Página/12 | Opinión
Las declaraciones de Peter Lamelas, la persona propuesta para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos para la Argentina, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país, son de altísima gravedad institucional y requieren de una respuesta contundente por parte de la totalidad del sistema político argentino. Asombran, entre otras cosas, por su elusión del más elemental principio de soberanía nacional.
El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), del que formo parte, presentó un proyecto de resolución para declarar “persona no grata” a Lamelas. Allí exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional a transmitir la declaración “al gobierno de los Estados Unidos de América por los canales diplomáticos correspondientes”.
En la misma línea, los senadores del interbloque de UxP consideraron la intervención del embajador como “una intromisión inaceptable en los asuntos internos de la República Argentina, además de demostrar un grosero desconocimiento de nuestro sistema constitucional y pretender una injerencia directa en los asuntos judiciales nacionales”. Asimismo, le exigen al Gobierno nacional “que no otorgue el plácet a dicha designación”.
También el Partido Justicialista expresó su “más enérgico repudio” contra las declaraciones de Lamelas, acusándolo de “violar el principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados, al entrometerse gravemente en la política de nuestro país”. Agregó que “sus palabras, además, intentan fragmentar la institucionalidad nacional y cuestionan las bases constitucionales del sistema federal argentino”. Finalmente afirmó: “rechazamos sus expresiones sobre la presidenta de nuestro partido, Cristina Fernández de Kirchner. Lejos de tratarse de una condena basada en el Derecho -como hemos sostenido desde un primer momento- es claramente un acto de persecución política y proscripción electoral”.
Desde el Partido Solidario, en tanto, sostuvimos que “en todos los casos, las declaraciones de Lamelas desconocen el más elemental principio de soberanía popular. En las democracias representativas las decisiones las toman quienes han sido elegidos para ello y no fuerzas externas que sólo podrían hacerlo sosteniendo sus decisiones en la coerción. Además, no reconocen la existencia del sistema federal de gobierno y las autonomías provinciales”.
En el mismo sentido, se sumaron las voces de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de los gobernadores Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, sectores de izquierda y centrales sindicales, entre otras opiniones. Sin embargo, lejos del repudio unánime de todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales y culturales, lo que predominó fue el silencio. No se impuso el principio de nación soberana que debería prevalecer por encima de los alineamientos políticos.
No ha habido, por ejemplo, ninguna declaración del Poder Ejecutivo Nacional. Pero la pregunta es: ¿con qué parte de lo afirmado por Lamelas el gobierno argentino no está de acuerdo?
Más allá de la extrema gravedad de las declaraciones del candidato a embajador, el problema es más general: si Estados Unidos sostiene la postulación para que asuma el cargo diplomático estaría ratificando que las políticas que él ha propuesto son compartidas por las autoridades de ese país.
Los dichos de Lamelas hay que situarlos en el contexto de lo que viene sucediendo desde que Donald Trump es presidente. La amenaza a Lula de elevar los aranceles a Brasil al 50% si continúa el juicio al ex presidente Jair Bolsonaro y sus intervenciones en los conflictos en Medio Oriente y en el de Rusia y Ucrania, como una especie de gendarme global, muestran que estamos en una nueva fase de la política imperial de los EEUU, mucho más explícita que en etapas anteriores.
Pero Trump no es el único actor de esta ofensiva: cuando la AmCham, la cámara que agrupa a las empresas norteamericanas que operan en el país, cuestionó al Senado argentino por no haber aprobado el proyecto de Ficha Limpia, también intervino en nuestros asuntos internos. Esta semana, además, la AmCham, emitió un comunicado en el que le reclamó al gobierno la eliminación de las restricciones cambiarias para “el giro de dividendos”, avanzar urgentemente en las reformas “laboral” y “fiscal”, y encontrar las garantías institucionales y acuerdos de largo plazo para que el actual modelo perdure en el tiempo y evite la generación del “efecto péndulo”. ¿Cuál es la novedad? La pérdida de todo cuidado por las formas.
Por supuesto, más allá de que estamos ante un fenómeno global, las declaraciones de Lamelas nos afectan especialmente: cuando dice, con toda soltura, que va a venir a la Argentina a controlar que el país y las provincias no tengan relaciones con China, a ocuparse de que al presidente Milei le vaya bien en las elecciones, a apoyarlo en “este mandato y el próximo para construir una mejor relación entre nuestros dos países” y a velar por la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, entre otros temas, deja en absoluta evidencia su inadmisible intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Lo que expresa su discurso es que la Argentina es un territorio colonial donde ellos establecen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Estamos ante un retorno a la disyuntiva Braden o Perón: la visibilidad de un rol internacional de los EEUU que intenta que la Argentina sea un súbdito que recibe instrucciones. Resulta sumamente alarmante que esa política sea explicitada desde el país más poderoso del mundo que, en particular, siempre ha considerado a nuestra región como su territorio o, como se suele decir, su “patio trasero”.
El martes pasado tuvo lugar en Córdoba el evento de la ultraderecha denominado “La Derecha Fest”, cuyo discurso de cierre lo realizó el presidente Javier Milei. La actividad incluyó siluetas en tamaño real de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Santiago Abascal, Giorgia Meloni y Nayib Bukele. Una demostración más de que el ideario de La Libertad Avanza no es sólo un fenómeno local. Milei retoma lo que sucede en otras latitudes.
En este contexto, es imprescindible lograr en los próximos comicios una mayoría electoral que permita reunir la fuerza parlamentaria necesaria para ponerle un límite a la profundización de las actuales políticas y que genere las condiciones para recuperar la ofensiva del campo popular hacia el 2027.