ContraEditorial | Opinión
Contrariamente a lo que desearíamos, continuamos atravesando un contexto de situación excepcional en el mundo como consecuencia de los efectos de la pandemia que comenzó hace ya más de un año. Son muchas las aristas que derivan de este difícil escenario.
En el plano local, y a pesar de la pandemia económica recibida de la gestión anterior, algo que he mencionado en varias ocasiones pero que vale la pena no olvidar, la actividad económica continúa mostrando signos de mejora. Las recientes proyecciones para nuestro país de crecimiento del PIB en 2021 del Banco Mundial (+6,4%) y del FMI (+5,8) son, en ambos casos, más altas que las publicadas sólo algunos meses atrás. Por su parte, el ministro de Economía Martín Guzmán mencionó la posibilidad de crecer aún más de lo estimado en el Presupuesto Nacional, en un valor cercano al 7%. No obstante, el fuerte ímpetu con el que llegó la segunda ola de contagios y las consecuentes medidas para amortiguar sus efectos podrían generar inconvenientes temporarios en la actividad de algunos sectores más vinculados con el contacto social.
En definitiva, es el proceso de vacunación el que podrá poner fin, o al menos llevar al mínimo posible, la cantidad de contagios y las víctimas fatales en todo el mundo. El mayor inconveniente se centra en la distribución de este bien, por ahora escaso y fuertemente demandado a nivel global. En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, “la distribución equitativa de las vacunas es la mayor prueba moral que enfrenta la humanidad; sin embargo, la vacunación ha sido tremendamente injusta y desigual”. En efecto, apenas diez naciones desarrolladas han recibido el 75% de las vacunas y más de 130 países no recibieron ninguna, ni tampoco recibirán en el año en curso. En este contexto, Argentina se encuentra dentro de los 20 países con mayor cantidad de vacunas recibidas a nivel mundial. Por ello es vital concientizar a la población acerca de la importancia de vacunarse y poner en evidencia a quienes tergiversan deliberadamente la información sobre los distintos tipos y orígenes de las vacunas. A esta altura, no caben dudas de que la aplicación de las mismas es la única alternativa para poder evitar una catástrofe sanitaria, por un lado, y volver paulatinamente a la normalidad, por el otro.
Esta dinámica de desigualdad que se expresa en la distribución de las vacunas, en la que las potencias económicas tienen un mejor acceso a las mismas, se refleja también en otros ámbitos. Prueba de ello es el ranking de las personas más ricas del planeta en su versión 2020, dado a conocer hace pocos días por la revista Forbes. Si bien ya es sabido que la riqueza mundial se concentra en unas pocas manos, lo llamativo de la información publicada este año es que, en un contexto pandémico de semiparálisis de actividad en varios sectores, hubo otros que se enriquecieron significativamente. En efecto, no sólo 660 personas se incorporaron al selecto club de los más ricos en 2020 (llegando a 2.275 milmillonarios), sino que la riqueza total de éstos se incrementó en 5 billones de dólares, casi un 70% más que el año anterior. Los tres primeros en la lista: Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla) y Bernard Arnault (Louis Vuitton), poseen más de 150.000 millones de dólares cada uno. Para adquirir una dimensión de lo que esto significa, por ejemplo, la importante deuda con el FMI que está renegociando la Argentina en estos momentos constituye menos de un tercio del patrimonio de cada uno de estos individuos. En el otro extremo, como informó Guterres, alrededor de 120 millones cayeron en la pobreza extrema y se perdió un número de empleos a tiempo completo equivalente a 255 millones de trabajos provocando la peor recesión de los últimos 90 años.
El interrogante que surge casi automáticamente ante estas pavorosas cifras es qué puede hacerse para al menos revertir en parte esta alarmante y desigual distribución del ingreso que se produce en la gran mayoría de los países. La respuesta es simple: redistribución. Y los gobiernos, en gran medida, son los responsables de eso. Claro que para ello los recursos fiscales que posean son fundamentales.
