Macri no debería despilfarrar en Seguridad Privada

Comentarios (11) »

policicc81a-metropolitana1Después de que la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, redestinara a los Policías que custodiaban edificios públicos porteños, Macri decidió no sólo no enviar a la Metropolitana, sino que además avaló el cierre de los hospitales y salas de Atención Primaria, dejando a miles de ciudadanos sin atención durante días. Para rematar, ahora la encargada de custodiar aquellos edificios es la policía privada.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad destinará 528 millones de pesos para reemplazar la Federal, a la que ya le debía 28 millones por trabajos adicionales.

Macri tiene una manía y es la de resolver todo con el sector privado. ¿Para qué creo la Metropolitana si no la puede utilizar para custodiar edificios? Ni siquiera la usan para custodiar funcionarios, al Ministro de Seguridad porteño por ejemplo, lo custodian agentes de la Federal.

Verdaderamente no resulta extraño que quiera resolver el problema de esa manera porque de lo que estamos hablando aquí, es de un modelo de gestión que defiende las privatizaciones. Creo completamente innecesario despilfarrar en gastos extras para garantizar la seguridad teniendo a disposición la Policía Metropolitana.

Seguridad y participación ciudadana

Comentarios (8) »

participacion-ciudadanaEn Nuevo Encuentro estamos absolutamente convencidos de que todos los problemas que tienen los ciudadanos de Buenos Aires tienen una solución que requiere acciones mancomunadas entre Nación, Provincia y Ciudad; y que esas acciones mancomunadas son muy difíciles de concretar cuando la visión de la solución es contrapuesta.

Por ejemplo, si desde el Gobierno de la Ciudad se cree que el problema de la inseguridad se resuelve con mano dura, y desde la Nación que el problema se resuelve mejorando las condiciones de inclusión, es muy difícil ponerse de acuerdo y es muy difícil lograr los resultados.

Estamos completamente de acuerdo en que la Ciudad tiene que tener su propia policía, pero eso requiere resolver simultáneamente una cantidad de cosas, como lo judicial porque no se puede transferir la acción policial mientras los jueces sigan siendo de competencia nacional.

Por otro lado, apoyamos fuertemente la participación ciudadana, y somos partidarios de la creación de foros ciudadanos en el ámbito de cada una de las comisarías para que, quienes tienen la responsabilidad de la acción policial interactúen en forma permanente con vecinos, que son quienes tienen la realidad concreta de los problemas que sufren y el derecho a opinar sobre las soluciones que se implementan.

Lo destacable en este punto, es que el Gobierno de la Ciudad vetó una ley que se había aprobado en este sentido, es decir no cree en la participación del vecino. Nosotros, en cambio, creemos que hay que avanzar con las comunas pero que hay que dotarlas de recursos y de instrumentos para que sean verdaderos ámbitos de participación ciudadana y no oficinas descentralizadas para presentar trámites.

En este sentido, hay un concepto diametralmente opuesto sobre la gestión pública, es aquí donde tenemos diferencias de fondo que son insalvables con quienes gobiernan hoy la Ciudad.

Seguridad, hacia un esquema participativo

Comentarios (3) »

policiasLa política de derechos humanos, de juicio y castigo a los represores y genocidas, coronó la larga marcha de las luchas del campo popular contra la impunidad. Durante largos años de democracia, fueron acciones tildadas de testimoniales, tales como el trabajo incansable de las organizaciones en defensa de los derechos humanos -encabezadas sin duda por las Madres y las Abuelas-, o las repetidas presentaciones de los proyectos de anulación a las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final hechas por el diputado Floreal Gorini, que nunca consiguieron quórum en 2003, encontraron su cauce.

La resistencia de los que están hoy en el banquillo de los acusados se amalgama con los alaridos de los personeros que reclaman por la vuelta a la mano dura y exigen el retorno a la represión de las protestas sociales, y a un enfoque del problema de la seguridad compendiado en las enciclopedias de la otrora lucha antisubversiva.

