Tiempo Argentino | Opinión
El resultado de la elección bonaerense del pasado domingo, en la que Fuerza Patria aventajó por casi 14 puntos a La Libertad Avanza, dejó un mensaje contundente de quienes votaron: el rechazo a las políticas económicas que lleva a cabo el gobierno nacional. Este mensaje afecta relaciones de fuerza y repercute en el imaginario social.
Al final de cuentas, esta opinión mayoritaria, que parecía estar ausente a pesar del fuerte deterioro de las condiciones de vida y la pérdida de derechos, solo estaba invisibilizada. No obstante las persistentes acciones en las redes sociales que apoyan al oficialismo, las urnas dieron finalmente su veredicto.
El presidente Javier Milei afirmó tras la derrota que se hará “una profunda autocrítica” y agregó: “Donde aquellas cosas en las que nos hayamos equivocado, las vamos a corregir, no hay opción de repetir los errores, de cara al futuro”. Sin embargo, y acto seguido, señaló que el rumbo se va a “redoblar”.
La vocera del FMI, Julie Kozack, posteó el martes: “el staff del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”. El compromiso del Fondo es total, en este caso tratando de tranquilizar a los mercados, en un día en que el riesgo país llegó a superar los 1100 puntos, ratificando la agenda de lo que para ellos hay que hacer.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que “los resultados de la macroeconomía no llegaron a la gente”, todo un reconocimiento de que la economía fue una razón esencial de la derrota de La Libertad Avanza. Sin embargo, para que la mayoría de la población mejore su situación, se deberían revisar las políticas aplicadas, lo cual inevitablemente significa discutir el modelo. Si se insiste con más de lo mismo, cuesta ver cómo se podrían obtener diferentes resultados.
También quedó claro que la baja de la inflación, principal argumento de campaña, no alcanzó para compensar el deterioro de la situación de los argentinos y las argentinas. Un deterioro previsible, dado que la política antiinflacionaria utilizada genera contracción de la economía, cierre de empresas y destrucción de puestos de trabajo.
El miércoles se conoció la inflación de agosto, publicada por el Indec, que se mantuvo en el 1,9% mensual, igual guarismo que en julio. El gobierno volvió a ver el dato cómo un éxito y destacó que la depreciación de la moneda no se trasladara a los precios en un contexto de “muchísima volatilidad”. Pero si ello ocurre es porque la demanda “no convalida” nuevos aumentos, lo cual en rigor es producto del deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía, que restringe sus compras y/o adquiere bienes de peor calidad. Ello también repercute en las pymes. Es decir, no hay nada para festejar.
A la situación descripta hay que sumarle el incremento en las tasas de interés y la volatilidad cambiaria que generaron los cambios de política financiera y monetaria, que seguirán afectando la evolución de los distintos sectores productivos.
En efecto, en julio la actividad de la industria se redujo por segundo mes consecutivo: cayó un 2,3% mensual en la serie desestacionalizada, luego de la merma del 1,6% en junio. La actividad de la construcción, en tanto, se achicó en julio un 1,8% respecto del mes previo.
El gobierno realizó la primera licitación de deuda del mes, en la que se alcanzó una refinanciación del 91%, mediante la colocación de títulos que en su totalidad tienen vencimiento posterior a las elecciones de octubre. En el caso de las Lecap, la de vencimiento más próximo (31 de octubre) se colocó a una tasa efectiva mensual del 3,97%, más baja que en la anterior licitación (4,8%), pero muy por encima de los valores previstos de inflación. Para incentivar la participación de los inversores privados se convalidan altos retornos que terminan repercutiendo negativamente en las finanzas públicas, sea por la vía de los mayores intereses o del aumento de la deuda, en el caso de las letras capitalizables.
De cara a lo que viene
Muy probablemente, la idea de “redoblar” el rumbo moldeará el discurso de mañana del Presidente, con motivo de la presentación del proyecto de Presupuesto 2026. Antes que nada, hay un hecho simbólico, contenido en la decisión de hablar por cadena nacional, que puede entenderse como “darle nuevamente la espalda” al Parlamento.
Los recientes vetos al Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica son un anticipo de que, sin importar lo que diga la ciudadanía (en este caso en las elecciones provinciales), el déficit cero no se toca y que se seguirán haciendo todos los recortes que hagan falta.
El poder real (es decir, el FMI y el “círculo rojo”) es el que marca los objetivos, a saber: desregulación laboral, baja de impuestos, y reforma previsional.
Si el oficialismo logra cambiar a su favor la composición en el Parlamento, avanzará con las reformas, ya que las leyes son esenciales para otorgar la legitimidad necesaria. A su vez, sirven para que, en caso de que más adelante asuma un gobierno de otro signo político, no se pueda dar marcha atrás con las reformas fácilmente: siempre estará la posibilidad de que los grandes grupos económicos afectados recurran a los tribunales internacionales, que suelen convalidar los reclamos de ese poder real.
La llave para el gobierno está en asegurarse, como mínimo, el tercio que le dé sostenibilidad a los vetos y las mayorías que le permitan seguir haciendo uso del decreto, herramienta predilecta en este primer tramo del mandato. Para eso parecieran abrir dos caminos: uno es tratar de obtener el mejor resultado electoral posible; el otro, recrear la posibilidad de alcanzar acuerdos con gobernadores que en su momento “dieron todas las herramientas”, pero a quienes se les hace difícil seguir apoyando a la Administración Nacional, dada la situación al interior de sus jurisdicciones. La negociación que el Gobierno abrió con mandatarios de tres provincias afines marca desde mi perspectiva el comienzo de una estrategia que busca mantener la discrecionalidad en la asignación de recursos y conseguir los votos para no poner en riesgo el “ancla fiscal”. El veto reciente a los ATN no facilitaría una negociación que habrá que seguir muy de cerca.
Por último, hoy no se está discutiendo un nuevo proyecto de país. Esta cuestión se va a dirimir de cara a las elecciones de 2027. Ahora lo que está en debate es si la institucionalidad es capaz de generar una fuerza tal que permita que uno de los poderes del Estado le ponga límites al avance de la motosierra y a la implementación de reformas que van en contra de amplios sectores de la ciudadanía. Ese es el aspecto central que está en tensión. Desde el Poder Legislativo no se puede gobernar, pero sí se le puede poner límites al accionar del Poder Ejecutivo, para atenuar los impactos de las reformas que quiere llevar adelante.
De allí que se precisa que el polo opositor se siga fortaleciendo y que octubre, a nivel nacional, sea una continuidad de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. De esa forma, nuestro espacio y el resto de la oposición podrían tener más representación parlamentaria, y entonces al gobierno se le dificultaría contar con las mayorías necesarias para “redoblar” la implementación del actual modelo.