Página/12 | Opinión
Luego del encuentro en Nueva York entre el presidente argentino Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”. Y agregó: “inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”.
No parece haber dudas: lo que dice el funcionario norteamericano es que el paquete de ayuda económica para nuestro país anunciado por el gobierno de Estados Unidos está condicionado a que la administración libertaria obtenga un buen resultado en los próximos comicios. Sobran las interpretaciones: los hechos hablan por sí mismos.
De todos modos, los anuncios de Donald Trump y sus colaboradores son apenas un alivio momentáneo. Además, como suele suceder, este tipo de “ayudas” vienen acompañadas de una serie de condicionamientos. En la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pedí, junto a otros legisladores y legisladoras, “toda la información disponible de los contenidos de los acuerdos, qué es lo que se acordó, qué es lo que se va a implementar después de las elecciones y toda otra cosa que haga al tratamiento de la Comisión de Presupuesto y del pleno de la Cámara de Diputados y de todo el Parlamento, entendiendo que claramente la Constitución Nacional dice que todo tema que tenga que ver con deuda, renovaciones, financiaciones, etcétera, debe ser tratado por el Parlamento”.
Cuando se habla de un crédito o de una “ayuda”, es lógico que queramos conocer los términos y las condicionalidades de ese crédito o de esa ayuda. Por ejemplo, el swap que se menciona, ¿es para sustituir el swap con China? Si es así, no se entiende cuál sería la ventaja. Algo similar sucede con el anuncio de la compra de bonos o con el stand by con el Tesoro estadounidense, ¿cuáles serían las condiciones y los plazos de esos acuerdos?
En cualquier caso, el problema de la Argentina no es cómo conseguir más financiamiento: nuestro país está excedido de deuda y, por lo tanto, la salida no consiste en endeudarse aún más. No se resuelve el problema de la deuda con más deuda.
La segunda cuestión relevante que se discutió en la reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda fue la necesidad de que concurran al Congreso los ministros, secretarios y demás funcionarios para dar sus informes por áreas de incumbencia. ¿Cómo se va a tratar el Presupuesto 2026 y no va a estar presente el titular de Economía, entre otros ministros y miembros del Ejecutivo?
Es probable que el objetivo del oficialismo sea discutir el Presupuesto luego de las elecciones con una nueva composición del Parlamento, suponiendo que logren un resultado electoral favorable. Pero lo habitual es que la ley se apruebe antes del 30 de noviembre.
La estrategia electoral del gobierno es nítida: primero crearon el espanto, la sensación de que se desencadenaba una crisis aguda, y luego, de la mano de los anuncios de Trump y de sus funcionarios, presentaron las “soluciones”. En este guion la ciudadanía tiene asignado un rol: votar al oficialismo para que no vuelva el espanto. La derrota gubernamental en la provincia de Buenos Aires desató un plan de emergencia sintetizado en una frase: “nosotros o el caos”.
En este escenario de las ayudas y las condicionalidades ocultas, vale la pena recordar las declaraciones de Peter Lamelas, el recientemente designado embajador de los EEUU en nuestro país: “trabajaré para que los recursos de Argentina, incluidas las tierras raras, puedan beneficiar a nuestras dos naciones”.
El entonces candidato a embajador, en esa oportunidad agregó: “mi función también consiste en salir al campo y asegurarme de que erradicamos la corrupción y apoyamos a Milei y al Gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado de AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece”. Finalmente, sostuvo: “cada gobierno independiente podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para que vengan y realicen proyectos en esa provincia en particular, lo que también podría dar lugar a corrupción, a corrupción por parte de los chinos”.
Durante la última semana, la actual gestión transformó una supuesta política pública en un negocio para pocos: las grandes cerealeras agroexportadoras tardaron sólo 48 horas en cubrir el cupo de 7.000 millones de dólares de venta de granos y oleaginosas al que se exceptuó del pago de retenciones. Esos grupos concentrados ganaron por esta medida más de 1.600 millones de dólares. Por supuesto: esa misma suma es la que dejó de ingresar a las cuentas del Estado nacional. Si se lo juzga por esta decisión, a Milei no parece interesarle el equilibrio fiscal. En tanto, se ha generado una airada reacción de los productores rurales y de las organizaciones que los representan.
Mientras, el Poder Ejecutivo decidió inconstitucionalmente devolverle al Congreso la aprobada Ley de Emergencia en Discapacidad, pidiendo que los legisladores y las legisladoras indiquemos de dónde sacar los fondos para su implementación. Está claro: una parte de los recursos que fueron a las cerealeras agroexportadoras podría haber sido asignada a las políticas orientadas a atender las necesidades de las personas con discapacidad. El gobierno niega recursos a sectores vulnerables de la sociedad y los transfiere a sectores concentrados de la economía.
En paralelo, la interrupción momentánea de los aranceles se inscribe en un escenario internacional de fuertes tensiones geopolíticas. Por un lado, Estados Unidos le sube los aranceles a China y este país responde incrementando los aranceles a Estados Unidos. Uno de los productos alcanzados por el aumento es la soja. Por el otro, la Argentina decide bajar a cero las retenciones a granos y oleaginosas, aun cuando debió reponerlas rápidamente.
A través de un comunicado de la American Soybean Association (ASA), los agricultores norteamericanos expresaron su enojo: “La frustración es abrumadora. Los precios de la soja de los EEUU están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores leen titulares no sobre generar un acuerdo comercial con China, sino que el gobierno de EEUU está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina mientras ese país elimina los impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en apenas dos días”.
El gobierno argentino y su socio norteamericano anunciaron diversas políticas que están lejos de ayudar a resolver los verdaderos problemas que tiene nuestro país.