Tiempo Argentino | Opinión
Detrás del objetivo de contener la inflación a toda costa, el componente esencial de su estrategia electoral, el gobierno está afectando a la ciudadanía y a las empresas que dependen del mercado interno, en particular las pymes. Veamos cómo se produce este deterioro productivo y social.
En medio de un ajuste fiscal y un apretón monetario que no cesa, la suba del dólar durante julio generó interrogantes sobre la evolución de los precios y el impacto en el poder adquisitivo. Respecto de un menor traslado a las góndolas del esperado, y si bien se deberá aguardar a que transcurra más tiempo para evaluar con mayor claridad los impactos, cada vez hay más preocupación por cómo seguirá el esquema cambiario y de precios.
Un periódico con llegada masiva describió dos canales que estarían morigerando las remarcaciones. Uno de ellos tiene que ver con que, por la vía de una menor demanda, se está generando una contención de los aumentos. Es una consecuencia, señala, de la caída (respecto de 2023) del ingreso que les queda disponible a los hogares después de pagar los gastos fijos.
Entre los componentes de mayor influencia en el ingreso disponible están las tarifas, que siguen aumentando. En CABA, por ejemplo, los servicios crecieron en julio un 3,3%, con una importante incidencia de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,3%), impactando en las actualizaciones de los alquileres y en los gastos comunes por la vivienda. Transporte se incrementó 3,6%, por la suba en los precios de los pasajes aéreos, de los combustibles y de los colectivos. Afectada también por la suba de los precios estacionales (9%), la inflación promedió en toda la jurisdicción un 2,5%, acelerándose cuando se compara contra el registro del mes previo (2,1%).
Esta realidad perjudica particularmente a los/as jubilados/as, y a los/as trabajadores/as no registrados. También a los/as trabajadores/as formales, que cuentan con otras herramientas de protección de sus derechos, pero que han perdido poder adquisitivo desde que asumió este gobierno. La flexibilización laboral que proponen el oficialismo y el FMI apunta a nivelar para abajo, al tratarse de un intento de formalización, pero sin derechos. El modelo requiere de una contención salarial, pura puja distributiva.
Otro canal que contiene los precios, menciona el artículo referido, es el aumento de las importaciones de bienes de consumo en el marco de la apertura a la compra de bienes producidos en el exterior. Según el Indec, las importaciones de bienes de consumo medidas en cantidades se incrementaron un 74,1% interanual en el segundo trimestre. No sólo el crecimiento es muy alto, también mostró una aceleración.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: “alguien va a decir que el ministro celebra que una empresa argentina esté vendiendo menos. No es eso: valoramos que haya competencia porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a mejor precio”. Sobre los impactos negativos en el entramado y las capacidades productivas, y en el empleo: “cero consideración”.
La industria manufacturera continúa estancada y en junio cayó 1,2% en la medición mensual. Más aún, si se compara con diciembre del año anterior, el Índice de Producción Industrial Manufacturero registró una caída del 1,6%, según el Indec.
Algunos de los costos que suponen estas políticas los intentamos resolver con las leyes que aprobó el Parlamento, y que resultaron vetadas, y con los proyectos que todavía no fueron convertidos en ley, pero ya tienen promesa de veto. Este posicionamiento del gobierno tiene la anuencia del FMI, que en la reciente revisión del programa, que aprobó el desembolso del segundo tramo por unos U$S 2.000 millones, hace un llamado explícito a las autoridades argentinas para que “resistan” nuevas iniciativas de gasto sin fondeo.
De hecho, se acordó con el organismo un aumento del superávit fiscal primario al 1,6% del PIB para todo el año, cuando la meta anterior era del 1,3% del PIB. Es decir, más ajuste porque aumentan los intereses.
Respecto del mentado superávit fiscal financiero, ya hemos venido comentando el maquillaje contable que consiste en incluir los intereses que se capitalizan “debajo de la línea”, metodología que distorsiona la interpretación de los datos. El propio FMI señala que si éstos se pusieran “sobre la línea”, a mayo se habría registrado un déficit general de caja (financiero) de cerca del 1,2% del PIB. No está de más preguntar qué sucedería si el Fondo decidiera tomar esta definición como una meta exigible, situación que a su vez relativiza la existencia del superávit financiero que el gobierno tanto publicita.
Diferente es la realidad de los sectores vinculados a la exportación de productos primarios, los elegidos del modelo, aunque en términos generales impliquen poco derrame en cuanto al empleo local y los salarios.
En la semana se conoció que la sociedad Vicuña Corp. invertiría en el marco del RIGI unos U$S 15.000 millones en un proyecto minero vinculado al cobre en la provincia de San Juan. El director ejecutivo de la empresa, al igual que la cámara minera de la provincia, cuestionan la posibilidad de establecer cupos obligatorios para proveedores locales, como evalúa el gobierno provincial, al considerar que sería una medida “contraproducente”. ¿Cuáles serían los beneficios entonces para el territorio? Más aún, ¿cuáles serán ventajas del RIGI para la Nación si ya se les otorgan amplias reducciones fiscales, la no obligatoriedad de liquidar divisas de sus exportaciones, entre otras tantas concesiones?
Resistencias contrapuestas
El miércoles en la Cámara de Diputados se aprobó la totalidad de las iniciativas tratadas, llegándose a los dos tercios de los votos afirmativos en el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales de Salud. Ambos proyectos fueron girados al Senado.
No menos relevante fue el rechazo a varios DNU del gobierno que disuelven y transforman organismos: INTI, INTA, Vialidad Nacional, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, que incluía en sus artículos un límite al derecho a huelga, entre otros.
El oficialismo tuvo que debatir sobre una agenda que no compartía, no pudo evitar la conformación del quorum y tampoco las votaciones favorables a los proyectos que ellos intentaron frenar. En todos los casos se construyeron mayorías opositoras amplias y variadas en las que participaron diputados y diputadas del Bloque de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la UCR y el FIT-Unidad, junto a integrantes de fuerzas provinciales. El saldo para el gobierno fue 12 votaciones en contra y ninguna a su favor.
En línea con la recomendación del FMI de “resistir”, el gobierno sigue insistiendo en que vetará todo lo que pueda vetar. Ante ello, la conformación de mayorías amplias en el Parlamento debe preservarse y fortalecerse.
Lo que está pasando adentro del Parlamento permite visualizar el camino que se necesita recorrer afuera. En esta puja entre resistencias, la de los ajustados debe ganar aún más cuerpo, encontrando denominadores comunes en los reclamos, que lleven a una mayor cohesión política.