Página/12 | Opinión
El presidente Mauricio Macri fue contundente: “Es un proyecto que va en contra de la ley del Presupuesto que el Congreso votó hace cinco meses”. La frase fue parte del discurso para intentar convencer a algunos senadores de frenar el proyecto que pone límite a los aumentos de tarifas. Si Macri acusa a los legisladores no oficialistas de ir contra el Presupuesto 2018, también debería reprender al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, puesto que está trabajando para un déficit fiscal primario del 2,7 por ciento del PIB (en vez del 3,2 previsto en el Presupuesto). Con las exigencias del Fondo se achicaría mucho más. Y es sabido que, a más ajuste, menor crecimiento (ya reconocido oficialmente) y más penurias para la sociedad.
Recordemos que en la sanción del Presupuesto 2018, Dujovne sostuvo que la metodología básica para su confección fue “decir la verdad”. Sin embargo, comenzando por el PIB, el crecimiento del 3,5 por ciento proyectado para 2018 quedó en el olvido: los analistas lo ubican cada vez más cercano al 1,5 por ciento o aún por debajo.
Ni hablar de la inflación, establecida como promedio en el 15,7 por ciento y que estaría dando, punta a punta, una variación entre 25 y 30 por ciento. Además, la mayoría de las paritarias cerraron en 15 por ciento y se intenta que los salarios estatales no superen el 12. Queda claro que no es un error de predicción, que le puede pasar a cualquier gobernante. Esta diferencia entre los índices de precios y los aumentos salariales es parte de una política aplicada con premeditación.
Un Presupuesto no es una colección de números. Es una explicitación de políticas económicas que se formalizan a través de distintos indicadores. Y de allí que la divergencia numérica está marcando las diferencias entre lo prometido y lo que se está cumpliendo.
Por ejemplo, el déficit comercial que se estimó en 5600 millones de dólares indica un grosero disfraz de los resultados del comercio exterior. En los primeros cuatro meses de 2018, el déficit comercial llegó a 3419 millones de dólares, 61 por ciento de lo proyectado para todo el año. Se conoce que tanto el déficit comercial, o el más amplio de Cuenta Corriente, evidencian una gran debilidad del modelo y una fuerte dependencia del financiamiento externo. De hecho, son las variables (además del déficit fiscal) más criticadas por el FMI. Pero el Presupuesto 2018 no recoge esta problemática.
En la Ley de Leyes se estima que el aumento de la deuda pública con el sector privado y con organismos internacionales, crecerá hasta el 2020 en términos de PIB, y luego se estabiliza. Lo llamativo es que los intereses a pagar por el saldo de deuda, prácticamente no aumentan. La realidad es otra: en el primer cuatrimestre de 2018, los intereses de la deuda pública aumentaron 57 por ciento respecto a igual período del año anterior, unos 34.000 millones de pesos más. En igual comparación, y luego del gran aumento de tarifas, los subsidios sólo bajaron 10.600 millones de pesos (un 19 por ciento). Una comparación preocupante.
A esta altura, hacer una mención precisa de las diferencias entre la estimación presupuestaria del valor del dólar, y el precio al que se está transando actualmente resulta trivial, aunque no lo son sus consecuencias. El aumento del dólar incrementa algunos ingresos fiscales, pero fundamentalmente aumenta los pagos de intereses, debido a que la mayor parte de la deuda contraída en estos dos años fue en moneda dura.
En resumen, estamos viviendo en una realidad muy distinta a la presupuestada por el gobierno para este año, pero no porque las proyecciones de las variables fueron erradas. Se prometió un escenario de crecimiento, pero se aplicaron políticas de ajuste. Esa es la verdadera diferencia. La caída del consumo y los problemas sociales son el resultado más amargo. Una situación que, a partir de la intervención del FMI, será más dura aún, puesto que ya conocemos las arduas condiciones que exige a la gran mayoría de los países. Argentina no será la excepción.