrio fiscal, recortarán aún más el gasto público.
Desde nuestro espacio pensamos exactamente lo contrario, las cuentas fiscales deben analizarse sobre la base de las necesidades, y luego generar los ingresos para atenderlas.
Por eso obturaron la sesión de Diputados. No pasa en lo fundamental por el gasto en términos de PIB que implicaría el alivio a jubilados (una mejora que no está en los planes de la actual administración). Lo más importante para ellos es reafirmar una política en la que se privilegia el equilibrio de las cuentas fiscales por sobre cualquier otra medida. Esta postura hay que considerarla desde la pérdida de derechos de la ciudadanía, y así gestar la batalla cultural que necesitamos, ratificando nuestra posición ideológica. Para frenar estas políticas hay que trabajar para que el campo popular sea capaz de ponerse de acuerdo, encontrar puntos de coincidencia, y que esos avances puedan cohesionar una fuerza política que obtenga la mayor cantidad posible de votos en las elecciones legislativas de octubre.
“Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”
Bajo este título, el pasado jueves los funcionarios del gobierno nacional anunciaron medidas a implementar en dos etapas: la primera, a través de un decreto (353/2025) y por resoluciones de ARCA, para la eliminación de un conjunto de controles fiscales. También, se crea el Sistema de Finanzas Abiertas, cuya autoridad de aplicación será el BCRA. La segunda etapa implicará el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley que buscará “blindar el ahorro de los argentinos de futuras administraciones”. Es obvio que necesitaron acudir a un proyecto de ley para intentar implementar la parte más profunda de sus medidas para garantizar una cierta cobertura legal a quienes utilicen sus dólares no declarados.
No obstante, hay advertencias, incluso de la directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, respecto de no tomar decisiones que podrían ir en contra de “alinear el marco antilavado de dinero y de financiación del terrorismo de Argentina con los estándares internacionales”.
Se pretende reforzar el secreto fiscal y por lo tanto, el gobierno instruyó a ARCA a que simplifique su normativa de regímenes de información y fiscalización.
Los regímenes informativos que se eliminan son: compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales, el Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes (CITI) de escribanos, compra-venta de vehículos usados, pagos de expensas, entre otros.
Con la misma orientación, se incrementaron los montos mínimos de operaciones financieras, que los distintos agentes deben informar a ARCA.
Las medidas dispuestas por la ex AFIP se complementan con la promulgación de un nuevo régimen simplificado de Ganancias, que “pondrá el foco en la facturación y en los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. Esto significa que no se requerirá información sobre los consumos ni los patrimonios y que se harán anónimos a los consumos personales”. La idea es que, a partir de ahora, “el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar, y el ciudadano podrá revisar y editar la información presentada por el organismo”.
Con las medidas se intenta justificar la circulación del ahorro, tanto en pesos como dólares ante la aparente necesidad de remonetización. Pero los datos desmienten que falten pesos. La base monetaria en abril del 2024 era 2,6% del PIB, y ahora es 4,2%. El circulante más los depósitos a la vista del sector privado no financiero era 6,2%, ahora es 7,5 por ciento. Y sumando los plazos fijos bancarios se pasó del 10,7% al 12,8 por ciento. En rigor, lo que falta son mayores remuneraciones y jubilaciones dignas. Con estos datos queda claro que el objetivo subyacente es la continua búsqueda de dólares para que cierre el programa económico y cumplir con el FMI. Una situación a la que se ha llegado como consecuencia de las políticas libertarias y las macristas cuyas huellas aún están vigentes.