Página/12 | Opinión
El miércoles de esta semana se cumplió un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que derivó en la injusta condena, detención domiciliaria y proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una conclusión de lo que sucedió refiere al funcionamiento del Poder Judicial, uno de los grandes déficits del sistema democrático.
El Poder Judicial fue aumentando su dependencia de los sectores concentrados de la economía, entre otros actores poderosos. Así, en los últimos años muchas leyes aprobadas por el Congreso fueron luego invalidadas, declaradas inconstitucionales o no convalidadas por el Poder Judicial. Éste cumple, cada vez más, la función de actuar como una garantía del sistema para que no puedan avanzar las reformas que consideran los intereses de los sectores populares.
Además, los jueces son inamovibles, frente a los otros dos poderes del Estado en los que los cargos son electivos. El Presidente de la Nación y los legisladores se eligen por el voto popular. Pero no es el caso de los miembros del Poder Judicial.
Retomando: uno de los grandes problemas que tiene el sistema institucional democrático en nuestro país es que un poder interviene y se impone sobre los otros dos. Ese desequilibrio no está resuelto y nos deja en una suerte de callejón sin salida.
A Cristina la condenaron jueces federales, directivos de medios, algunos grandes empresarios y operadores de inteligencia que fueron a Lago Escondido o que concurrían a jugar al pádel a la quinta del expresidente Mauricio Macri. Todo el proceso que involucra a la causa “Vialidad”, por la que fue condenada la expresidenta, está llena de irregularidades. Lo mismo sucede con la causa “Cuadernos”. Hay un grupo numeroso de empresarios involucrados que dicen más o menos lo mismo: “me apretaron, me decían que si declaraba que había pagado coimas quedaba en libertad y si no iba preso”.
Prescindiendo incluso de cualquier otro argumento, la sola existencia del “In dubio pro reo”, el principio jurídico que establece que si el juez mantiene una duda razonable sobre la culpabilidad del procesado debe absolverlo, invalidaría la totalidad de la causa contra Cristina. El sistema judicial se sostiene en el principio de inocencia y en la obligatoriedad de probar culpabilidad y no alcanza con las “íntimas convicciones” ni con las “sensaciones generalizadas” que puedan tener algunos jueces.
Una parte significativa del poder real en nuestro país lo detentan los sectores concentrados de la economía junto a sus expresiones políticas, los medios de comunicación y el Poder Judicial. En algunos momentos históricos se logró limitar parte de ese poder.
En octubre de 2017, durante una entrevista radial con Elizabeth Vernaci, Cristina afirmó que “identificar el poder con estar en el Gobierno es una burrada” y agregó que quien asume la Presidencia apenas administra un 25% del poder real en el país y que el 75% restante está distribuido entre otros factores de poder.
Aún dentro de esa cancha totalmente inclinada, una parte sustancial de la ciudadanía en la Argentina continúa teniendo una decidida vocación de resistencia y de transformación. Lo mismo sucede en Colombia, Brasil y Perú, entre otros países de la región. El mundo no se doblega ni se entrega.
La solución de la situación de la expresidenta es política. Para arribar a ella es necesario construir y consolidar una mayoría que puede avanzar en esa orientación política.
En otro orden de cosas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente presentó su declaración jurada. El funcionario declaró: “mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte. Trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares. Gané 300 mil y en 2018 empecé a liquidar”. Todo impreciso y muy poco verosímil.
En los últimos meses hubo una agenda repetida: la que tuvo como protagonista al jefe de Gabinete. Para ilustrar el tema, resulta útil volver al cuento de la vaca. Ante un reclamo de la gente de contar con viviendas con mayor espacio, la solución propuesta por los gobernantes de aquel entonces fue instruir que las vacas fueran ubicadas dentro de las pequeñas casas. Ello empeoró la situación de hacinamiento. Ante eso, se impartió una nueva orden: volver a situar a las vacas afuera. Se generó, entonces, una situación de alivio. Las vacas en el exterior dejaban una sensación de mejora considerable en el interior de las casas. La gente estaba feliz porque ahora tenía más espacio.
Puede ocurrir algo similar con Adorni: en las últimas semanas los argentinos y las argentinas hemos hablado del jefe de Gabinete de modo sostenido. Entonces, si se produce el desplazamiento del funcionario, puede generarse una especie de alivio. El problema no sería el modelo y sus políticas sino “un elemento extraño” que estaba en el montón y que había que separar del resto. Adorni cumpliría el papel de la vaca.
En paralelo, diputados y diputadas de la oposición impulsan un pedido de sesión para el 23 de junio para tratar pedidos de informes al jefe de Gabinete, su interpelación y eventualmente avanzar en una moción de censura a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Participan el Bloque de Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, un sector importante de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, junto a los monobloques de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, entre otros. Habrá que seguir el tema con atención.
En sus alegatos defensivos, el jefe de Gabinete reivindica frases presidenciales del estilo: “los que evaden son héroes”. Pagar impuestos, para los libertarios, es fortalecer un Estado que hay que destruir. Para ellos, los impuestos son un robo y, por consiguiente, evadir es no dejarse robar. El Presidente además ha dicho que la justicia social es un delito porque les saca a unos para darles a otros; entonces, a los que les saca les roba. Para que no haya impuestos tienen que desaparecer los gastos y, para que eso suceda, tiene que desaparecer el Estado.
El jefe de Gabinete es un problema. Pero también lo es el gobierno al que pertenece. El problema son su modelo de país y sus políticas.