La semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para la Argentina de 10.000 millones de dólares para el periodo 2025-2028. Cabe destacar que entre este mes y fin de 2028 Argentina debe pagar al BID amortizaciones de capital por unos 4600 millones de dólares, e intereses por unos 2900 millones de dólares, con lo cual puede pensarse que están refinanciando, en gran parte, futuros pagos.
Del monto total del nuevo préstamo, 7000 millones serán para “respaldar iniciativas del sector público”, un concepto más que amplio, y los 3000 millones restantes se canalizarán para “fortalecer la inversión privada”. No obstante, el desembolso a lo largo de lo que queda de 2025 será de 3000 millones de dólares. Estos fondos, cuyo objetivo último en el corto plazo es fortalecer las Reservas Internacionales, son oxígeno para el gobierno.
Más allá del apoyo con recursos, el BID señala que la pobreza de ingresos sigue siendo igualmente elevada, alcanzando un 38,1% de la población, en un contexto en que los salarios reales formales e informales están rezagados.
Además, hace alusión, aunque indirectamente, a la paralización de la obra pública que llevó a cabo el gobierno: destaca que “el 75% de los corredores principales de la Red Vial Nacional se encuentra en estado deteriorado, lo que incrementa los costos logísticos por mayor consumo de combustible, desgaste vehicular y tiempos de viaje más prolongados”.
Sin embargo, el BID es elogioso con el ajuste de la gestión libertaria en distintos rubros del gasto del Estado, como el recorte en los subsidios económicos, las transferencias a provincias, gastos de capital, entre otros. Tampoco pasa por alto el contexto electoral actual al dejar en claro que “los tiempos de reformas clave pueden extenderse por falta de mayoría en el Congreso y la potencial fatiga social ante medidas de ajuste”. Considero que hay que comprender que las reformas estructurales deben tener necesariamente tratamiento parlamentario, y que lleven los tiempos que requieran. Las instituciones de la democracia no tendrían que ser percibidas como un obstáculo, ya que ellas actúan en representación del interés del conjunto de la ciudadanía.
Otra de las novedades de esta semana fue la mejora de la calificación de la deuda argentina por parte de la calificadora de riesgo Moody’s. No obstante, nuestro país pasó a ubicarse en el mejor nivel de los bonos que son considerados de “mala calidad”. El informe hace alusión al programa pactado con el FMI, señalando que respalda la “disponibilidad de liquidez en divisas y alivia la presión sobre las finanzas externas”, una observación que no se ve reflejada en los hechos.
La calificadora señaló que espera “una transición gradual hacia una cuenta de capital más abierta”, lo cual según su propia valoración sería “un primer paso hacia la sostenibilidad de los pagos externos”. Una “sugerencia” que en realidad estructuralmente puede tender a generar el efecto contrario, ya que incentivaría la salida de divisas del sistema y con ello agudizaría la problemática externa. Fue esta debilidad, en parte, la que advirtió hace unas semanas J.P. Morgan.
Liberalización financiera y comercial
Como telón de fondo de estos temas están siempre los dos modelos de país, que resultan antagónicos por donde se los mire.
Por caso, hoy se aplica un modelo que libera irrestrictamente las importaciones de bienes de consumo y con ello no sólo se daña el frente externo, sino que se incrementa la demanda de bienes producidos en el exterior, a expensas del trabajo argentino. Los daños laborales ya se empezaron a expresar en el incremento de la desocupación, que alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, el valor más alto desde la postpandemia.
En este contexto, el ingreso de dólares “genuinos” sigue disminuyendo. Según los últimos datos de la balanza comercial publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), durante los primeros seis meses de 2025 las exportaciones argentinas de bienes se incrementaron un 4% interanual, mientras que las importaciones registraron un alza mucho mayor: 34,5%. Como consecuencia de ello, los ingresos en dólares del primer semestre del año disminuyeron en 7920 millones con respecto a igual periodo de 2024. Un desempeño que habrá que seguir de cerca porque agudiza la problemática de las divisas.
Las calificadoras y los bancos de inversión quieren que al gobierno le vaya bien, que consiga un buen resultado en octubre y luego avance con las reformas que los mercados y organismos como el Fondo Monetario Internacional están pidiendo: la reforma laboral, la impositiva y la previsional. Si la ciudadanía acompaña estas propuestas con su voto, se quedará con menos derechos.
Hay muchísima gente que se ha visto –y se ve— afectada por las políticas del gobierno, y los reclamos se van sumando. En última instancia, existe en todos los casos un denominador común que tiene que ver con un modelo de acumulación y distribución de la riqueza que va en contra de la mayoría de las personas. Si ello no se comprende, se termina generando una situación en la que se está siempre a la defensiva. Por eso, el accionar coordinado, dentro y fuera del Parlamento, es esencial para avanzar con el cuidado de derechos y reforzar la iniciativa política por un cambio de modelo.
Es preciso conseguir mayores apoyos de la ciudadanía a una propuesta para mejorar la matriz productiva, diversificarla, aprovechar la potencialidad de los recursos naturales, como por ejemplo continuar invirtiendo en los yacimientos de Vaca Muerta y fortalecer la industria (en especial las pymes manufactureras), entre otras políticas.
Este último es el camino que apuntaría a alcanzar una economía sostenible, que genere los recursos para afrontar el balance externo y al mismo tiempo dinamice la economía promoviendo el empleo y el consumo: en definitiva, es el círculo virtuoso que nuestro país necesita para salir adelante.
Sin un Estado presente que canalice los recursos económicos para “hacer girar la rueda” de la economía, no se podrá lograr una mejor calidad de vida para la mayoría de los argentinos/as: salarios que recuperen poder adquisitivo, reducción de la informalidad laboral, aumento de los haberes jubilatorios, sistemas de salud y educación de calidad, redistribución del ingreso hacia quienes más lo necesitan, entre otros aspectos que se encuentran en las antípodas de lo que propone la gestión libertaria.
Queda claro que el actual gobierno no está yendo por ese camino y lo manifiesta constantemente al querer eliminar el rol que tiene el Estado en la regulación de la economía. Las manifestaciones públicas que viene efectuando el presidente desde que se involucró en la política dan cuenta de ello, como: “Desprecio el Estado y estoy adentro del Estado para romperlo todo, para achicarlo”, expresada en un discurso en un acto en Roma en diciembre de 2024.
Resulta necesario que la ciudadanía vote mayoritariamente una opción que confronte a este proyecto que intenta destruir al Estado y dejar todo en manos del mercado: esta es la discusión de fondo.