Página/12 | Opinión
En el marco de su reciente visita a la Argentina, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, brindó una conferencia de prensa que no resultó novedosa. En efecto, el discurso fue similar al de su antecesora, Christine Lagarde en 2018. No varió con el tiempo ni las circunstancias.
“Que quede claro, no estoy aquí para negociar ningún tipo de programa. Argentina no precisa ni ha solicitado financiamiento”, sostuvo Lagarde en marzo de 2018. Pocos meses después, en junio, la Argentina tomaba el mayor crédito de su historia. Cuando Mauricio Macri finaliza su mandato, en diciembre de 2019, la deuda con el FMI ascendía a 44.129 millones de dólares.
Hace unos días, Georgieva dijo: “No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo”. Vale la pena señalar que, desde el comienzo de la gestión de Milei, la deuda con el organismo se incrementó en más de 17.000 millones de dólares, llegando a un monto del orden de los 60.000 millones de dólares. Esta cifra constituye el 34% del total de la cartera de crédito que el FMI otorgó a distintos países. Un indicador de que ya no existiría margen para seguir prestándole a la Argentina. En ese marco hay que interpretar las mencionadas declaraciones de Georgieva. Los “consejos” brindados por ambas directoras gerentes del FMI coinciden. En los dos casos, la prioridad es el ajuste fiscal. Lagarde en 2018 destacó: “No tengo dudas de que las metas fiscales van a ser logradas”. Mientras que la frase de Georgieva en su reciente visita fue: “Veo una completa alineación, tener amortiguadores fuertes y también disciplina fiscal del tipo que se ha ejercido en Argentina ahora. Esa es una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir”.
Georgieva fue más allá y dejó en claro las limitaciones para que el Estado intervenga para reactivar la economía, especialmente en los sectores que se encuentran rezagados: “Es más difícil elevar la economía en sectores como, por ejemplo, la construcción, servicios, logística y, por ende, el foco del gobierno en términos de reformas y también del respaldo de la capacidad fiscal limitada que puede brindar el gobierno, tiene que dirigirse a esos sectores”. En otro pasaje agregó: “Uno puede dar vuelta a la página, moviéndose hacia un crecimiento fiscalmente responsable y dirigido por el sector privado y mantenerlo”. La “responsabilidad fiscal” está siempre en el centro de la escena: se limita toda posibilidad del Estado de reactivar la economía. Georgieva fue muy clara al señalar la “capacidad fiscal limitada” del Gobierno.
Una situación muy distinta a la vigente en los países centrales, como la Unión Europea, donde el límite de referencia para el déficit público no es 0%, sino del 3%. En los antecedentes de esta normativa europea se aclara que ese valor es el que “representa el nivel típico del gasto en inversión pública”. Un concepto que parece no estar dentro de las prioridades del gobierno argentino.
Reforma de la Carta Orgánica del BCRA
En el año 2012 se reformó la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de ampliar sus facultades para que, si bien continúe como una entidad autárquica, coordine sus políticas con los objetivos del Poder Ejecutivo, que es un órgano de gobierno elegido por la voluntad popular. De esta forma, entre otras cosas, se redactó en el artículo 3° de dicha Carta Orgánica que además de tener “la finalidad de promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria” agrega “la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Otras modificaciones implicaron la posibilidad de regular el crédito en materia de tasas de interés, plazos, comisiones y destino. No obstante, estas reformas no fueron suficientes, ya que otorgan las herramientas al Banco Central para regular el crédito pero no lo obligan a hacerlo. Es por ello que, a contramano de lo que está proponiendo la gestión libertaria, la Carta Orgánica no sólo debería mantenerse como estaba, sino que habría que profundizar esos cambios que se efectuaron en 2012. Un objetivo que se lograría reemplazando en el texto los “podrá” por “deberá”. El proyecto que anunció el Presidente por cadena nacional conlleva un blindaje al Banco Central para que quede independizado de la voluntad popular. Una situación que retrotraería el avance efectuado en 2012. De esta forma, la autoridad monetaria quedaría exceptuada de actuar para resolver problemas de la economía real. Algo que sí ocurre en los países centrales como Estados Unidos, donde la Reserva Federal tiene en cuenta por ejemplo, el nivel de empleo a la hora de determinar la tasa de interés de referencia.
Otro de los anuncios del Ejecutivo fue el proyecto de ley denominado “grillete fiscal”, en el cual se establece que si el resultado fiscal permaneciera deficitario por varios meses, el Congreso tendría un plazo para corregirlo. De no ocurrir, se activaría el “shutdown”, es decir una “paralización” de las actividades estatales no esenciales. Entre otras cuestiones, podría implicar el congelamiento de las transferencias a las provincias y de parte importante del gasto público, y no se incorporaría personal. Aunque prácticamente es el único país que aplica un mecanismo de “cierre”, Estados Unidos sería el ejemplo a imitar para el gobierno argentino. En los hechos, ha implicado la suspensión de actividades y la licencia sin goce de sueldo de miles de trabajadores/as norteamericanos/as.
A modo de conclusión, el actual modelo de gobierno y la gestión libertaria, como ejecutora del mismo, nos lleva a un país en el que “el mercado” será el determinante de la calidad de vida de la población. Una situación que se destacará por el aumento de la inequidad, la ausencia del Estado como garante del bienestar social y una economía que dejaría cada vez a más ciudadanos/as al margen de los beneficios del sistema.