Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno acaba de redoblar su apuesta de mayor ajuste fiscal y monetario, y ahora, además, cuenta con la auditoría que ejerce el sistema financiero internacional. Sin embargo, no podrá esconder su responsabilidad por el costo productivo y social de sus políticas, que cada vez es más elevado. El presidente afirmó el miércoles: “Lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no es suficiente en términos de garantizar que vamos a hacerlo con la seriedad y la profundidad que se necesita. Por eso tenemos que acelerar”. Implícitamente está diciendo que los que votan cotidianamente no son los ciudadanos de a pie sino los mercados, y que es la credibilidad ante estos últimos la que debemos conquistar.
Muy parecido a lo que ocurrió durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, cuando las políticas públicas no se evaluaban en función de los resultados sociales sino de la reacción que mostraban las variables financieras. Daniel Artana, economista de FIEL, fue explícito: “Hay que mirar el riesgo país”. ¿Recuerdan los lectores los aciagos días cuando a este indicador se lo señalaba como el reflejo de las tareas pendientes, y se lo informaba más de una vez por día?
Los medios hegemónicos levantaron la idea de la “autocrítica” y el reconocimiento de Macri. Por ejemplo: “Hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central”; o “pusimos metas (de inflación) demasiado optimistas y mucha gente se irritó”. Cada vez suena más lejana la frase “el mejor equipo de los últimos 50 años”, que junto con la idea de la autocrítica forman parte de la típica posverdad que ensaya el gobierno. Nada distinto ocurrirá mientras no se modifiquen las bases del modelo.
El llamado “súper martes” se resolvió con relativa calma para lo que se anticipaba. Se renovó la totalidad de las Lebac e incluso se colocaron $ 5000 millones adicionales. Sorprendió la colocación de dos bonos en pesos del Ministerio de Finanzas, a cinco y ocho años a una tasa fija del 20% y 19%, un rendimiento que está muy por debajo del de las Lebac y que fue convalidado por fondos de inversión externos altamente especulativos. Y se refuerza la hipótesis de que el evento cambiario pudo haber sido amplificado para permitir un salto devaluatorio, golpear luego las puertas del FMI y arremeter con un plan económico que anticipa crudos inviernos.
De hecho, la tasa de interés de las Lebac ya se estableció en el 40%, reforzando una política monetaria con fuertes impactos en la actividad económica. Si sube la tasa de las letras que emite el BCRA arrastra consigo a toda la estructura de tasas –para préstamos y depósitos— del sistema financiero. Esto determina una economía que desestimula la producción. A lo que hay que sumarle el impacto del menor consumo por salarios que se ajustan muy por debajo de la inflación, y de la suba de tarifas, la más grandes amenazas para las pequeñas y medianas empresas.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, cree que la situación es otra: “No hay una sola pyme que haya cerrado por las tarifas. La energía incide entre el 3% y el 5% de los costos. El 95% está en otras cosas”. Niega la realidad: si cerraron, ocurrió por la conjunción de todos los impactos de las políticas de este gobierno, incluido el elevado peso de las tarifas.
En la semana, Macri avaló la existencia de altas tasas de interés al señalar que “la política antiinflacionaria es exclusivamente responsabilidad del Central” y acto seguido su titular, Federico Sturzenegger, reforzó la idea: “No le habíamos prestado suficiente atención a las señales del mercado y por eso hicimos tres correcciones al alza a la tasa de interés y esta tasa vino para quedarse hasta cuando haga falta”.
En las “Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero”, que publicó El Vaticano, se sostiene, entre otras ideas: “Cómo no pensar en la función social insustituible del crédito (…) Resulta claro que la aplicación de tasas de interés excesivamente altas que de hecho no son sostenibles por los prestatarios, representa una operación no sólo ilegítima bajo el perfil ético, sino también disfuncional para la salud del sistema económico”. Argumento que se sitúa en la vereda opuesta a las ideas del actual gobierno.
La herramienta antiinflacionaria de Cambiemos es la restricción monetaria con altas tasas de interés. Desde esta lógica monetarista, no habría política inflacionaria que pueda hacerse incidiendo sobre la estructura de conformación de precios. Tampoco sería posible disociar los precios internos de los internacionales, con herramientas como retenciones o permisos para exportar ciertos productos que forman parte de los denominados “bienes salario”, como es el caso del trigo y del maíz.
El monetarismo sólo puede tener “éxito” en parar la inflación si la tasa de interés logra frenar fuertemente el crédito interno, la producción y la ocupación. Por eso los funcionarios ya están descontando que habrá un menor crecimiento, como lo anticipó el ministro Nicolás Dujovne. Todo parece indicar que las altas tasas vinieron para quedarse y ello será complementado por un mayor ajuste fiscal.
Argumentos que no son nuevos, y son los que manejan los directores y el staff del FMI. Según Macri: “El Fondo lo único que nos pide es saber que le vamos a poder pagar y para eso tenemos que tener las cuentas en orden”. Sin embargo, las declaraciones no se condicen con lo plasmado en las ya bien conocidas revisiones del Art. IV que publica el FMI. En la que elaboró en diciembre de 2017, para Argentina, se propone “una reforma integral de las instituciones del mercado laboral”. Allí se sugiere reducir el nivel requerido de indemnizaciones por despido, fomentar los contratos temporarios, reducir el alcance de las asignaciones familiares, ampliar la cobertura del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, entre otras.
Más aun, el mercado laboral no es el único aspecto de la economía argentina al que se refiere este documento. Como mencionamos otras veces, también propone un esquema basado en cuentas individuales en donde se acumulen los aportes de los trabajadores activos, administradas por fondos privados de inversión. Una rémora de las AFJP de los noventa.
El Fondo, con sus pedidos de ajuste y reforma estructural, y las evaluaciones periódicas que definen sus desembolsos, es un excelente “paraguas” para justificar el mayor ajuste que ahora se intenta llevar adelante. Nada de esto sorprende.
Para capear las tensiones cambiarias el gobierno aplicó la receta que mejor conoce: devaluó, tomó deuda y al final recurrió al FMI. Supo aprovechar la presión de los mercados y, pensando en una estrategia de disciplinamiento interno, se prepara para ajustar las prestaciones sociales y los salarios públicos, y avanzar con reformas estructurales. Un círculo vicioso interminable que sólo podrá revertirse con la resistencia de los ajustados.