Tiempo Argentino | Opinión
El pasado jueves el Senado aprobó por amplias mayorías una serie de leyes de gran relevancia, a pesar de la habitual renuencia del Poder Ejecutivo a tratar esos temas.
Antes que nada, no hay que perder de vista que los proyectos que se trataron en el Congreso están enfocados en corregir varias decisiones que tomó este gobierno en el marco de su modelo de ajuste y desregulación, y que afectan “en carne y hueso” a las personas.
El Senado aprobó la ley que actualiza las jubilaciones y pensiones y que ya había obtenido media sanción hace un mes en la Cámara de Diputados (también con una importante mayoría, y además con un trabajoso pero efectivo consenso entre distintas fuerzas políticas).
En concreto, dicha ley establece un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2% (en compensación por lo que en su momento no cobraron de la inflación del 20,4% de enero 2024); un aumento del bono de $ 70.000 a $ 110.000 y su actualización mensual por el índice de movilidad, la transferencia de fondos de la Anses a las provincias con cajas previsionales no transferidas y la mejora de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También se sancionó la prórroga por dos años de la moratoria previsional.
Cabe recordar que en agosto del año pasado el Congreso de la Nación ya había convertido en ley una iniciativa similar, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo, y luego el Parlamento no pudo obtener los dos tercios necesarios para rechazar el veto.
Este jueves también se aprobó por unanimidad el proyecto que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y la recomposición de los salarios del personal de salud. La iniciativa también solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones por discapacidad y la actualización de las mismas.
Finalmente, los senadores también lograron rechazar el veto del Ejecutivo a la emergencia en Bahía Blanca. En este caso, aún queda el tratamiento en Diputados.
En términos políticos, la unanimidad o las amplias mayorías conseguidas el jueves son un reflejo de la diversidad de sectores políticos que apoyaron los proyectos (tanto en Diputados como en el Senado), echando por tierra el argumento del gobierno de que se trata de dar un golpe institucional.
Sin embargo, y en consonancia con lo que viene haciendo y diciendo desde el comienzo de su gestión, Javier Milei ya anticipó que vetará una vez más las leyes aprobadas en el Senado e incluso que las “judicializará” en caso de que los vetos sean rechazados.
Además, obtuvieron media sanción en el Senado el proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional.
Antes de la sesión, el Presidente había acusado a los gobernadores de querer “romper todo”, en alusión a los proyectos que finalmente se aprobaron. Según Milei, los mismos dañarían “el equilibrio macroeconómico”, aunque “transitoriamente”, porque “después de que los aplastemos en las elecciones yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad”.
Todo indica que el objetivo del gobierno no es en última instancia el superávit, sino correr al Estado del medio, y con ello dejar de garantizar derechos que son esenciales.
Desde la batalla cultural que debemos librar, hay que recordar que el Presidente manifestó abiertamente que su intención es destruir el Estado y que intenta desvirtuar completamente la idea de que “donde hay una necesidad nace un derecho”. No es casual que, por decisión del Poder Ejecutivo, la Argentina no haya tenido un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso los últimos dos años, y el eje de sus políticas se basa en el ajuste fiscal, cuyo argumento fundamental es hacer “lo que se pueda con los recursos existentes”, cuando debería ser al revés: a partir de las necesidades de la gente, evaluar de dónde se obtienen los recursos para satisfacerlas.
En este entorno, resulta esencial señalar que en las redes sociales circularon frases como “dinamitar el Congreso” o “sacar los tanques a la calle”, lo que no sólo nos remite a épocas nefastas de nuestra historia, sino que pone un interrogante sobre a dónde puede llevarnos esta escalada de violencia, si la sociedad no la rechaza de plano enérgicamente.
Facultades delegadas
Culminó el plazo de vigencia de un año de las facultades delegadas mediante la Ley de Bases, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. El gobierno organizó –paradójicamente el mismo 9 de Julio— una suerte de festejo en vivo del que participaron todos los equipos técnicos que trabajaron en el diseño del paquete de decretos. Contó con la presencia del presidente Javier Milei, y la coordinación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Sobre el cierre del plazo contenido en la Ley de Bases, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que hasta el momento eran “organismos descentralizados” del Ministerio de Economía, pasaron a la órbita de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, respectivamente. Los cambios involucran la pérdida de autarquía, lo que redundará seguramente en recortes presupuestarios, despidos y en la enajenación de bienes en diferentes partes del país. Está claro que la existencia del INTA y el INTI, instituciones emblemáticas que han contribuido desde su creación en el terreno de la investigación, el desarrollo tecnológico y el incremento de la productividad en el campo y la industria, colisiona de lleno con la ideología y los objetivos de este gobierno.
A su vez, a través del decreto 461/2025 se elimina la Dirección de Vialidad Nacional y se disuelve la Agencia de Seguridad Vial, entre otras disposiciones. El Ministerio de Economía quedará a cargo de las licitaciones, el mantenimiento y la planificación viales, mientras que el control de tránsito será responsabilidad de la Gendarmería.
En paralelo, no deja de agudizarse la emergencia social que surge de las políticas del gobierno. Se conocieron los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Si bien en otras oportunidades dejamos en claro que la metodología utilizada por esta universidad contiene algunos puntos cuestionables, vale la pena observar la evolución de la Inseguridad Alimentaria en la Infancia, que llegó al 35,5% en 2024, su nivel más alto en una década. Hay 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes que enfrentan una merma en cantidad y calidad de consumo de alimentos y aproximadamente la mitad de ellos lo hace en condiciones severas. Si no cambian el modelo y las políticas, las necesidades más urgentes se seguirán acumulando.
La ciudadanía debe tomar nota de lo que el gobierno nos está anticipando: que en caso de obtener en octubre un buen resultado en las urnas el ajuste va a seguir, y que avanzarán además con las reformas que consideran pendientes (laboral, impositiva y previsional) y con las privatizaciones, para tratar de satisfacer al FMI y a los “mercados”. Bien lejos de las verdaderas necesidades de las personas y de los sectores productivos locales.