Perfil | Opinión
El Gobierno intenta por todos los medios impedir el aumento de precio del dólar. Para ello, pasó de su promesa de cerrar el Banco Central a utilizarlo para intervenir en el mercado financiero, lanzando una licitación con una tasa de interés altísima y con plazos cortos. Los objetivos son diversos: absorber el exceso de liquidez, evitar que esa mayor liquidez se vaya al dólar y frenar la baja de la tasa de interés que los bancos pagan a los depositantes.
Además, esto sucede en un escenario donde los exportadores de granos que vendieron al exterior antes del 30 de junio, para aprovechar la reducción de las retenciones establecidas por el Gobierno, tienen quince días hábiles para liquidar lo que exportaron. Transcurrido ese plazo, esta fuente de ingreso de dólares tenderá a cerrarse.
La economía argentina está financiarizada al extremo. Si, por el contrario, hubiera una actividad económica en expansión y las empresas demandaran créditos, la liquidez se canalizaría naturalmente hacia las empresas en su búsqueda de financiar su crecimiento.
La actual gestión hace malabares para intentar llegar a octubre sin sobresaltos. Pero incluso importantes actores del mercado, como el JP Morgan, en un informe titulado “Argentina: tomando un respiro”, sostiene que “con el pico de ingresos agrícolas ya superado, la probabilidad de salidas continuas de divisas por turismo, posible ruido electoral y cierto bajo rendimiento del peso (…) preferimos dar un paso atrás y esperar a que haya mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos”. ¿Qué les sugiere a sus clientes? Bajarse del “carry trade”, popularmente llamado bicicleta financiera, es decir, abandonar las inversiones en pesos con altas tasas de interés locales e irse nuevamente hacia el dólar. En un escenario complejo, les recomiendan poner pausa. Este consejo, aunque no es la única causa, eleva la demanda de dólares y contribuye a que su precio aumente. Mientras tanto, el Gobierno ensaya distintas ingenierías financieras para ponerle un freno a esa escalada.
Lo decimos siempre: lo financiero no crea riqueza. No hay modo a mediano plazo de que funcione una economía que no se sostiene en la producción. El Gobierno insiste en buscar nuevas fuentes de financiamiento. Por un lado, el crédito del BID; por el otro, los préstamos con bancos extranjeros por US$ 2 mil millones, un acuerdo con siete entidades financieras que amplía la operación de repo lanzada en enero. También cuenta con el desembolso de US$ 2 mil millones por parte del FMI, demorado tras la decisión de ese organismo de postergar un mes la primera revisión del acuerdo luego del incumplimiento del Gobierno de la meta de acumulación de reservas.
Estos préstamos algún día habrá que devolverlos junto a nuevos intereses a pagar. En un contexto de riguroso equilibrio fiscal y con anuncios de nuevas bajas de impuestos, estos mayores créditos y los intereses que devengan contribuyen a profundizar el ajuste del lado del gasto público. No hay otro modo de que cierre la ecuación.
No es por ahí. La salida pasa por ensanchar y diversificar la matriz productiva de la Argentina. Ello significa aprovechar las ventajas naturales y potenciarlas. Por ejemplo, tal como se hizo, acompañar la explotación del yacimiento de Vaca Muerta con la construcción del gasoducto y complementarlo con un proceso de mayor agregado de valor.
La gestión actual nos lleva por el camino opuesto: abre la importación de muchos productos y facilita, a través de las nuevas tecnologías, las compras en el exterior. Entonces, los argentinos y las argentinas que adquieren afuera lo que antes compraban en el país contribuyen, tal vez sin quererlo, a que haya empresas que no puedan continuar por falta de demanda y que ello traiga aparejada la consecuente pérdida de empleos.
Nuestro espacio político necesita del voto ciudadano para llevar adelante un proyecto distinto al que impulsa el Gobierno. La discusión una y otra vez es entre dos modelos. Ellos dicen que el Estado es una organización criminal y “la representación del maligno en la Tierra”; también dicen que la justicia social es un delito y la expresión de “la envidia”. Nosotros pensamos todo lo contrario. Las posiciones son nítidas. La ciudadanía, como siempre, tendrá la última palabra.