En ese sentido, son interesantes las últimas medidas tomadas en el plano local. Hace pocos días el Poder Ejecutivo envió para su tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma de ganancias para sociedades. El mismo tiene varias particularidades. En primer lugar, clasifica a las empresas por su resultado, por lo tanto, las alícuotas que corresponden a cada tramo están dadas en función de la rentabilidad de cada año. Según el comunicado del Ministerio de Economía, “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal. A partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual”. De esta forma, las empresas con ganancias netas de hasta 5 millones de pesos anuales tendrían una alícuota del 25%, aquellas con ganancias de entre 5 y 20 millones de pesos, abonarían un 25% por los primeros 5 millones y un 30% por el diferencial. Sólo las que declaran ganancias por encima de los 20 millones de pesos anuales serían gravadas con una alícuota del 35% por el diferencial a partir de ese monto. Desde luego, como las más grandes pagan la tasa más alta, se deduce un aumento en el ingreso fiscal, junto con una mayor equidad.
Pero para que no sólo ésta, sino todas las iniciativas del mismo tenor en otras latitudes tengan sentido, es fundamental tomar medidas con respecto a la evasión impositiva de las corporaciones. En mi columna pasada hice mención al alza impositiva que se encontraba en análisis para las empresas en Estados Unidos. Tan sólo unos días después, las autoridades de ese país fueron un paso más allá y tanto la Secretaría del Tesoro Janet Yellen como el propio Presidente Joe Biden plantean trabajar en un impuesto mínimo del 21% a las sociedades pero a escala global. Yellen señaló que es importante asegurar que “los Gobiernos cuenten con sistemas impositivos estables que recauden suficientes ingresos y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga financiera del Gobierno”, mientras que Biden destacó que es importante que las empresas tributen ahí donde generan beneficios. Este giro en la postura de los Estados Unidos con respecto a la gestión de Donald Trump permitiría dar impulso a la medida que también viene proponiendo la OCDE desde hace más de un año.
Estos proyectos están motivados por el alto nivel de evasión fiscal corporativo que padecen los gobiernos y poblaciones del mundo en la actualidad. Según los cálculos de la reconocida ONG Tax Justice Network (TJN; Red de Justicia Impositiva), con la propuesta estadounidense del 21% como mínimo para las corporaciones globales, se recaudarían cerca de 245.000 millones de dólares más por año en todo el mundo.
Por supuesto que no es una tarea fácil. Implica modificar un statu quo que involucra a las grandes potencias mundiales. Según el especialista Gabriel Zucman, discípulo de Thomas Piketty y colaborador de TJN, si la propuesta de Estados Unidos prospera implicará “un colapso” del modelo sobre el que los paraísos fiscales se sustentan. Un desmantelamiento de la denominada “carrera a la baja” en los impuestos que generó la competencia de jurisdicciones de baja tributación y cuyos principales exponentes son los países ricos. Según la edición 2021 del índice de guaridas fiscales de TJN, los 6 primeros lugares los ocupan países de la OCDE: las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Bermudas (todos territorios de ultramar de la Corona británica) ostentan los primeros tres lugares, seguidos de los Países Bajos, Suiza y Luxemburgo. Este índice mide ni más ni menos que “la intensidad con la que los sistemas impositivos y financieros de cada país permiten que las corporaciones multinacionales desvíen sus beneficios desde los lugares donde los obtienen hacia ellos y, como consecuencia, paguen mucho menos de lo que deberían”, aclara la ONG.
Por ello es que si prosperara la propuesta que lideran Estados Unidos y la OCDE, estas guaridas se verían amenazadas, ya que las empresas se verían obligadas a tributar donde generan las ganancias. “Un impuesto mínimo global alto puede cambiar el rostro de la globalización, haciendo que sus principales ganadores, las multinacionales, paguen más en impuestos, en lugar de pagar cada vez menos como ha ocurrido durante las últimas cuatro décadas”, destaca Zucman.
Sería un ambicioso y alentador comienzo para iniciar un proceso de reversión de la actual situación en la que unos pocos acaparan la mayor parte de la riqueza generada en el mundo, mientras millones de personas no pueden siquiera tener una vida digna.