La solución a los problemas que aquejan a las instituciones policiales en la Argentina es una deuda pendiente de la democracia. Estas fuerzas sufrieron un grave deterioro institucional durante las dictaduras del siglo pasado y, particularmente, durante el terrorismo de Estado de los setenta. De esta manera, han visto complicada aún más su realidad actual ante el crecimiento exponencial del delito urbano en el país, particularmente a partir de la hiperinflación de 1989, y, sobre todo, en la década de 1990. Hubo intentos correctamente orientados en el sentido de avanzar en la reforma policial, con el objetivo de mejorar su profesionalismo, y su inserción institucional y democrática, como fueron las experiencias conducidas por Carlos Arslanian -en la provincia de Buenos Aires- y la creación de la Policía Aeroportuaria, conducida por Marcelo Sain bajo parámetros modernos y profesionales. También asistimos a la mala experiencia de la creación de la policía Metropolitana para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que primaron hasta ahora criterios de reformulación de una fuerza con los peores vicios de las existentes y recurriendo a viejo personal de otras fuerzas, que terminó cometiendo graves delitos que involucran, incluso, al mismo jefe de gobierno de la Ciudad.

Pero, ¿cuál es el problema de fondo del funcionamiento de las policías? El error, cuando se trata de propuestas sobre políticas de seguridad y reformas policiales, radica en general en que tales propuestas son vistas como una solución en sí mismas. Es decir, se concentra toda la energía en la reforma o creación institucional, en la modificación legislativa y orgánica, en la ideación muchas veces realmente creativa de la ingeniería institucional, como si el numen de la problemática radicara exclusivamente en el diseño y, por supuesto, en su aplicación política.

Sin embargo, los que nos ubicamos a la izquierda del espectro político en el ámbito de la democracia y del progresismo reales, sabemos (o al menos deberíamos saber) que las implementaciones de políticas verdaderamente democráticas y progresistas, sea en el área de gobierno que fuera (y esto incluye principalmente a la seguridad), son imposibles al margen de la participación popular, del involucramiento de la gente, del vecino, del ciudadano común, en forma plural y sin discriminaciones.

Cualquier ensayo de política pública que intente avanzar hacia la profundización de la democracia, como por ejemplo, la mejor distribución del ingreso, la defensa efectiva de los derechos de todos, y en este caso especialmente una seguridad democrática para todos los sectores sociales -en el marco de la legalidad y con justicia real-, resultará inviable sin acompañar las reformas institucionales por ingeniosas modernas y creativas que fueran, con esquemas activos y dinámicos de participación ciudadana real. Esto es plural y horizontal, articulando dispositivos entre gobierno y sociedad con claros elementos de control y auditoría ciudadana.

Resulta factible inspirarse en el esquema de los presupuestos participativos y, con la asunción de responsabilidad central de los gobiernos locales, en dicho esquema de participación. La obligación de las fuerzas políticas democráticas y progresistas en materia de seguridad reside, entonces, en la concientización y movilización popular y social en torno al reclamo de esquemas participativos que le permitan a la gente discutir, proponer y controlar las medidas que se tomen en esta materia en sus respectivos barrios, con un sistema consorcial que implique la relación permanente de los representantes del gobierno local con los vecinos de todos los ámbitos de cada distrito. Todo esto implica, a su vez, la necesidad de una estrecha articulación entre los gobiernos locales, los provinciales y el nacional, de quienes dependen institucionalmente las policías.

Si se tiene en consideración esto, queda claro que la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, y el emprendimiento de la nueva ministra, Nilda Garré, merece ser saludado, ya que contempla en su flamante estructura orgánica áreas específicas para el fomento, difusión e impulso de estas acciones de participación ciudadana. La figura de los “Foros” anunciados apunta en esta dirección. Pero, sobre todo, necesita del apoyo político y social para enfrentar problemas muy complejos.

En este sentido, la autodenominada oposición debería llamarse a reflexión -con relación a su práctica de la crítica y el boicot sistemáticos-, ya que se trata, en este caso, de una política de Estado que tiene alto impacto sobre la seguridad de los bienes y las vidas de los argentinos. Y, ante todo, sobre la posibilidad de ir superando rémoras del pasado institucional, lo que resulta imprescindible para profundizar la democracia y, con ello, construir la sociedad justa, libre y respetuosa de los derechos que queremos.

Esta nota fue publicada en la Revista Debate el día 04.03.2011

El problema de las salideras es el bajo nivel de bancarización

Comentarios (7) »

bancarizacionMucha prensa hubo estas semanas respecto al tratamiento de la Ley para brindar mayor seguridad en los bancos y evitar las salideras. Y como muchas otras veces, de lo único que se habló es de medidas superficiales y no del trasfondo de la problemática.

