Página/12 | Opinión
Como era de esperar, el Directorio del FMI le dio el visto bueno a la primera revisión del acuerdo de facilidades extendidas y habilitó el desembolso de 2.000 millones de dólares (se suman a los 12.000 millones recibidos en abril). Una parte importante (41 por ciento) de los dólares recibidos el lunes ya se utilizó para pagarle intereses y comisiones al organismo, y en noviembre vence un monto similar. Podría pensarse que están financiando, en gran parte, sus propios cobros.
Un repaso de los elogios del documento del FMI al gobierno argentino confirma que en la evaluación del organismo juega la cuestión política, en consonancia con los objetivos de la actual administración estadounidense. El objetivo es que nada obstaculice el camino de la desinflación de los precios –principal argumento de campaña— y, de esta manera, que el oficialismo llegue lo mejor posible a las elecciones de octubre.
En materia de Reservas Internacionales netas, el Fondo no sólo miró para otro lado en cuanto al incumplimiento de la meta. También redujo el objetivo de fin de año con relación a lo estipulado en el programa de abril, quitando presión al gobierno durante 2025.
Sólo se modifica el cumplimiento para el corto plazo: los niveles de Reservas requeridos para 2027 se mantienen sin cambios, lo que significa que habrá que acelerar el ingreso de dólares en años venideros.
Según el FMI, más allá de 2025 la “acumulación de Reservas se apoyará en un sostenido acceso a los mercados y en un incremento de los ingresos de capital privados, incluyendo los de inversión externa directa (en el marco del RIGI), mientras las reformas tienen lugar”. Endeudamiento externo y desarrollo de una plataforma de exportación basada en la explotación de los recursos naturales (energía, alimentos y minería), dos grandes ejes de un mismo modelo económico y social.
Además, se recalibró el déficit de la cuenta corriente estimado para el 2025, del 0,4 por ciento al 1,7, producto en parte de los efectos de “la rápida flexibilización de las restricciones a las importaciones”, es decir, las debilidades surgen de las propias políticas del gobierno en el marco del actual modelo.
Otra “flexibilidad” del organismo es que, hasta su expiración, los objetivos cuantitativos contenidos en el programa, y por ende las distintas revisiones, dejarán de ser trimestrales, y pasarán a tener carácter semestral. Respecto de esas metas, la próxima fecha de cumplimiento relevante será “fines de diciembre”, cuando hasta el momento era “fines de septiembre” de 2025. Es decir, permite transitar las elecciones sin tener que exhibir muy probables incumplimientos.
También se afirma que la Argentina volvió a los mercados internacionales de capital antes de lo que se preveía al momento de la firma del programa, en abril. Este argumento dista de verificarse: el gobierno sólo realizó una colocación puntual por 1.500 millones de dólares (el Bonte 2030, integrado en dólares y pagadero en pesos al tipo de cambio de cada vencimiento, y colocado a muy altas tasas) y dos REPO con bancos internacionales por medio del BCRA. Incluso en uno de los pasajes del texto del FMI se sostiene que la deuda pública se mantiene “sostenible en el mediano plazo pero no con una alta probabilidad”, una frase que se menciona desde 2018 y que bien conocen los mercados.
En el plano fiscal, el FMI decidió adecuar la meta del superávit primario al 1,6 por ciento del PBI para 2025 (+0,3 puntos), en línea con lo perseguido por la administración libertaria, que siempre ha comentado que excedería los requerimientos del organismo en materia de ajuste. Como ideas para alcanzar dicho ahorro se habla de llevar a cabo un “mayor control y eficiencia en los programas sociales”, entre ellos en las pensiones por discapacidad y la AUH. Esto significa recortar a los segmentos más vulnerables, los mismos que el FMI y el gobierno dicen querer cuidar.
A su vez, no deja de ser llamativo el pedido del FMI a las autoridades argentinas para que “resistan” nuevas iniciativas de gasto sin fondeo. ¿Se estará refiriendo acaso a los vetos del Presidente a leyes que sólo buscan recomponer la situación de los sectores más castigados por el modelo?
Al identificar los riesgos del contexto, el Fondo menciona los “desafíos para la implementación de un ambicioso programa de reformas” que incluyen “las elecciones legislativas de medio término”.
En última instancia, con bombos y platillos nos están diciendo: “esperamos que el resultado de las elecciones permita hacer las reformas estructurales pendientes” que no son otra cosa que la flexibilización laboral, la reforma impositiva y la previsional, un derrotero siempre basado en la pérdida de derechos de la población.
Si este escenario se convalida se agudizará la desintegración del tejido productivo, se deteriorarán aún más las condiciones de vida, y se irá a una sociedad mucho más desigual.