Tiempo Argentino | Opinión
El Parlamento y la calle han vuelto a alzar su voz. El miércoles se realizó una masiva marcha en las afueras del Congreso, mientras adentro se rechazaban por amplia mayoría los vetos del Ejecutivo al Financiamiento a las Universidades y a la Emergencia Pediátrica, temas que ahora le toca debatir al Senado. El jueves, en tanto, la Cámara alta rechazó el veto a la ley de ATN que regula que esos fondos se distribuyan de manera automática y en las proporciones de la Coparticipación Federal, asunto que deberá tratar Diputados.
Está claro que hay una mayoría parlamentaria dispuesta a rechazar la modalidad de gobernar a través del veto y el decreto.
Las principales voces del gobierno llegaron a decir que se está tratando de “voltear” al presidente, cuando en realidad en el juego de las instituciones de la República la división de poderes sirve para poner límites y equilibrar, algo que desde el primer momento Javier Milei trató de evitar.
En un Congreso que aún no modificó su composición parlamentaria, que es la misma que aprobó, por ejemplo, la Ley de Bases y las facultades delegadas contenidas en su texto, la estrategia del Poder Ejecutivo de presionar a gobernadores y a legisladores para que lo acompañen ya no parece estar funcionando. Luego de votar, cada uno de ellos debe regresar a sus jurisdicciones, y allí la realidad es que las personas a las que representan la están pasando muy mal.
La expectativa que tenía una parte de la sociedad, de que este gobierno venía a hacer una cosa mejor, se resintió. La ciudadanía, y eso es lo que se refleja en el Parlamento, está diciendo que “es hasta acá”, que no se puede llegar al extremo de aceptar lo que ocurre con las universidades, con las personas con discapacidad, con la ciencia y la tecnología, o con el Garrahan.
Redoblando el ajuste
El proyecto de ley de Presupuesto 2026, que presentó en cadena nacional el Presidente, además de avanzar con el modelo, está plagado de inconsistencias. En primer lugar, las proyecciones macroeconómicas son muy difíciles de validar. Por ejemplo, para fin de este año y el próximo se proyecta un tipo de cambio más bajo que el de la actualidad, o niveles de inflación para 2026 del 10,1%, que para cumplirse deberían convivir con una economía en recesión (aunque para el gobierno el PBI crecería un 5%).
Para el próximo año el presidente Milei prometió una recomposición real del 5% en jubilaciones y discapacidad, 17% en salud, y 8% en educación, que de ser ciertas, en el mejor de los casos, representarían una pequeña mejora con relación al enorme ajuste que han hecho y seguirán haciendo.
El acumulado de enero a agosto de 2025 del Gasto Primario Corriente creció un 2,7% comparado con igual período del 2024, pero decreció un 23,3% si lo contrastamos con el mismo lapso de 2023. El gasto de Capital (inversión pública en infraestructura) se derrumbó, ya que cayó 13,7% respecto a 2024 y un 82,8% con relación a 2023.
Entre enero y agosto de este año, y el mismo período de 2023, para tener un punto de comparación, las transferencias a universidades cayeron un 30,7%. A su vez, según datos elaborados por el CEPA, en el mismo lapso la Superintendencia de Servicios de Salud recortó su gasto un 56%, los hospitales nacionales entre 30 y 38% y el Instituto Malbrán un 26%. En seguridad social, la Secretaría de Niñez y Familias sufrió un recorte del 72%, el INAES del 75%, Comedores Comunitarios y merenderos del 74%, y así se podría seguir.
Detrás de estos números hay políticas y detrás de las políticas, un modelo de país. No debemos olvidar que el propio presidente decía que “la mejor educación es la que se paga, o la mejor salud es la salud que se paga”. Y afirmaba algo todavía más preocupante: si algo hace falta, habrá algún empresario privado que esté interesado en hacerlo. Si no hay nadie interesado es porque no hace falta.
Se plantea en el articulado del proyecto de Presupuesto, entre otras, la derogación del artículo 9º de la Ley Nº 26.206, mediante el cual se garantiza que lo destinado exclusivamente a educación no será inferior al 6% del PBI. También se elimina el mecanismo de actualización automática para la AUH y el resto de las asignaciones familiares. A su vez, se deroga la ampliación del régimen de zona fría, ley votada en junio de 2021, con los importantes beneficios a las tarifas del gas que otorgaba y que llegaban principalmente a los hogares de menos recursos.
En el discurso presidencial se señaló, con una gran dosis de reduccionismo, que “el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal (…). Esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera”. Ante esta definición: ¿Cuánto más habrá que esperar? ¿No era que lo peor ya había pasado?
El programa económico al que el gobierno se aferra, y que busca profundizar, sigue dando pruebas de su regresividad.
Desde el punto de vista de la economía real, los datos de actividad económica del segundo trimestre, publicados por el Indec, indican que el PBI se redujo un 0,1% respecto del trimestre anterior, con una gran influencia del consumo, que se retrajo un 1,1% mensual, en un contexto de caída del ingreso real de los hogares.
Esta semana el tipo de cambio continuó su tendencia al alza y quebró por primera vez el límite superior de las bandas establecidas en el programa con el FMI. Ello motivó la intervención del BCRA, que vendió reservas (U$S 53 millones el miércoles; U$S 379 millones el jueves y U$S 678 millones el viernes). El riesgo país, por su parte, superó los 1400 puntos. Cabe destacar que en pleno gobierno macrista, entre el 16 de marzo de 2018 y el 25 de octubre de 2019, se vendieron U$S 22.100 millones, que nunca más se recuperaron.
Milei señaló que los mercados nos castigan aun siendo “uno de los cinco países en el mundo que tienen equilibrio fiscal” (en realidad son 30, según datos del FMI). El viernes en Córdoba comentó que “el pánico político está generando una descoordinación en términos de riesgo país”, para luego agregar que “hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido: la parte más irracional de la política argentina lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra”. Para el presidente, todo “marcharía” acorde al plan (TMAP) si no fuera por la oposición que piensa y actúa distinto.
Lo relevante para el futuro próximo
Ya venía ocurriendo en la calle, y últimamente también el Parlamento le está diciendo al gobierno que “es hasta acá”. En este marco, cobra fuerza la necesidad de consolidar en octubre una mayoría parlamentaria.
Si en los ’90 empecé a hablar de que el único límite al modelo pasaba por la capacidad de resistencia de los ajustados, hoy vuelvo a decir lo mismo.
En la conjunción de la calle y la voluntad electoral está la posibilidad, dentro de las reglas de juego que establece la Constitución, de defender derechos consagrados que a su vez fueron producto de conquistas históricas.
No debiera descartarse un escenario en el que se trate de generar temor en la ciudadanía con la idea de que, dada la fuerte volatilidad y las tensiones financieras generadas luego de las elecciones bonaerenses, si llegara a ganar la oposición en las próximas legislativas, la economía “explotaría”. No es casual el lema de campaña del oficialismo: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. Nada novedoso: ocurrió luego de las PASO de 2019. En aquel momento, en las generales, la ciudadanía le dijo “basta” al modelo de ajuste y endeudamiento.