Perfil | Opinión
Nuevamente, Buenos Aires volvió a ser la ciudad de la furia. En las inmediaciones del Congreso, el gobierno nacional y el de la Ciudad arremetieron contra manifestantes y trabajadores de prensa. Lo hicieron movilizando efectivos policiales y de otras fuerzas de seguridad, carros de asalto y camiones hidrantes.
Sucedió el martes contra personas con discapacidad y sus familiares. Volvió a ocurrir el miércoles contra jubilados, jubiladas y diversos sectores que se manifestaron para apoyar la aprobación de las iniciativas parlamentarias impulsadas por la oposición. La actual administración toma el control de las calles a través del uso de la fuerza.
Pero dentro del Parlamento sucedió lo contrario: el oficialismo tuvo que debatir sobre una agenda que no comparte, no pudo evitar la conformación del quórum y tampoco las doce votaciones favorables a las iniciativas que ellos habían intentado que no se trataran. En todos los casos se construyeron distintas mayorías opositoras amplias y diversas. Afuera hubo represión. Adentro, una fuerte práctica democrática.
El miércoles obtuvieron media sanción la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, por 158 votos afirmativos, y la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, por 159 votos a favor. Ambos proyectos fueron girados al Senado. En estos dos casos, coincidieron los bloques de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, UCR, FIT-Unidad y la mayoría de los diputados y las diputadas de Encuentro Federal, junto a integrantes de fuerzas provinciales. En ambas votaciones se superó el voto afirmativo de más de dos tercios de los presentes.
Posteriormente, por 135 votos se aprobó el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos para tratar y dictaminar los proyectos relacionados con la investigación del caso $Libra. También se aprobó el emplazamiento de las comisiones de Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda para que den tratamiento y dictaminen el proyecto de Emergencia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La Cámara de Diputados, además, emplazó a las comisiones para que emitan dictamen sobre la reforma de los impuestos de combustibles y la coparticipación de la partida de los ATN demandados por los gobernadores y ya aprobados por el Senado.
Por otro lado, se rechazaron varios DNU: el Decreto de Facultades Delegadas 462/25, que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía, tales como el INTI y el INTA.; el Decreto de Facultades Delegadas 345/25, sobre organismos de la Secretaría de Cultura como el Instituto Nacional del Teatro; el Decreto de Facultades Delegadas 351/25, que dispone la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos; el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, que aprueba el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional e incluye en sus artículos un límite al derecho de huelga; y el Decreto de Facultades Delegadas 461/25 que dispone la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, entre ellos, Vialidad Nacional.
Tal como procedió recientemente con las leyes de aumento a los jubilados, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, el Poder Ejecutivo insiste ahora con la continuidad del uso del veto. En este sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo: “Todo lo que podemos vetar lo vetaremos”. De este modo, un instrumento de excepción se transforma en una herramienta de uso habitual para tratar de neutralizar las decisiones de otro poder del Estado.
Como canta León Gieco, “todo está guardado en la memoria”: están guardados, por ejemplo, la imagen de ese presidente que al asumir como jefe de Estado lo hizo de espaldas al Congreso, y sus continuos insultos a los integrantes del Parlamento, entre otras manifestaciones de su malestar con el Poder Legislativo.
Hoy el Parlamento es el centro de articulación de una oposición amplia y diversa que expresa demandas crecientes de la sociedad argentina, en general, y de los sectores más vulnerables, en particular.