Tiempo Argentino | Opinión
La estrategia del gobierno para mantener la inflación a raya, de cara a las elecciones, está generando toda una serie de trastornos económicos y sociales. Si bien algunos son más visibles que otros, todos tienen su impacto.
En el cumplimiento de su principal objetivo, recientemente las autoridades decidieron “secar de pesos” la plaza lo más posible con la intención de evitar subas en el tipo de cambio y que ellas se trasladen a los precios.
La restricción monetaria implementada, con los subsiguientes cambios en las políticas de encajes bancarios, y con condiciones más restrictivas para la integración de los mismos, derivó en una fuerte escalada de las tasas de interés (muy por encima de la inflación mensual) y en una gran volatilidad.
Todas las entidades financieras han subido los intereses que pagan y que cobran. En el sistema, la tasa mayorista de bancos privados para depósitos superiores a los $ 1000 millones (TAMAR) promedió en lo que va de agosto el 48,5%, con máximos de 59,3%, habiendo sido la media de julio de 34,4 por ciento. A su vez, se consolida el sesgo real positivo de los intereses que redundará en un encarecimiento del crédito. La tasa de los adelantos, una de las líneas donde el traslado es más rápido, pasó de 57,2% a fin de julio al 74,3% el 20/8, mientras que la de personales se elevó de 69% al 74,4 por ciento. Estas subas impactan sobre los préstamos y profundizan la recesión con la que el gobierno evita posibles aumentos en los precios.
En paralelo, se sigue permitiendo el ingreso irrestricto de importaciones que compiten con la producción local. Según el Indec, las importaciones de bienes, medidas en cantidades, crecieron en julio un 23,2% interanual, con un 39,3% de aumento en los bienes de consumo.
Para la ciudadanía no hay motivos para festejar, ya que la contrapartida de la estrategia del gobierno se deja sentir en la destrucción de pymes, de empleo, y en la reducción de los ingresos de la población.
Antes del referido endurecimiento monetario, la economía ya había mostrado un flojo desempeño. En junio, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE, elaborado por el Indec) registró una caída del 0,7% mensual en su medición desestacionalizada. Es la segunda contracción consecutiva y la cuarta caída en seis meses.
En julio la inflación mayorista fue del 2,8% (por encima del 1,9% minorista), con una suba del 5,7% en los componentes importados, los que más acusan el impacto de una devaluación. ¿Cuánta mayor recesión será necesaria para evitar el traslado a la inflación minorista?
Un reflejo de la situación económica se puede ver en las estadísticas de compras en supermercados, que en junio mostraron una suba interanual del 0,8%, descontando el efecto de la inflación, un mal dato dada la baja base de comparación del año previo. Y si bien el acumulado de los seis primeros meses de 2025 subió un 4% interanual, aún está un 8,1% por debajo de igual período de 2023.
En materia fiscal, el Ministerio de Economía publicó los datos de julio, que reflejan un resultado primario positivo de $ 1,7 billones. En el mes los ingresos aumentaron 2,8% interanual en términos reales y los gastos primarios se redujeron 1,3%, en igual período. El ajuste no cesa.
De todas formas, se verificó un déficit financiero de $ 168 mil millones, el primero del año, luego de considerar el pago de intereses de la deuda pública. Este número, según las autoridades, está influido por el vencimiento de cupones semestrales de intereses de títulos en dólares y por el pago del medio aguinaldo.
En términos acumulados, el superávit primario equivale al 1,1% del PIB (lo acordado con el FMI para todo el año es del 1,6%), mientras que el financiero llega al 0,3 por ciento.
Estas cifras no contemplan el maquillaje contable que se lleva a cabo con la emisión de bonos capitalizables. Hasta el propio FMI ha puesto la lupa sobre este tema y sostuvo (véase el informe de la primera revisión del programa, página 8) que, si estos intereses se pusieran “sobre la línea”, en mayo se habría registrado un déficit financiero acumulado de cerca del 1,2% del PIB.
Equilibrio de poderes
La actividad parlamentaria de esta semana puso en valor, más que nunca, el tema de la división de poderes y de los roles de cada uno de ellos. El Parlamento, con todas sus limitaciones y complejidades, está colocando una valla importante a los intentos del Poder Ejecutivo de llevar adelante, por la vía de los decretos para eludir justamente el debate parlamentario, reformas muy de fondo.
En Diputados se aprobó el rechazo del veto a la ley que declara la emergencia en discapacidad. A su vez, se convirtió en ley el proyecto venido del Senado que establece la obligatoriedad de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a las provincias (ATN), y que los mismos se distribuyan de acuerdo a los coeficientes de la Coparticipación Federal. Desafortunadamente, aún con un número abrumador, por muy pocos votos no se alcanzaron los dos tercios para rechazar el veto al aumento a los/as jubilados/as.
A partir del trabajo del Senado, el Ejecutivo se quedó sin los decretos que modificaban al Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; las desregulaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Marina Mercante. Posteriormente, dio sanción al Financiamiento a las Universidades, y a la Emergencia Pediátrica (más conocida como ley Garrahan). De allí que la actividad parlamentaria, esta semana y la anterior, resultó todo un desafío al ajuste impulsado por el gobierno.
El presidente reaccionó y dijo: “hay sólo dos caminos, o terminamos lo que empezamos y cambiamos el país en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos atrás todo nuestro esfuerzo”, para agregar “estamos frente a un momento bisagra”. La plena disputa entre los dos modelos.
En esta línea, en ese mismo evento en el que participó Javier Milei, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio afirmó sentirse “muy cómodo con este modelo” y dijo: “el Congreso logró voltear un veto presidencial. No tengo memoria de algo así, pero más allá de eso considero un asquito la posición de los legisladores”. Una verdadera falta de respeto a la voluntad popular, en un evento tradicional del establishment en nuestro país.
Como queda claro, nos están diciendo con todas las letras, tanto el gobierno como los representantes de los grupos económicos más concentrados, lo que van a hacer si el oficialismo consigue el apoyo en las urnas y modifica a su favor la correlación de fuerzas en el Parlamento. Por eso en octubre no se puede dejar de ir a votar, haciéndolo con plena conciencia de que lo que está en juego son los dos modelos de país. Se debe consolidar en el Congreso una fuerza capaz de ponerle un freno a los avances de este Poder Ejecutivo, que pretende desregularlo todo, destruir lo público y dejar las principales decisiones que afectan la vida de argentinos y argentinas, al arbitrio de “los mercados”.