Ámbito Financiero | Opinión
Es sabido que el gobierno basa su discurso en el superávit fiscal. El Presidente ha amenazado con vetar todo lo que interfiera con sus planes fiscales. A mi juicio esto no es bueno para el país.
La discusión de fondo no es sobre el superávit. Antes hay una más elemental, que el Gobierno no está dispuesto a dar, y es la composición de ingresos y gastos, principalmente a qué sectores se busca proteger y beneficiar, y quiénes terminarán perjudicados. Todo el debate que se ha venido dando en el último tiempo en nuestro país puede perfectamente hacerse en este plano distributivo. Veamos algunos ejemplos.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el incremento excepcional y de emergencia del 7,2% para las jubilaciones y pensiones tiene un impacto fiscal estimado para la segunda parte del año del 0,41% del PBI, mientras que el bono de $110 mil implica otro 0,38% del PBI. Ambos suman 0,79% del PBI.
Es prácticamente lo que han caído los ingresos de la Administración Pública Nacional en lo que va del año: 0,7% del PBI. El gran responsable de esa disminución fue el Gobierno, que en diciembre pasado permitió que caduque el Impuesto PAIS, tributo que gravaba las compras de bienes y servicios en el exterior con tarjetas de crédito y débito, así como la compra de divisas para ahorro y algunas importaciones de producto. En 2024 el Impuesto PAIS explicó casi el 5% del total de lo recaudado, pero el Gobierno eligió no prorrogarlo. Para 2025 se estima una pérdida en la recaudación del 1,1% del PBI por este concepto.
Otros impactos se dieron en el sector externo, que se vieron reflejados en el balance de pagos y en la presión sobre el dólar. Uno de ellos fue la liberación de las restricciones cambiarias a las personas humanas. Según el último balance cambiario del BCRA, un millón de argentinos compraron u$s2.416 millones y gastaron otros u$s720 millones con la tarjeta en el exterior en junio de este año.
El otro efecto viene por el lado de la liberación de las importaciones. Según datos del INDEC, en el primer semestre de 2025 el nivel general de las cantidades importadas creció 45,1% en relación con el mismo período del año anterior (unos u$s9.470 millones más), de las cuales Bienes de consumo aumentó 69,3% (unos u$s2.247 millones más). Por su parte, las cantidades exportadas totales crecieron apenas 4,9%, (unos u$s1.540 millones más). Podemos ver cómo las desregulaciones son una política desacertada, pues afectan el frente fiscal y el externo, además de tener impactos negativos sobre la producción nacional.
No es que “no hay plata”, el Gobierno elige a quién dársela. Se la niega a los jubilados, a los universitarios y a las personas con discapacidad, entre otros, pero le baja las alícuotas de las retenciones a la soja, el maíz y otros productos agropecuarios, así como directamente elimina las retenciones a la minería, al establecerles una alícuota del 0% a 200 productos, entre ellos el oro y el cobre. Para este último sector podríamos sumar los futuros beneficios impositivos que se otorgaron a través del RIGI.
Con el “paquete fiscal” el Gobierno redujo la alícuota de Bienes Personales, un impuesto progresivo porque recae sobre los que más tienen. A su vez, eliminó impuestos internos para los autos con valores de hasta $75 millones, y redujo del 35% al 18% la alícuota de los que superaban ese valor. El impuesto que volvió con fuerza fue Ganancias a la 4ª categoría, el que alcanza a los trabajadores en relación de dependencia, por encima de ciertos ingresos.
Los economistas ortodoxos, o neoliberales, siempre están dispuestos a bajar impuestos para favorecer a los que más tienen. En un reciente documento de la Fundación Mediterránea se plantea la necesidad de eliminar impuestos como Ingresos Brutos, al cheque, los derechos de exportación, sellos y tasas municipales sobre las ventas, hasta llegar a una quita del 7,6% del PBI. ¿Cuántas partidas en salud, educación, obras públicas, jubilaciones sufrirán si se realiza semejante recorte en los ingresos fiscales?
Pero no se trata sólo de opiniones de consultoras, el propio FMI plantea que para antes de fin de año el Gobierno presente al Congreso una reforma tributaria. El Fondo tiene en la mira al impuesto al cheque. Según la OPC, en el acumulado hasta julio, dicho impuesto recaudó $7,5 billones. La compra de 24 aviones de combate F-16 más su equipamiento suman u$s650 millones, un gasto inoportuno e innecesario mientras se reprime a jubilados y otros colectivos para honrar el superávit fiscal.
Toda decisión fiscal, ya sea de ingresos como de gastos, ordena las prioridades y siempre define quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Lo que hay que discutir, entonces, son los dos modelos.