Tal vez muchos no sepan que el proyecto de ley que se trató en el Congreso no tiene grandes novedades en su texto. De hecho, el proyecto presentado por el Diputado Milman contiene, en su gran mayoría, normas del Banco Central que ya existían. Si bien con este proyecto se les daría carácter de Ley a esas normas, no se discutió ninguna medida de seguridad nueva.

El tema de fondo, el verdadero problema de la inseguridad y de las salideras bancarias es otro: este tipo de delitos son típicos de países en vías de desarrollo. En los países centrales no hay salideras básicamente porque no hay efectivo, se utilizan medios de pago como cheques, tarjetas de crédito, tarjetas de débito o transferencias.

En la Argentina tenemos un nivel de bancarización que llega al 40% de la población, es decir a menos de la mitad. Esto tiene que ver con la informalidad en varios sentidos: ya sea porque se compran inmuebles por valores distintos a los que figuran en la escritura, o porque se pagan sueldos en negro, o porque el dinero viene de operaciones de comercio exterior que no paga impuestos entonces es necesario moverlo por otros canales.

La forma de disminuir el delito en los bancos es trabajando en todo lo que desde el Bloque Nuevo Encuentro planteamos en el proyecto de ley de Servicios Financieros, porque todas esas medidas apuntan a bancarización de la Argentina. Lo fundamental es poder transformar a los bancos en lugares donde se realicen muchas transacciones y se maneje poco efectivo. Si logramos esto, los bancos van a dejar de ser un lugar atractivo para el delito, y tanto la seguridad de los clientes como la de los empleados va a mejorar.

¿Tiene solución el problema de la inseguridad?

Comentarios (10) »

inseguridadSi la cuestión de la inseguridad fuera un problema simple, sencillo de resolver con medidas obvias, como las que sugiere cierto sentido común o mejor dicho cierta visión mecanicista o reduccionista del problema, los distintos gobiernos de muchos países de la región y del mundo ya lo hubieran solucionado. En realidad el tema es de gran complejidad, vamos a intentar ofrecer un punto de vista que trate de dar cuenta de dicha complejidad y ofrecer algunas ideas con visión política.

Las ideas simplistas y unilaterales acerca de cómo resolver el problema del delito y la criminalidad, se manifiestan exasperadamente al grito de ¡basta de impunidad! o ¡aumenten las penas! o ¡que vuelva el servicio militar obligatorio! o ¡que los militares intervengan en la “lucha” contra el delito!.

Este enfoque parte de un gran supuesto, que el hombre es malo por naturaleza, que las civilizaciones modernas están poniendo más agresivo este atributo y que solo mediante la represión es posible combatir al delito. Y en forma complementaria, como nada se puede hacer en conjunto y organizadamente, se instituye un sálvese quien y como pueda, encerrándose en barrios ya no cerrados sino fortificados y armándose hasta los dientes.

Todo ello distorsiona la percepción profunda del fenómeno, y muchas veces a través del discurso político y/o de la espectacularización mediática, opera como encubrimiento de las causas y del accionar de las instituciones pertinentes a la problemática.

Nos referimos a la inseguridad en las calles y en los barrios, a esa incertidumbre que afecta en forma directa a la gente, y particularmente a los mas humildes. A quienes un robo o un hurto los privan de cosas esenciales y que además son justamente los que menos recursos tienen para proteger su propiedad y su integridad.

Debemos reconocer que existe una relación directa entre marginalidad y violencia. Es decir que hay una estrecha relación entre la cantidad de robos y hurtos que se comenten cotidianamente en las barriadas populares y en distintas zonas comerciales de las grandes ciudades, y la situación social de miles de personas, particularmente jóvenes varones de entre 15 y 30 años de edad que se encuentran sin trabajo, sin escolaridad y sin ningún tipo de contención social, y muchas veces sin contención familiar y ni siquiera de vecinos o círculo social alguno.

Además, al referirnos a estos sectores, principalmente juveniles, no estamos de ningún modo sugiriendo que la solución sea criminalizarlos, es decir reprimirlos. Seguir leyendo

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up